Atonatiuh Uriel Cova Espinosa

Expediente 430/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
430/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Atonatiuh Uriel Cova Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 79 a 82), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión, se negó tanto la medida provisional como la definitiva de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado mediante el uso de la FIREL (firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación) por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 78/2018-VII, con número de orden 120/2018-VII, del índice de este Juzgado Federal, deducido del presente juicio, mismo que se le envió a fin de emplazar a los terceros interesados Guadalupe Mara Cova Sandoval y/o Guadalupe María Cova Sandoval, Teresa María de Lourdes Sandoval Córdova y/o María Teresa de Lourdes Sandoval Córdova, Rubén Omar Cova Sandoval, Eduardo Cova Sandoval y Ulises Cova Sandoval, sin que haya lugar de acusar el recibo de estilo correspondiente, pues el acuse de recibo se genera al momento de su envío a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Atonatiuh Uriel Cova Espinoza; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa un tanto de las copias certificadas que solicita, teniéndose como autorizadas para recibirlas a las personas que señala previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos. Por otro lado, en cuanto hace al otro tanto de copias certificadas que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que si bien los Secretarios y Actuarios adscritos a este juzgado federal gozan de fe pública, su función preponderante es la jurisdiccional, por lo que, si es su deseo, puede acudir ante un fedatario público a efecto de obtener el número de copias certificadas que requiera. Habida cuenta que la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto, es discrecional del juzgador conforme a lo previsto en el artículo 278 del Código supletorio a la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que los promoventes en su libelo de amparo reclamaron lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: "Que se esté iniciando Expediente Civil Familiar, respecto a los Bienes y/o Derechos de nuestro Padre de Nombre ENRIQUE COVA COVA Y/O EUSTACIO COVA COVA y/o EUSTACIO COVA Y CASTILLA, así como SE PRETENDA AGULIZAR LA RESOLUCIÓN DE DICHO EXPEDIENTE, Y DEJARNOS FUERA DE SUCEDER DERECHOS de nuestro Padre, así como todas y cada una de las consecuencias lógico jurídicas dentro del Expediente Civil Familiar que bajo protesta de decir verdad ignoramos en que Secretaria de Acuerdos Non o Par, del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se encuentre tramitando (...)". Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, quien esto provee estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o bien en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Así, como se precisó, la parte quejosa reclama del Juez y secretarios par y non adscritos al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, que se esté tramitando el expediente civil familiar respecto de bienes de su padre, sin haberlos llamado a juicio; sin embargo, de las constancias remitidas por la Juez responsable, se advierte que el juicio intestamentario denunciado por Rubén Omar Cova Sandoval, Eduardo Cova Sandoval, Guadalupe María Cova Sandoval y María Teresa de Lourdes Sandoval Córdova, aun no se encuentra concluido, es decir, aún no se ha dictado la sentencia definitiva, lo que pone de manifiesto que, previamente a acudir al juicio de amparo, debieron interponer el incidente de nulidad de actuaciones previsto Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Cierto, una vez que mediante proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, el juez responsable admitió la demanda promovida por Rubén Omar Cova Sandoval, Eduardo Cova Sandoval, Guadalupe María Cova Sandoval y María Teresa de Lourdes Sandoval Córdova, ordenó la publicación de edictos para convocar a quien crea tener mejor derecho a la herencia y en su caso, comparezcan a deducirlo dentro del término de treinta días, cuyo cómputo debía realizarse a partir de la fecha de la última publicación del edicto (fojas 32 y 33). El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la primera junta de herederos (fojas 34 y 35); luego, fueron agregados los edictos, cuya última publicación es de quince de abril de dos mil dieciocho (foja 65). Por tanto, se insiste, que el juicio sucesorio intestamentario del cual deriva el acto reclamado aún no se encuentra concluido, y en consecuencia, los quejosos estuvieron en aptitud de hacer valer el incidente de nulidad antes mencionado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley señalada a las nueve horas con cuatro minutos del cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 72). Cobra aplicación al caso, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, cuyo contenido no es contrario al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, del tenor literal siguiente: ... Acusa recibo de exhorto. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez a través del cual acusa recibo del exhorto 78/2018 con número de orden 120/2018 del índice de este juzgado, el cual fue radicado en ese órgano jurisdiccional con el número 389/2018-V; ahora bien, atendiendo a lo aquí resuelto, solicítese al Juez exhortado de la manera más atenta, la devolución de la comunicación en cita; al resultar innecesario esperar las constancias de emplazamiento de los terceros interesados.

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