Atanacio Mustafa Canales

Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
121/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Atanacio Mustafa Canales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    (AVISO) Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista; la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 16, 17 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 121/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Ahora bien, del escrito de demanda se aprecia que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "PRIMER ACTO RECLAMADO.- Le reclamo a la autoridad responsable, JUEZ del juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica, Veracruz, ABSTENERSE de fundar y motivar su resolución del 4 de marzo del 2021, que ordena el desalojo del inmueble número cuatrocientos nueve de la calle Aquiles Serdán la colonia revolución de la ciudad de Poza Rica, Veracruz dentro del expediente 1410/2017, radicado en el juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de poza Rica, derivado del juicio reivindicatorio. SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- Le reclamo a la autoridad responsable, JUEZ del juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de poza Rica, Veracruz, VIOLAR EL DEBIDO PROCESO en mi agravio, porque no se ha dictado resolución en el amparo directo que se interpuso contra la sentencia de la sala de apelación que ordenaba la restitución del inmueble número cuatrocientos nueve de la calle Aquiles Serdán la colonia revolución de la ciudad de Poza rica, Veracruz a la tercera AURORA TOLENTINO SÁNCHEZ, en el expediente 1410/2017, radicado en el Juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica. TERCERO ACTO RECLAMADO.- Le reclamo a la autoridad responsable, JUEZ del juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica, Veracruz, EL ILEGAL APERCIBIMIENTO DE MULTA EN MI CONTRA, en caso de NO desocupar el inmueble número cuatrocientos nueve de la calle Aquiles Serdán la colonia revolución de la ciudad de Poza rica, Veracruz, derivad del juicio reivindicatorio que interpuso Aurora Tolentino Sánchez, en el expediente 1410/2017, radicado en el juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica." Así, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: El auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio reivindicatorio 1410/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, derivado del juicio reivindicatorio, que ordena el desalojo del inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán número cuatrocientos nueve de la colonia revolución de esta ciudad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia, del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así también, cobra aplicación la tesis P. VI/2004, que establece: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, en principio, es menester precisar que el aquí quejoso no se ostenta con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido ni por equiparación, lo anterior, se determina de esa manera en virtud de lo expresado en su propio ocurso constitucional, pues bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: "[.] 3.- Fui llamado al juicio reivindicatorio que promovió la tercera interesada AURORA TOLENTINO SÁNCHEZ, en el expediente 1410/2017, radicado en el juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica. 4.- En dicho juicio se dictó sentencia a mi favor por el JUEZ del juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica. 5.- AURORA TOLENTINO SÁNCHEZ, apeló la resolución, y la sala falló a su favor. 6.- Interpuse amparo directo, mismo que fue admitido pero aún no se resuelve. 7.- El 4 de marzo del 2021, el JUEZ del juzgado Cuarto de primera instancia del distrito judicial de Poza Rica, DICTO una resolución, misma que encontré el día 12 de marzo del 2021, tirado abajo de mi puerta del inmueble número cuatrocientos nueve de la calle Aquiles Serdán la colonia revolución de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Por lo tanto, la notificación es ilegal, por incumplir las reglas de las notificaciones personales. 8.- Dicha resolución no funda ni motiva, las razones ni circunstancia de mi desalojo Solo me concede 5 días para desocupar. 9.- El juez, ilegalmente ordena mi desalojo, y ME APERCIBE CON IMPONERME UNA MULTA en caso de no desalojar el inmueble que uso y disfruto. Lo que considero ilegal." Transcrito lo anterior, se advierte que el promovente es parte demandada en el juicio reivindicatorio 1410/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, procedimiento al que fue emplazado y contestó la demanda entablada en su contra. El acto aquí reclamado, se emitió dentro de la fase de ejecución de sentencia en el juicio reivindicatorio 1410/2017, tal como se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en la cual la parte quejosa relata que se dictó sentencia a su favor, posteriormente Aurora Tolentino Sánchez, apeló la sentencia y la Sala falló a su favor. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con la diversa IV del numeral 107, éste último aplicado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". Del primer precepto trascrito se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley. En relación al segundo dispositivo antes citado, aplicado en sentido contrario, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que dictados durante la etapa de ejecución de sentencia no sean la última resolución en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el promovente es parte demandada en el juicio reivindicatorio 1410/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, procedimiento al que fue emplazado y compareció a contestar la demanda entablada en su contra. Asimismo, en su escrito de demanda, manifiesta que ya se dictó sentencia y que mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el desalojo del inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán número cuatrocientos nueve de la colonia revolución de esta ciudad. Bajo el contexto anterior, se colige que el acto reclamado de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la etapa de ejecución, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia en el aludido juicio reivindicatorio. Se afirma lo anterior, porque dicha actuación no puede considerarse como un acto autónomo a la ejecución de sentencia en la controversia de origen, sino que por el contrario, se trata de un acto dictado en el procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, no es aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo, motivo por el cual el presente sumario de derechos fundamentales resulta improcedente. En efecto, la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1410/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, derivado del juicio reivindicatorio, que ordena el desalojo del inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán número cuatrocientos nueve de la colonia revolución de esta ciudad, no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, porque en ese acto no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia, ni se declaró su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún se ordenó el archivo definitivo del expediente; por tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo en la vía indirecta a que se contrae la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto que posea autonomía propia o que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Lo anterior es así, porque tal acto no goza de autonomía propia o destacada con relación al procedimiento de ejecución de sentencia -debiéndose entender por tales, los que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante- sino que la resolución combatida no es ajena a la cosa juzgada, pues está directamente encaminada a ejecutar la sentencia dictada en el controvertido de origen, ya que tiene como apoyo la existencia de un fallo que tiene el carácter de cosa juzgada. Así, al tratarse de un acto relacionado directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, entendidos éstos como los actos que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, el amparo procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Sin que la coacción que reviste la naturaleza de dicho acto pueda considerarse autónoma a la fase de ejecución de sentencia, porque dicha coacción no tiene la misma naturaleza de los medios judiciales de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, la que si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo logrado en sentencia, por lo que considerar que el acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado, posee autonomía trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Por lo que, al ser la etapa de ejecución de sentencia una garantía para el goce de ese derecho fundamental no es posible entorpecer la fase de ejecución sobre lo ya juzgado, porque finalmente lograr la ejecución de lo ya fallado y rematado viene a ser precisamente la culminación del goce exhaustivo de derecho de acceso a la justicia en una de sus vertientes. Al respecto, resulta aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022499 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Por consiguiente, si en el caso, el juicio de amparo se promovió en contra de un resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia y con independencia de las violaciones en que se haya incurrido, se tiene que: a) no se presentó en contra del último acto dictado en la ejecución de la sentencia -sino en contra de una determinación que se emitió en dicha etapa y se encuentra directamente encaminada a ejecutar la sentencia-; y b) no se genera una afectación de derechos sustantivos de la amparista -toda vez que se relaciona directamente con la ejecución de la cosa juzgada-; es claro que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones cometidas en dicha resolución hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución; puesto que, en su caso, al tener por cumplido el fallo, declarar la imposibilidad material o jurídica para ejecutarlo o bien, ordenar el archivo del expediente, estará en aptitud de formular las violaciones derivadas de la orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán nÚmero cuatrocientos nueve de la colonia revolución de esta ciudad. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En razón de lo expuesto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia, respecto del acto reclamado antes precisado y de la autoridad a la que se le reclama. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda. Se tiene por señalado el número telefónico proporcionado por el impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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