Atilano Moreno Gonzalez

Expediente 1611/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1611/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Atilano Moreno Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado el seis de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEE fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, que no existe trámite pendiente en el presente expediente, no se tramitó incidente de suspensión, no obra documento original, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido el encargado del Departamento de la Policía Estatal de Investigación, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; ello, sólo para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de seis de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguense a estos autos los oficios remitidos por el Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, y anexos que acompaña, y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado. Ahora bien, toda vez que de los mismos, se desprende que el quejoso Atilano Moreno González, el treinta de junio anterior, fue recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado, a disposición del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, al haberse ejercitado la acción penal en su contra, por su probable autoría en la comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral; por tanto, quien esto resuelve estima que, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por las razones que se explicarán. En efecto, mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ante el Secretario de guardia de este órgano de control constitucional, Sandra Jocabet Rivero Soberanis solicitó a favor de Atilano Moreno González, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Fiscal General del Estado de Yucatán y de otra autoridad, que hizo consistir en la incomunicación y detención respecto del directo quejoso. Sin embargo, de la lectura integral de las constancias que obran glosadas al presente juicio, las cuales, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria, se advierte que el aquí quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente puesto a disposición del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, al haberse ejercitado la acción penal en su contra, por su probable autoría en la comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral; de ahí que se estima que, al respecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente"Respecto de esta causal, conviene acotar que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En tal virtud, se estima que en el presente caso ha operado el cambio de situación jurídica aludido, toda vez que de las constancias de cuenta se advierte que con motivo de los hechos investigados en la carpeta de investigación UE/61/2022, el directo quejoso fue ingresado el treinta de junio de dos mil veintidós, al Centro de Readaptación Social del Estado de Yucatán, como probable responsable de la comisión de delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, quedando a disposición del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado para la continuación del proceso penal respectivo. De ahí que deba decirse que las consecuencias jurídicas de la incomunicación y detención reclamadas, quedaron sustituidas por su nueva situación jurídica y, por tanto, no puede ser analizadas en el presente juicio de amparo, por tratarse de un estadio procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, precisamente al quedar legalmente substituida con la puesta a disposición del directo quejoso ante la autoridad judicial, para la continuación del proceso penal abierto en su contra; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número VI.1°.J/57, visible en la página ciento treinta y nueve, del Tomo VIII- agosto, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, materia penal, que a la letra dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así como, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." No pasa desapercibido que si bien el impetrante impugnó, además, de las responsables, los presuntos malos tratos recibidos durante su detención; también lo es que de la constancia actuarial de veintinueve de junio anterior, no se advierte la existencia de los mismos, ya que la fedataria de la adscripción no advirtió que el quejoso tuviera alguna lesión, ni tampoco éste hizo manifestaciones al respecto. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del diez de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, no cumplió con el requerimiento que le fue realizado en proveído de uno de julio de dos mil veintidós, a pesar de encontrarse debidamente notificado del oficio 33047/2022; con fundamento en los numerales 16 Constitucional, 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiérase por segunda ocasión al Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, para que dentro del plazo de doce horas, informe cuál es la situación jurídica del impetrante de amparo Atilano Moreno González, esto es, si fue consignado a un Juez de Control o dejado en libertad. Apercibido que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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