Asunción Noriega Cejudo y Otros.
Expediente 1284/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Asunción Noriega Cejudo y Otros.
- Margarito Noriega Cejudo y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito el pasado diez de diciembre del año dos mil veintiuno, y se avocó al conocimiento del presente asunto, el cual registró bajo el número de juicio de amparo directo 292/2021 de su índice; circunstancia de la que se toma conocimiento. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso j) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Margarito Noriega Cejudo y Asunción Noriega Cejudo, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1284/2021-VII. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado en la presente instancia. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La violación al artículo 19 Constitucional, materializado dentro de la sentencia dictada por la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el Toca de Apelación 475/2007 de su índice. En ese sentido, del análisis de la determinación que se reclama, se advierte que a través de ésta se pone fin al recurso de apelación interpuesto por los encausados, ahora quejosos, contra la sentencia de primera instancia dictada dentro de la causa penal 8/2013 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; es decir, a través de la sentencia emitida por la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, Estado de México dentro del toca 475/2007 de su índice, resolvió dicho recurso en lo principal, confirmando la condenatoria emitida en primera instancia, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." (lo resaltado es propio) Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley.." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la violación al artículo 19 Constitucional, materializado dentro de la sentencia dictada por la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el Toca de Apelación 475/2007 de su índice. Precisado lo anterior, se obtiene que la determinación dictada por el Tribunal de Alzada responsable, pone fin al recurso de apelación interpuesto por los ahora quejosos, contra la sentencia condenatoria de primera instancia dictada dentro de la causa penal 8/2013 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del mismo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de los mismos es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Margarito Noriega Cejudo y Asunción Noriega Cejudo, por propio derecho. En ese contexto, remítanse los autos originales del juicio de amparo indirecto 1284/2021-VII y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente, y conozca del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Igualmente, se solicita a la superioridad el acuse de recibo correspondiente. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En diversa tesitura, dado que los quejosos se encuentran internos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, se les tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro penitenciario en mención. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4068/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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