Asunción Yolanda Mora Barbosa
Expediente 786/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Asunción Yolanda Mora Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL 786/2023 MESA 7 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 786/2023, como se ordenó en acuerdo de treinta de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Apertura de la audiencia. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan a) la demanda de amparo promovida por *************, b) informe justificado de la autoridad responsable juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y c) constancia de emplazamiento al licenciado **************, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, en su carácter de tercero interesado. Y hace constar que: a) No existe escrito o documental alguna con la que deba darse cuenta. b) Las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. A continuación, se abre el período probatorio, en el que, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace relación de las siguientes documentales: Parte quejosa: Copia del acuerdo de once de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ***********. Acuse del escrito de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, con sello de recibo de veintiocho de junio siguiente. Copia certificada del instrumento notarial número *********, pasado ante la fe del notario público número ************, con residencia en ***********, Oaxaca. Copia certificada de un recibo de pago bueno por $40,000.00 (cuarenta mil pesos, cero centavos), suscrito por la quejosa. Copia certificada de la copia de la credencial de elector de ************. Copia certificada de la copia de la credencial de elector de la quejosa ************. Autoridad responsable, juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: Un disco en formato DVD que, dice, contiene I) en formato PDF las constancias del cuaderno de antecedentes número *********, II) el registro de audio y video de la audiencia de ************ y III) el índice cronológico de dicha audiencia. A lo que se acuerda: Ténganse por desahogada la prueba documental ofrecida por la parte quejosa y la citada autoridad responsable en razón de su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. No existiendo pruebas pendientes de desahogar, se cierra esta fase. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; enseguida, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ***************; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada el catorce de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y registrada el quince de agosto siguiente en este órgano jurisdiccional, *************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés se registró la demanda con el número de expediente *********** y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a la audiencia constitucional. En auto de uno de septiembre del año que transcurre se ordenó emplazar a juicio al licenciado ************, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, en su carácter de tercero interesado, emplazamiento que se realizó, mediante oficio, el doce de septiembre siguiente. Finalmente, previos los trámites de ley, la audiencia constitucional se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza penal, y el acto se reclama a una autoridad con residencia en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama del juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: La resolución de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en audiencia celebrada en el cuaderno de antecedentes ********, en la que se confirmó el acuerdo dictado por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación ************, en la que dicho representante social determinó que no había lugar a levantar el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado que le fue solicitado, el juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Para mejor comprensión del asunto conviene relatar, en lo sustancial, los antecedentes que ponen de manifiesto las constancias que obran en autos y de las allegadas por la autoridad responsable, de las que se advierte lo siguiente: Antecedentes: a) El quince de junio de dos mil veintitrés en el domicilio que se ubica en la calle ********* número ********** en la **********, se llevó a cabo un cateo, que obra en la carpeta de investigación **********, del sumario de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, instruida contra *********** y ************; lugar en el que decomisaron marihuana, motivo por el cual dicho inmueble fue asegurado, colocándose los sellos respectivos. b) Mediante escrito de veintiséis de junio de este año, dirigido a la referida carpeta de investigación, la aquí quejosa ********* acreditó la propiedad del bien inmueble que se ubica en la calle ********** número ******** en la *********, y solicitó el levantamiento del aseguramiento de dicho bien. c) Ante la omisión del fiscal de atender esa petición, la quejosa interpuso incidente de control judicial, que originó el cuaderno de antecedentes *********, motivo por el cual, con fecha veinte de julio de dos mil veintitrés recayó la negativa del agente del Ministerio Público de levantar el aseguramiento del bien inmueble citado, por no actualizarse las causales de procedencia para la devolución de dicha propiedad. d) Contra la determinación de veinte de julio de este año, la quejosa interpuso recurso ante el juez de Control del circuito judicial de Huajuapan, Oaxaca; mismo que se resolvió en audiencia de uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que dicho juez confirmó el sentido del acuerdo emitido por el agente del Ministerio Publico en la carpeta de investigación *********. Última determinación que constituye el acto reclamado. Argumentos de la parte quejosa: La quejosa refiere, en esencia, que el acto reclamado vulnera sus derechos previstos en los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se le está privando del bien inmueble de su propiedad, sin que medie juicio o procedimiento alguno en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, violentando (sic) con ello su garantía de audiencia; además, que no existe mandamiento expreso de la autoridad que funde y motive su proceder. Asimismo, expresó que ella no participó en los hechos delictivos por los que se instruye la carpeta de investigación **********. Concepto de violación que deviene ineficaz, como se verá enseguida. Análisis. Opuesto a lo que afirma la quejosa, el acto reclamado no vulnera sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que la figura del aseguramiento de bienes es la medida cautelar que decreta el juez o el Ministerio Público para impedir que se oculten o pierdan los instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito y que sean necesarios o tengan relevancia para el proceso. El aseguramiento se efectúa mediante el secuestro y depósito que se hace de los objetos, bajo la responsabilidad de la autoridad que lo dicte. Generalmente obedece a preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la comprobación del hecho que la ley señala como delito, la probable responsabilidad del imputado y la reparación del daño del ofendido, o bien, en su caso, decomisarse. Esto, en razón de que la actividad a cargo del Ministerio Público en esa etapa previa entraña una labor de verdadera investigación, de búsqueda y acopio de pruebas para acreditar los extremos antes marcados, en consecuencia, dicha autoridad debe apropiarse de las pruebas suficientes y pertinentes para comprobar la existencia del o los delitos y así poder estar en aptitud de comparecer ante los tribunales judiciales competentes y pedir la aplicación de la ley al caso en concreto, mediante el ejercicio de la acción penal. El aseguramiento de bienes no es un acto privativo sino de molestia, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue y tutela con base en distintos derechos. Por actos privativos se entienden aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, por lo que la Constitución Federal únicamente los autoriza a través del cumplimiento de los derechos fundamentales previstos en su artículo 14. Por su parte, los actos de molestia son actos jurídicos que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los autoriza, según lo dispuesto en el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en el que ésta funde y motive la causa legal del procedimiento y es conforme a esta directriz (acto de molestia) que debe examinarse un acto de aseguramiento de inmueble. De modo que, en la especie, la determinación de uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que el juez responsable confirmó el sentido del acuerdo emitido por el agente del Ministerio Publico en la carpeta de investigación **********, en la que negó levantar el aseguramiento del bien inmueble ubicado en la calle ********* número ******** en la ***********, Oaxaca, se traduce en mantenerlo en poder de la autoridad ministerial por el tiempo correspondiente; lo que constituye un acto de molestia en términos de los expuesto en párrafos que anteceden, y no privativo. Ello es así, pues debe partirse de la base de que, previo a la actuación ministerial, el bien inmueble no era objeto de alguna carga o afectación por parte de alguna autoridad, sino que estaba disponible para su titular, empero, dicho bien sufrió una primera afectación por virtud del aseguramiento emitido. Sin embargo, el referido bien también se puede afectar con la emisión de actos que de alguna manera determinen la permanencia, continuidad, o que modifiquen las condiciones de ejecución de esa medida cautelar, como ocurre en el caso de la negativa de levantar el aseguramiento, que es un acto mediante el que la autoridad responde a una solicitud expresa de un gobernado, y a partir de una reevaluación de las condiciones existentes en el caso particular, determina expresa o implícitamente que debe continuar la ejecución de dicha medida. En ese sentido, el derecho fundamental de audiencia previa consagrado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos aquellos que producen como efecto la supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismo, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no, como en el caso concreto, provisionales o accesorios. En razón a lo expuesto, es infundado el argumento de la quejosa en el sentido de que el acto de autoridad incumplió las formalidades esenciales del procedimiento al haber asegurado el inmueble de su propiedad sin respetarle su derecho de audiencia. En efecto, si bien es cierto que la negativa para levantar el aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad del inmueble asegurado; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia; pues el aseguramiento decretado es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente el bien de que se trata, con la finalidad de protegerlo para garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño; por tanto, de conformidad con el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los instrumentos del delito deben ser asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Sirve de apoyo la tesis XXVII.1o.6 P, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2018, Tomo II, página 1063, con número de registro 2018558, de rubro y contenido: "ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DEL FOLIO ELECTRÓNICO QUE ASIGNA Y CONTROLA EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE QUINTANA ROO, RESPECTO DEL INMUEBLE OBJETO DEL DELITO DE DESPOJO, DECRETADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA RESPECTO DEL CUAL NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA QUE IMPERA EN EL PROCESO PENAL. El aseguramiento decretado sobre el folio electrónico inherente a un bien inmueble (objeto del delito de despojo), constituye una medida transitoria dictada por la Representación Social, que no priva en definitiva de su propiedad a quien le asista ese derecho, por tratarse de un acto de molestia y no uno privativo, respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal; de manera que si al emitirlo, el Ministerio Público citó el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, satisface el requisito de fundamentación legal, y en lo que atañe a la motivación, se justifica con la necesidad de salvaguardar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan; razón que evidencia que el legislador estableciera que el aseguramiento mencionado pudiera decretarse por la autoridad investigadora, desde luego, bajo su más estricta responsabilidad, sin requerir de una autorización previa del Juez de Control o que sea éste quien directamente así lo decida." Asimismo, por identidad rectora, la jurisprudencia 1a./J. 31/2009, visible en la página 5 del tomo XXIX, del mes de junio de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 167144, que dice: "ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE UN TERCERO AJENO A LA CAUSA PENAL. PARA DECRETARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTE SEA RESPONSABLE POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO O QUE SE ENCUENTRE SUJETO A PROCESO. El aseguramiento de bienes previsto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente los bienes sobre los que recae, ya que no constituye un fin en sí mismo sino que pretende proteger los bienes materia de la medida para garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño, así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, protegiendo la subsistencia de los posibles medios de prueba; de ahí que no prejuzga ni tiene relación con la responsabilidad penal del poseedor o propietario del bien respectivo. Lo anterior distingue dicha medida del decomiso, que es una pena, cuya afectación sobre el bien es definitiva y se impone en razón de la responsabilidad penal del sentenciado, sea por el delito de la causa penal o por el diverso de encubrimiento. En congruencia con lo anterior y en virtud de que, por un lado, el referido artículo 181 sólo requiere que los bienes asegurados sean instrumentos, objetos o productos del delito, o que contengan huellas o puedan tener relación con éste, sin exigir que el poseedor o propietario se encuentre en alguna situación específica y, por el otro, que el artículo 40 del Código Penal Federal no establece algún requisito al respecto, se concluye que para decretar el aseguramiento de bienes pertenecientes o en posesión de un tercero ajeno a la causa penal, no es necesario que éste sea responsable del delito de encubrimiento o que se encuentre sujeto a proceso, sino que basta con atender a los extremos previstos en el indicado artículo 181." Es decir, con la negativa de levantar la medida cautelar impuesta sobre el bien de que se trata, no se priva a la parte quejosa del derecho de propiedad que dice tener; además, en esa medida no se decretó de manera arbitraria, al haber datos de prueba que acreditaban la posible comisión de un delito y ante esa situación el Ministerio Público estaba obligado a decretar las medidas y providencias necesarias, como es el aseguramiento del bien inmueble objeto de delito. Misma suerte sigue el diverso concepto de violación, en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado; en virtud de que, en principio, dicha medida se realizó en función de que el inmueble resultó ser instrumento del delito que se indaga en la carpeta de investigación ************, por el ilícito de *********, en agravio de ***********. Lo anterior es así, ya que, por lo que ve a los requisitos formales y para efecto de motivar su determinación, la autoridad responsable esgrimió las razones o causas por las cuales confirmó la negativa del levantamiento del aseguramiento, refiriendo que el bien asegurado fue instrumento del delito, fundamentando su actuar en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de precisar que no se actualiza ninguna causal de procedencia para la devolución del bien asegurado, de las previstas en el artículo 245 de ese código; lo que se estima apegado a derecho, ya que, como ha quedado precisado, el aseguramiento del inmueble debe prevalecer en atención a su finalidad, consistente en la preservación de los bienes objetos del delito, además de que, a la fecha de la determinación en la que se le negó el levantamiento del aseguramiento, la carpeta de investigación se encontraba en el plazo de investigación complementaria. En ese contexto, se insiste, no se advierte violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa; por ello, el acto reclamado se apegó a derecho, al negar levantar el aseguramiento del inmueble afecto. No son aplicables, al menos para el fin que pretende la parte quejosa, las tesis de rubro: "ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SI SE DECRETA EN FORMA INDEFINIDA O SU TEMPORALIDAD SE PROLONGA EXCESIVAMENTE, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA" y "MINISTERIO PÚBLICO. ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", pues al margen de lo que alega, en el caso, en el interior del bien inmueble asegurado en la carpeta de investigación ***********, por el ilícito de *********, en agravio de **********, fueron decomisados objetos de delito; aunado a que la medida de aseguramiento no se ha prolongado en el tiempo de manera excesiva o prolongada, es decir, por uno o más años, como lo refiere el contenido de la primer jurisprudencia citada; de ahí que, por ello, tampoco es violatoria de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la referida quejosa. No pasa desapercibido que mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de esta anualidad la quejosa haya exhibido copia de la determinación de once de octubre de esta anualidad, deducida del expediente electrónico relativo a la causa penal ********, en la que se otorgó el beneficio de la suspensión condicional del proceso a prueba, como una salida alterna a favor de ********** y **********; precisándose que dicho asunto se tendrá como causa concluida y se archivará hasta en tanto los imputados cumplan con todas las condiciones durante el plazo de seis meses; pues, se estima, dicha salida alterna no actualiza alguno de los supuestos de procedencia para la devolución de bienes asegurados que establecen las fracciones I y II del artículo 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a que la quejosa tiene a salvo sus derechos para reclamar la devolución del inmueble de que se trata una vez que se hayan extinguido las investigaciones correspondientes y que originaron su aseguramiento o, en su caso, se concluya y archive la causa penal, fenecidos los seis meses precisados en la concesión de la referida salida alterna. Hecho lo cual, la autoridad ministerial estará en aptitud de determinar lo conducente sobre el levantamiento del aseguramiento del bien inmueble, máxime que como se advierte de las constancias de autos, el quejoso ha iniciado la solicitud de extinción de dominio ante el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, mediante comunicado de fecha cinco de julio de este año. En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación, se niega a la quejosa ********** la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara y protege a *********, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en audiencia celebrada en el cuaderno de antecedentes ********, mediante la que confirmó el acuerdo dictado por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación ************, en la que dicho representante social determinó que no había lugar a levantar el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa; acto atribuido al juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; ello, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 786/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Glose de escrito. Incorpórese el escrito suscrito por la quejosa ***********, mediante el que exhibe copia de la determinación de once de octubre de esta anualidad, deducida del expediente electrónico relativo a la causa penal ********, en la que se otorgó el beneficio de la suspensión condicional del proceso a prueba, como una salida alterna a favor de ********* y **********; al respecto, se acuerda: 1.1. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo la prueba documental descrita en el párrafo que antecede; misma que se desahoga en razón de propia y especial naturaleza, para ser considerada, si procede, en la etapa correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 786/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que se encontraban señaladas las once horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las once horas con siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 786/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que en acuerdo de uno de septiembre del año en curso se agregó el informe justificado de la autoridad responsable juez de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, al que anexó diversas constancias; auto que se notificó a la parte quejosa, por lista de acuerdos. En esas condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con el informe justificado y anexos de referencia, désele vista de manera personal, a fin de que manifieste lo que a sus intereses convenga. 1.1. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y se fijan las once horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de octubre dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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