Atocha Antonio Vargas Reyes
Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Atocha Antonio Vargas Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo establecido en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la Lic. Claudia Lilia Sardaneta...Defensora Pública Federal y representante jurídica del quejoso Atocha...., el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, el cual establece:. SÍNTESIS DEL AUTO DE CIUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo establecido en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso..."
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, misma que en síntesis establece:. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO: "...V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 897/2020-II; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado el veinte de noviembre siguiente a ese mismo órgano jurisdiccional por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el quejoso Atocha ..., por conducto de su representante defensora Pública Federal Lilia ..., ocurrió a demandar la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. II. El veinticuatro de noviembre dos mil veinte, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del sumario constitucional, lo registró con el número 897/2020-II, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, en virtud que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: Del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. El acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 76/2011 y su acumulado 3/2012, a través del cual se le negó a la parte quejosa la petición de traslado a un Centro de Reclusión del Estado de México, donde se lleva su proceso y donde radica su familia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, consistente en el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 76/2011 y su acumulado 3/2012, mediante el cual se le negó su petición de traslado, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe con justificación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Ahora bien, la responsable remitió como complemento a su informe con justificación, copia certificada de la causa penal en cita, de los cuales se advierte la existencia de dicho acto; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; tendentes a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Primera Parte, Tomo VI, página 53, del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en este juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. . Así, este órgano jurisdiccional hace constar que ninguna de las partes hizo valer alguna y tampoco se advierten de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. En el único concepto de violación que hace valer la parte quejosa se aduce: ~ Que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías constitucionales establecidas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 18, así como los derechos humanos, el principio Internacional de Presunción de Inocencia (trato) y el Principio Pro Homine, ya que en el caso, no se pidió que se le trasladará al penal más cercano a su domicilio, sino a donde se lleva su proceso y donde también existen Centros de Reclusión de Máxima Seguridad y es más factible que su familia lo visite. ~ Señala que la resolución combatida viola el derecho al trato procesal, porque la presunción de inocencia abarca el derecho de toda persona a ser tratada como inocente en tanto no se declara su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. - Que la autoridad responsable determinó que la determinación combatida no vulnera el principio pro homine o pro persona, en el que se establece que toda determinación judicial siempre debe estarse a lo más favorable al reo, habida cuenta que dicho principio no necesariamente conlleva a que los argumentos planteados deban resolverse conforme a sus pretensiones. - Que pide que se interprete la ley de acuerdo al caso particular, considerando que el quejoso tiene nueve años en prisión preventiva, lo cual ya es violatorio, pues prácticamente ha compurgado una pena siendo inocente hasta la fecha, además de que no ha podido ver crecer y convivir con sus hijos ni esposa, por estar recluido lejos de donde radican y ahora lo enviaron a un penal más lejano, donde es imposible para su familia viajar a verlo, lo que evita su reinserción. Los argumentos que anteceden son infundados. En principio contrario a lo sostenido por el quejoso en cuanto aduce que ha compurgado una pena siendo inocente hasta la fecha, es inexacto, en razón de lo siguiente: En el caso el quejoso fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada, lo cual en términos del párrafo octavo del artículo 18 constitucional, en relación con el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, actualiza la restricción a su derecho de compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Para explicar lo anterior conviene precisar que, en el caso, de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo, se advierte que el veinticuatro de julio de dos mil veinte, el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvió el toca de apelación 188/2019, en los siguientes términos: PRIMERO. Se confirma con las precisiones señaladas, el auto de formal prisión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado contra Atocha Antonio Vargas Reyes, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2, fracción VII (hipótesis de secuestro) y sancionado por el diverso 4, fracción II, inconcuso a) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como el de Secuestro, cometido en agravio de D.M.L.S. previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a) y agravado por el numeral 10, fracción I, incisos b) y e), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la causa penal 76/2011 del índice del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y su acumulada 3/2012 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México." Ahora, sí su defensa solicitó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Quince «CPS-Chiapas», con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, a un Centro de Reclusión en el Estado de México, por ser el más cercano a su domicilio, resulta infundado lo que se alega en la demanda en el sentido de que la determinación reclamada es violatoria de los derechos del quejoso porque se omitió aplicar lo que en el ámbito internacional se dispone en materia de traslados penitenciarios, o bien, que no se optó por la interpretación más favorable con base en el principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución General, pues contrario a esos argumentos, lo cierto es que el acto reclamado no viola las prerrogativas del quejoso, ya que el artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución General -que fue en el cual el juzgado de Distrito responsable fundó su decisión y, por ende, en oposición a lo que se afirma en la demanda, no se estima que el proveído reclamado sea contrario a derecho- expresamente dispone: Artículo 18. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. [.] De modo que aunque, en efecto, todas las personas sentenciadas por la comisión de un delito tienen derecho a compurgar sus penas en lugares cercanos a su domicilio, por disposición constitucional se restringe esa prerrogativa cuando se trata de condenas por delincuencia organizada, como aquí sucede. Lo cual se reitera en el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se lee: Artículo 50. Traslados voluntarios. [.] Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. [.] Así que, al tratarse de una restricción prevista en una norma constitucional, no se estima que el acto reclamado sea violatorio de los derechos humanos del quejoso, como se alega en la demanda, ya que respecto de las limitaciones a derechos contempladas en la Constitución General existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que el artículo 1° del texto constitucional, en su párrafo primero, reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, pero en la parte final de dicho numeral prevé una restricción expresa a los mismos para cuando ese límite derive de una norma también de rango constitucional. Pues de ser así, dijo la Corte, el principio que le brinda supremacía a la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano implica que el resto de las normas deben ser acordes a ese texto. De modo que, cuando un derecho humano encuentra una restricción expresa a su ejercicio derivado de una disposición constitucional, se deberá estar a lo que ahí se indique, esto es, prevalecerá la restricción. Por tal circunstancia, contrario a lo señalado en la demanda, tampoco se puede realizar un control de convencionalidad en relación con esa norma, de nuevo, porque se trata de una disposición constitucional y, por ende, es válida y debe estarse a la restricción ahí contemplada en relación con el derecho del sentenciado a compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 19/2012 del Pleno del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto son: DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE...". En ese sentido, al resultar infundado el único concepto de violación formulado y al no haber motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional al quejoso, respecto de la sentencia reclamada al juzgado de Distrito señalado como autoridad responsable. Así, por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..."
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 897/2020-II; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado el veinte de noviembre siguiente a ese mismo órgano jurisdiccional por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el quejoso Atocha ..., por conducto de su representante defensora Pública Federal Lilia ..., ocurrió a demandar la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. II. El veinticuatro de noviembre dos mil veinte, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del sumario constitucional, lo registró con el número 897/2020-II, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, en virtud que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: Del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. El acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 76/2011 y su acumulado 3/2012, a través del cual se le negó a la parte quejosa la petición de traslado a un Centro de Reclusión del Estado de México, donde se lleva su proceso y donde radica su familia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, consistente en el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 76/2011 y su acumulado 3/2012, mediante el cual se le negó su petición de traslado, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe con justificación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Ahora bien, la responsable remitió como complemento a su informe con justificación, copia certificada de la causa penal en cita, de los cuales se advierte la existencia de dicho acto; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; tendentes a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Primera Parte, Tomo VI, página 53, del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en este juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. . Así, este órgano jurisdiccional hace constar que ninguna de las partes hizo valer alguna y tampoco se advierten de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. En el único concepto de violación que hace valer la parte quejosa se aduce: ~ Que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías constitucionales establecidas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 18, así como los derechos humanos, el principio Internacional de Presunción de Inocencia (trato) y el Principio Pro Homine, ya que en el caso, no se pidió que se le trasladará al penal más cercano a su domicilio, sino a donde se lleva su proceso y donde también existen Centros de Reclusión de Máxima Seguridad y es más factible que su familia lo visite. ~ Señala que la resolución combatida viola el derecho al trato procesal, porque la presunción de inocencia abarca el derecho de toda persona a ser tratada como inocente en tanto no se declara su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. - Que la autoridad responsable determinó que la determinación combatida no vulnera el principio pro homine o pro persona, en el que se establece que toda determinación judicial siempre debe estarse a lo más favorable al reo, habida cuenta que dicho principio no necesariamente conlleva a que los argumentos planteados deban resolverse conforme a sus pretensiones. - Que pide que se interprete la ley de acuerdo al caso particular, considerando que el quejoso tiene nueve años en prisión preventiva, lo cual ya es violatorio, pues prácticamente ha compurgado una pena siendo inocente hasta la fecha, además de que no ha podido ver crecer y convivir con sus hijos ni esposa, por estar recluido lejos de donde radican y ahora lo enviaron a un penal más lejano, donde es imposible para su familia viajar a verlo, lo que evita su reinserción. Los argumentos que anteceden son infundados. En principio contrario a lo sostenido por el quejoso en cuanto aduce que ha compurgado una pena siendo inocente hasta la fecha, es inexacto, en razón de lo siguiente: En el caso el quejoso fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada, lo cual en términos del párrafo octavo del artículo 18 constitucional, en relación con el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, actualiza la restricción a su derecho de compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Para explicar lo anterior conviene precisar que, en el caso, de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo, se advierte que el veinticuatro de julio de dos mil veinte, el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvió el toca de apelación 188/2019, en los siguientes términos: PRIMERO. Se confirma con las precisiones señaladas, el auto de formal prisión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado contra Atocha Antonio Vargas Reyes, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2, fracción VII (hipótesis de secuestro) y sancionado por el diverso 4, fracción II, inconcuso a) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como el de Secuestro, cometido en agravio de D.M.L.S. previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a) y agravado por el numeral 10, fracción I, incisos b) y e), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la causa penal 76/2011 del índice del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y su acumulada 3/2012 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México." Ahora, sí su defensa solicitó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Quince «CPS-Chiapas», con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, a un Centro de Reclusión en el Estado de México, por ser el más cercano a su domicilio, resulta infundado lo que se alega en la demanda en el sentido de que la determinación reclamada es violatoria de los derechos del quejoso porque se omitió aplicar lo que en el ámbito internacional se dispone en materia de traslados penitenciarios, o bien, que no se optó por la interpretación más favorable con base en el principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución General, pues contrario a esos argumentos, lo cierto es que el acto reclamado no viola las prerrogativas del quejoso, ya que el artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución General -que fue en el cual el juzgado de Distrito responsable fundó su decisión y, por ende, en oposición a lo que se afirma en la demanda, no se estima que el proveído reclamado sea contrario a derecho- expresamente dispone: Artículo 18. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. [.] De modo que aunque, en efecto, todas las personas sentenciadas por la comisión de un delito tienen derecho a compurgar sus penas en lugares cercanos a su domicilio, por disposición constitucional se restringe esa prerrogativa cuando se trata de condenas por delincuencia organizada, como aquí sucede. Lo cual se reitera en el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se lee: Artículo 50. Traslados voluntarios. [.] Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. [.] Así que, al tratarse de una restricción prevista en una norma constitucional, no se estima que el acto reclamado sea violatorio de los derechos humanos del quejoso, como se alega en la demanda, ya que respecto de las limitaciones a derechos contempladas en la Constitución General existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que el artículo 1° del texto constitucional, en su párrafo primero, reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, pero en la parte final de dicho numeral prevé una restricción expresa a los mismos para cuando ese límite derive de una norma también de rango constitucional. Pues de ser así, dijo la Corte, el principio que le brinda supremacía a la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano implica que el resto de las normas deben ser acordes a ese texto. De modo que, cuando un derecho humano encuentra una restricción expresa a su ejercicio derivado de una disposición constitucional, se deberá estar a lo que ahí se indique, esto es, prevalecerá la restricción. Por tal circunstancia, contrario a lo señalado en la demanda, tampoco se puede realizar un control de convencionalidad en relación con esa norma, de nuevo, porque se trata de una disposición constitucional y, por ende, es válida y debe estarse a la restricción ahí contemplada en relación con el derecho del sentenciado a compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 19/2012 del Pleno del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto son: DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado. En ese sentido, al resultar infundado el único concepto de violación formulado y al no haber motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional al quejoso, respecto de la sentencia reclamada al juzgado de Distrito señalado como autoridad responsable. Así, por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Arturo Yáñez González518/2019
- Arturo Zavala Zaldivar1339/2017
- Asaí Daniel Cerón Acosta459/2018
- Asdrúbal Salgado Atunez62/2022
- Atenogenes Hernández Cornelio706/2023
- Atocha Antonio Vargas Reyes59/2019
- Audiel Ortiz Munguía803/2018
- Augusto Zamora Velázquez817/2020
- Aurelia Norma Rodríguez Alvarado690/2022
- Aureliano Arturo Valencia García325/2022
- Aureliano Pérez Bautista y Otros.478/2014
- Aureliano Ramirez Julio1587/2017