Audel García Álvarez

Expediente 683/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
683/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2016

Partes del expediente

  • Audel García Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual envía copia debidamente certificada del testimonio pronunciado en la queja administrativa 134/2016; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja, interpuesto por Audel García Álvarez, por su propio derecho y en carácter de representante común de los diversos quejosos, en contra del proveído de tres de junio del presente año dictado en el amparo número 683/2016-II; recurso al que le fue asignado el número de queja laboral 134/2016; de lo cual queda enterada esta juzgadora para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por....., contra actos del Titular de la Secretaría de Educación Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 683/2016-II; fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda en cuestión, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto a la procedencia del juicio de garantías, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: .......De los puntos 1, 2 y 3, antes señalados se advierte con claridad que la parte quejosa se duele de la falta de notificación al procedimiento de evaluación docente y al diverso que denominó como administrativo sancionador. Sin que al respecto trasciendan los diversos puntos que señala como actos reclamados toda vez que en forma clara se advierte que los mismos se trata de argumento tendentes a justificar la violación a diversos derechos humanos a que hace referencia. En efecto, se tiene que la falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento de evaluación, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo toda vez que, de ello se desprende que no han sido requeridos para que se presenten a realizar las actividades que conlleva dicha evaluación, es decir, no han sido sometidos a aquella para que marque el inicio de dicho procedimiento. Al igual, lo expresado en los párrafos que anteceden evidencian una relación laboral de superior a inferior jerárquico, es decir, de patrón a trabajador respectivamente, toda vez que el acto que hizo consistir en la falta de notificación al procedimiento administrativo sancionador y las consecuencias a que hace referencia, se equipara a los de un particular, no susceptible de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1º fracción I, de la Ley de Amparo. En este sentido, a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Educación Guerrero, con residencia en esta ciudad, Titular de la Secretaria de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México, Titular de la Coordinación del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México, Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con sede en Ciudad de México, Titular del Servicio Profesional Docente en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en esta ciudad, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. Y, en un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones, entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Y, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De modo que, se excluyen los actos de particulares para la procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente acontece en la especie, en razón de que se trata de actos derivados de una relación laboral que los une, y que el propio quejoso reconoce; es decir, están en carácter de trabajador y la autoridades que señala como responsables con el carácter de patrón, pues si bien se reclaman violaciones al derecho de audiencia, en forma concreta al no haber sido emplazados al procedimiento administrativo sancionador, que dicen puede haber sido instaurado en su perjuicio, no les irroga tal carácter pues es claro que al pretender separar o dar de baja a aquellos, no obra como autoridad sino como patrón, máxime que, de ser el caso, los quejosos están en aptitud de comparecer al mencionado procedimiento a deducir sus derechos, para el caso de que, en efecto, se hubiere sido instruido en su contra el procedimiento administrativo al que hacen referencia, ya que no tienen la certeza de que en realidad exista el mismo como se observa de la foja once de autos cuando dicen "tenemos el temor fundado de que nos hayan iniciado un procedimiento contencioso sancionador", aunado a que, resaltan a foja dieciocho que nunca fueron objeto de notificación legal de algún proceso de evaluación y mucho menos de perfiles y parámetros identificadores que se utilizarían en el proceso de evaluación con tres meses de anticipación. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Septiembre de 1992, Materia Laboral, Página 232, que dice: ........En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: ......Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: .... En suma, conforme lo expuesto, se advierte que los actos reclamados derivan de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables Titular de la Secretaría de Educación Guerrero, con residencia en esta ciudad, Titular de la Secretaria de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México, Titular de la Coordinación del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México, Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con sede en Ciudad de México, Titular del Servicio Profesional Docente en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, con domicilio en esta ciudad, (patrón), y los quejosos ....., es decir, en un plano de coordinación; de ahí que no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, tal y como se demuestra con las documentales que anexaron los antes referidos a su escrito de demanda, en relación con los hechos que expusieron bajo protesta de decir verdad. Es aplicable, por igualdad de razón, la tesis 11 Sexta Parte, consultable en la página 31, Tomo 11 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: ......Es pertinente dejar patente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que en el auto inicial de trámite de la demanda de garantías no pueden realizarse análisis exhaustivos respecto a si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que únicamente se cuenta con dicho escrito y las constancias anexas a ella. No obstante ello, no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla, es decir, que aquellos en las que ya esté expresamente precisado por jurisprudencia de la misma Corte, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de garantías, sin que se requiera mayor pronunciamiento para desecharse la demanda al advertirse claramente la causa notoria e indudable de improcedencia relativa, pues en el caso, se constata que la referida causal de improcedencia no podría modificarse con las pruebas que las partes llegasen a aportar al procedimiento, es decir, de dictarse la sentencia respectiva en el presente juicio sería siempre en el mismo sentido. Es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Décima Época con registro 2007580, instancia Plenos de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, publicación el viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h, Materia(s): (Común), Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a) que a si letra y rubro dice: ......Así tiene aplicación al caso la tesis aislada de la Décima Época, con registro 2002713, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, materia(s) Común, Tesis: VI.1o.A.17 K (10a.), Página: 1323 que a la letra dice:.....Al igual, en el caso, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 5 y 6 de la Ley de Amparo, que literalmente dicen: .......El quejoso teniendo el carácter quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." Del primero de los preceptos legales reproducidos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que aquella resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En la especie, la improcedencia de que se habla, deriva de lo dispuesto en los numerales 5º y 6º de dicha legislación, en el que se dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, siempre y cuando aduzca ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. De lo señalado, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Ilustra lo expuesto la tesis I.13o.A.23 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1803, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a enero de dos mil tres, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Al igual se deduce, que quien ejercita la acción de amparo, debe ser el titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, que con tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal; siendo imprescindible a tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo sea real, personal y directo. Así, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. En apoyo a lo antes considerado, cabe citar la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 80, Tomo 193-198, Cuarta Parte Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." Ahora bien, a efecto de explicar el porqué, en el caso opera la causa de improcedencia en comento, es necesario precisar que la parte quejosa se duele de la falta de notificación o emplazamiento al juicio administrativo sancionador, del que también refieren que tienen el temor fundado de que se les haya iniciado dicho procedimiento foja once. Esto es, no tienen la certeza de que así sea. Aunado a que, refieren también que a partir del doce de mayo de este año fueron avisados en forma verbal por personal de la Secretaría de Educación Guerrero (foja dieciocho), que debían comparecer a las sedes regionales por estar sujetos a un proceso administrativo sancionador. Sentado lo anterior, se sostiene que opera la causa de sobreseimiento de falta de interés jurídico debido a que, los promoventes del amparo reclaman el acto que hizo consistir en la falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador, instaurado por su patronal. En consecuencia, debe concluirse que este acto no le puede causar perjuicio o menoscabo que sea real, personal y directo a la parte quejosa, toda vez que, hace referencia a la posible existencia de dicho procedimiento, esto es, no es real, actual ni inminente, pues refiere en primer lugar que no fueron debidamente notificados o emplazados al procedimiento de evaluación docente, lo que según los quejosos puede ser la consecuencia que motivó el diverso procedimiento administrativo sancionador, por lo que resulta claro que si no fueron llamados al mencionado procedimiento de evaluación, ello no puede ser una consecuencia para la instauración del diverso sancionatorio. A lo que es aunado, que en caso de ser cierto que existiera dicho procedimiento administrativo, están en tiempo y aptitud de acudir a él, ya que se hicieron sabedores por medio de personal de la Secretaría de Educación Guerrero, así como por otros medios (foja dieciocho), el cual es de considerarse que aún no ha concluido dado los quejosos refirieron en su escrito de demanda que tienen el temor fundado de que los despidan (foja diecinueve), esto es, aún no ha acontecido dicha circunstancia. De ahí que en el caso sea procedente declarar la causa de sobreseimiento en comento, al no causarles perjuicio el acto reclaman lo que constituye exista falta de interés jurídico de la parte quejosa para reclamar aquellos. Consecuentemente, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con los numerales 1, 5 y 6, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone desechar de plano la demanda planteada por su notoria improcedencia, respecto a las autoridades citadas, y los actos reclamados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de cuenta y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a......, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones a los demás mencionados, por no contar con el anterior requisito y por así manifestarlo expresamente el promovente. Por último, se tiene como representante común de los quejosos a....., en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo.

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