Asusena Tello Soto

Expediente 752/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
752/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Asusena Tello Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias, en las que se hace constar que no fue posible llevar a cabo la reinstalación del trabajador actor y que señaló las once horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo dicha reinstalación. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de julio del año en curso, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya acordado lo conducente respecto de la constancia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se asentó la imposibilidad de reinstalar a la hoy peticionaria de amparo, dentro del juicio laboral número 201/2013, ordene lo pertinente para que se reinstale a la quejosa, lo cual deberá pronunciarse al respecto dentro del plazo de los tres días a que se refiere el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo; y, Una vez reinstalada la quejosa en la fuente de empleo Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, con libertad de jurisdicción acuerde lo relativo a la actualización de lo solicitado en los ocursos que fueron acordados en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad señalada como responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-752/2023, promovido por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente IX-752/2023; y, se determinó prevenir a la parte quejosa. Posteriormente, previos cumplimientos de prevención, mediante auto de veintinueve de junio del año en curso; e admitió a trámite el juicio de amparo que nos ocupa; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, presidida por Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de despachar ejecución de laudo sobre la cantidad actualizada, de la cual se ha solicitado en varias ocasiones, omisión que aduce la peticionaria de amparo es visible en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 201/2013. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, se advierte que aceptó parcialmente el acto reclamado consistente en la omisión de despachar ejecución de laudo sobre la cantidad actualizada, toda vez que mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 201/2013, la autoridad responsable acordó tres ocursos de la hoy quejosa por medio de los cuales se tuvo a José Ángel Durán Calderón, en cuanto apoderado jurídico de la parte actora, desistiéndose del incidente de liquidación que fue ordenado en el laudo de once de diciembre de dos mil quince; y, por otro lado, ordenó que una vez que fuera debidamente reinstalada la trabajadora actora (aquí peticionaria de amparo), se acordaría lo conducente con respecto a la actualización que solicitó. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió un legajo de copias certificadas relativo al juicio laboral 201/2013 de su índice. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. El promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa. En esencia, la requirente de protección de garantías alude que la omisión en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad ha omitido despachar ejecución de laudo sobre la cantidad actualizada, de la cual se ha solicitado en varias ocasiones, omisión que aduce la peticionaria de amparo es visible en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 201/2013, lo que vulnera en su perjuicio la pronta y expedita impartición de justicia, prerrogativa consagrada en el artículo 17 Constitucional, la cual impone a los tribunales a impartir justicia en los términos establecidos en las leyes que rige el acto. No obstante, que de las constancias que la responsable remitió con su informe justiciado, se aprecia que en el juicio natural, mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó tres ocursos de la hoy quejosa por medio de los cuales se tuvo a José Ángel Durán Calderón, en cuanto apoderado jurídico de la parte actora, desistiéndose del incidente de liquidación que fue ordenado en el laudo de once de diciembre de dos mil quince; y, por otro lado, ordenó que una vez que fuera debidamente reinstalada la trabajadora actora (aquí peticionaria de amparo), se acordaría lo conducente con respecto a la actualización que solicitó. Asimismo, obra la constancia de imposibilidad levantada por el actuario adscrito al tribunal responsable en data veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se asentó la imposibilidad para llevar a cabo la reinstalación en el domicilio de la fuente de empleo Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, de la parte actora del juicio de origen -hoy solicitante de la acción constitucional-, por no habérsele proporcionado los elementos necesarios para llevar a cabo dicha comisión, como lo son los medios económicos para el traslado, remitiendo los autos al tribunal de su adscripción para que acuerde lo conducente; sin que a la fecha la autoridad responsable haya acordado lo conducente. Al respecto asiste razón a la demandante de amparo al referir que se viola en su perjuicio el derecho consagrado en artículo 17 Constitucional. Ello es así, porque el justiciable goza de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Federal, entre los que destaca la impartición de justicia pronta. Efectivamente, el tribunal responsable como órgano de administración de justicia en el ramo del derecho del trabajo, está compelido por disposición constitucional a tramitar las controversias que son de su conocimiento, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo o en las legislaciones aplicables de manera supletoria, a efecto de que pronuncie el acuerdo con que dirima la litis en la temporalidad que para tal efecto previene el citado ordenamiento constitucional. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" De la interpretación literal de la invocada disposición primaria permite advertir una obligación dirigida a los órganos de impartición de justicia (como en el caso acontece con el tribunal responsable), que de suyo los constriñe a resolver las controversias sujetas a su potestad dentro de los lapsos de tiempo establecidos en los ordenamientos legales que regulan su función, con el objeto de que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se anticipó, tales argumentos resultan fundados, toda vez que de las manifestaciones vertidas en la demanda se conoce que la aquí quejosa demandó ante la responsable al Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, radicándose el juicio laboral 201/2013, en el que por laudo de once de diciembre de dos mil quince, se absolvió al ayuntamiento demandado el pago de días de descanso y horas extraordinarias reclamados por la actora trabajadora; por otra parte, condenó a reinstalar a la hoy quejosa, en la misma forma y términos en lo que venía desempeñándose así como el pago a su favor de la cantidad de $188,796.75 (ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos 75/100 moneda nacional); por concepto de salarios caídos, prestaciones generadas durante el procedimiento (aguinaldos y primas vacacionales), salarios devengados y aguinaldo, vacaciones y prima vacacional del año 2012, sin perjuicio de los salarios caídos que se sigan generando hasta que la trabajadora sea debidamente reinstalada; y, ordenó la apertura del incidente de liquidación, a efecto de que las partes acrediten si existieron incrementos al salario que afecten el monto de salarios caídos y prestaciones de aguinaldo y primas vacacionales. Luego, como ya se mencionó a fojas 38 y 39 del sumario en que se actúa, son visibles los escritos de la aquí requirente constitucional, por medio de los cuales a través de su apoderado se desistió del incidente de liquidación ordenado en el laudo en comento; y, a su vez solicitó la actualización de la planilla de liquidación para que se le requiera vía oficio a la parte demandada el pago de la cantidad actualizada. Ahora bien, mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 201/2013, se obtiene que la autoridad responsable acordó tres ocursos de la hoy quejosa por medio de los cuales se tuvo a José Ángel Durán Calderón, en cuanto apoderado jurídico de la parte actora, desistiéndose del incidente de liquidación que fue ordenado en el laudo de once de diciembre de dos mil quince; y, por otro lado, ordenó que una vez que fuera debidamente reinstalada la trabajadora actora (aquí peticionaria de amparo), se acordaría lo conducente con respecto a la actualización que solicitó; circunstancia que a la fecha no acontecido, ya que obra la constancia de imposibilidad levantada por el actuario adscrito al tribunal responsable en data veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se asentó la imposibilidad para llevar a cabo la reinstalación en el domicilio de la fuente de empleo Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, de la parte actora del juicio de origen -hoy solicitante de la acción constitucional-, por no habérsele proporcionado los elementos necesarios para llevar a cabo dicha comisión, como lo son los medios económicos para el traslado, remitiendo los autos al tribunal de su adscripción para que acuerde lo conducente; sin que a la fecha la autoridad responsable haya acordado lo conducente. Como se señaló, la parte quejosa en su demanda de amparo se duele de la dilación en que incurre el tribunal responsable al no acordar la actualización de lo condenado, dejándolo subjúdice a la reinstalación de la actora, puesto que a la fecha no acordado lo conducente respecto de la constancia de imposibilidad levantada por el actuario adscrito al tribunal responsable en data veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se asentó la imposibilidad para llevar a cabo la reinstalación en el domicilio de la fuente de empleo Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, de la parte actora del juicio de origen -hoy solicitante de la acción constitucional-, por no habérsele proporcionado los elementos necesarios para llevar a cabo dicha comisión, como lo son los medios económicos para el traslado. Siendo la última actuación que obra en las constancias del informe justificado la relativa a la constancia de imposibilidad de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, pues a la fecha ha transcurrido con exceso el término de tres días a que hace referencia el artículo 114, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, considerando que tal proceder es atentatorio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal. Tal argumento como se anunció, es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, como se verá a continuación: El artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la parte promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 604, Tomo XXII, y 1013, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia.". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Página: 1014 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada.". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Precisado lo anterior, conviene señalar el contenido del artículo 114 de la vigente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo. "Artículo 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles." Del contenido del artículo trascrito, se colige que en el trámite del derecho laboral, cuando no exista un término para la realización o practica de alguna diligencia o ejercicio de un derecho, invariablemente el término será de tres días. Lo antes expuesto permite evidenciar el término o plazo que deben cumplir los tribunales del trabajo para cualquier acto procesal que no tenga fijado un término será no mayor a tres días. Ahora, trasladando esta premisa al caso que nos ocupa, tenemos en la especie la quejosa reclama la omisión de acordar el escrito por el que se pide la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, sin que obre constancia de su contestación. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto cualquiera de los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues como ha quedado patentizado, desde hace casi tres meses que no se ha pronunciado sobre la petición formulada por la amparista. De ahí que el tribunal responsable pasó por alto el contenido del artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, dado que ha sido omisa en acordar lo relativo a la constancia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se asentó la imposibilidad de reinstalar a la hoy peticionaria de amparo, dentro del juicio laboral número 201/2013 y ordenar las diligencias necesarias para la reinstalación y por ende la actualización de lo solicitado de la quejosa, a través de su apoderado dentro del juicio de origen.. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta derechos humanos de la quejosa, específicamente, el derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, el cual entre otros aspectos, como ya se dijo, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. Consecuentemente lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a la parte quejosa, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de su competencia, realice lo siguiente: 1) Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya acordado lo conducente respecto de la constancia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que se asentó la imposibilidad de reinstalar a la hoy peticionaria de amparo, dentro del juicio laboral número 201/2013, ordene lo pertinente para que se reinstale a la quejosa, lo cual deberá pronunciarse al respecto dentro del plazo de los tres días a que se refiere el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 2) Una vez reinstalada la quejosa en la fuente de empleo Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, con libertad de jurisdicción acuerde lo relativo a la actualización de lo solicitado en los ocursos que fueron acordados en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. En el entendido de que la sentencia de amparo se tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que se acuerde lo relativo a la actualización solicitada, con independencia de si es o no favorable para la parte quejosa. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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