Atotogas S.A. Dec.V.

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Atotogas S.A. Dec.V.

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio con EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA-TRANSACCIÓN de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, por medio del cual remite también con EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA-TRANSACCIÓN el exhorto 98/2022 (orden 98/2022) de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana. En su atención, sólo se toma conocimiento que el titular del órgano de control constitucional mencionado en segundo orden aceptó la competencia planteada por esta autoridad, incluso por oficio **** de la misma data informó tal circunstancia y acusó recibo del oficio ****. Comuníquese lo anterior, al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes los escritos con EVIDENCIA CRIPTOGRAFICA-TRANSACCIÓN del representante legal de la parte quejosa ****. En atención a su contenido, indíquese que se esté a lo acordado en auto de uno de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó la remisión del escrito que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito con registro 4943, en atención a su contenido, téngase al promovente haciendo las manifestaciones a que alude, de las cuales queda enterada esta autoridad federal, sin menoscabo de ser remitido al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana. Por otra parte, respecto al oficio registrado con el ordinal 4946, se tiene al Actuario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, acusando recibo de las constancias remitidas e informando que aceptó la competencia planteada por esta Juzgadora. En consecuencia, de conformidad con los puntos Noveno, fracción IV y Vigésimo último párrafo del artículo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Advirtiéndose que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, representante legal de ATOTOGAS, sociedad anónima de capital variable, como lo acredita con la estatura ***, contra los actos que reclama del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 364/2022-5, del índice de este Juzgado Federal; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.- INCOMPETENCIA La suscrita Juzgadora estima carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de materia, pues para su tramitación y resolución precisa de conocimientos técnicos y especializados. Para sustentar lo anterior, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, es obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. En el caso, la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Bajo este tenor, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En ese sentido, las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado. d) Competencia auxiliar. En relación con la competencia en razón de materia, que constituye el criterio que no se surte en favor de este Juzgado Federal en el caso, cabe precisar que se identifica como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, cuya finalidad se contrae a garantizar un sistema de administración de justicia cuyos componentes se encuentren especializados en materias jurídicas particulares, dadas las características y condiciones especiales que cada una tiene. Por regla general, son los Jueces de Distrito especializados en materia administrativa, los órganos jurisdiccionales a cuyo cargo se encuentra la tramitación de los juicios de amparo que deban decidir respecto de actos de autoridades administrativas, en términos del artículo 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículo 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, el Máximo tribunal ha determinado que para resolver los conflictos de competencia, por razón de la materia, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/009, de título y texto siguientes: 'COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.' Ahora, como se adelantó el acto reclamado al Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, consiste en esencia en el "Acuerdo Número A/001/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se amplía la vigencia del Acuerdo A/024/2021, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento al Aviso por el que se prorroga la vigencia de la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitido por la Secretaría de Energía" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil veintidós (mismo que entró en vigor a partir del veintinueve de enero de dos mil veintidós). Por ello, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de dicha demanda por razón de materia, pues si bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, su esfera competencial es: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo." Por su parte, los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen lo siguiente: 'Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. [...] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito.' 'Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;' 'Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales.' De lo expuesto, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Para tal fin, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente: "Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región". Emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, el siete del mismo mes y año, cuyos artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, prevén la creación, atribuciones e inicio de funciones de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, a partir del diez de agosto de dos mil trece. Así, a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil trece, se creó en el ámbito jurisdiccional de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, una subespecialidad inmersa en la materia administrativa, consistentes en el derecho económico regulatorio, vinculado con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento corresponde a los referidos órganos jurisdiccionales especializados. Por lo anterior, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo que nos ocupa, corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México. Toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo A/001/2022, emitido por el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil veintidós, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento al aviso por el que se prorroga la vigencia de la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo. Así, el acto reclamado se considera vinculado con la materia de competencia económica y, por ende, corresponde su conocimiento a la subespecialidad de competencia económica y no a la administrativa genérica, pues el acto que impugna lo hace a partir de la aplicación e interpretación de la Ley de Hidrocarburos y del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. La emisión de dicho acto tiene su razón de ser en las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, quien es la encargada de regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos, así como promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios, tal como se desprende de los artículos 41 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.' Lo anterior, en atención a que el derecho regulatorio atiende servicios prioritarios de interés público en sectores especial que el Estado propicia y garantiza que sean prestadores adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. De ahí que el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, es decir, se trata de un complejo jurídico que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, aunado a una regulación intensa de ciertas actividades específicas para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. Por lo que se considera pertinente recurrir a una jurisdicción especializada en la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, es especial, si tiene carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar. Por tanto, se estima que el acto reclamado se encuentra relacionado con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas licuado de petróleo, con el objeto de sujetar su comercialización; en consecuencia, es que la naturaleza materia de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica y no a la administrativa genérica. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 182, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 296, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que señala: 'COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZQA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAS ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.' De igual forma, apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A, sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por las razones que la informan, el criterio siguiente: 'COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado.' Bajo ese contexto normativo, este Juzgado Federal es legalmente incompetente para conocer de la demanda de trato, en razón de que, por la materia especializada, dicho presupuesto procesal se surte en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, toda vez que lo impugnado por la parte quejosa consiste en el Acuerdo Número A/001/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se amplía la vigencia del Acuerdo A/024/2021, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento al aviso por el que se prorroga la vigencia de la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitido por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil veintidós (mismo que entró en vigor a partir del veintinueve de enero de dos mil veintidós). Por ende, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Consecuentemente, se ordena enviar digitalizados el oficio que derive de este auto y la demanda de amparo con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, todos con residencia en la Ciudad de México, para que a su vez la turne al Juzgado de Distrito que corresponda; y, una vez que ello acontezca, lo informe a la brevedad a este Juzgado de Distrito; al efecto se le proporciona el correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional para que envíe dicha información: 3jdo29ctoact@correo.cjf.gob.mx; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida el diez de julio de dos mil veinte, por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. Por otra parte, ya que la parte quejosa señaló un domicilio que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado para oír y recibir notificaciones hágase del conocimiento que se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por la fracción por la fracción I, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo Vigente, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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