Asunción Joaquina Zamora Méndez
Expediente 1025/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2021
Partes del expediente
- Asunción Joaquina Zamora Méndez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1025/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinacio´n inicial Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio, por los motivos siguientes: Para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás. Las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho (civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal y constitucional, entre otras). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la competencia por materia se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; lo que permite que los juzgadores tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento en protección a los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia común, página cuatrocientos catorce, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.". Los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente establecen la competencia de los jueces de distrito especializados en materia administrativa y de trabajo, respectivamente, los cuales señalan lo siguiente: "57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; los juicios de amparo que se promuevan contra leyes federales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa en los términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo 51; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio o fuera de él; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en la materia. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; de los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en la materia de trabajo; y de las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se explicó, si bien se advierte que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado como la naturaleza del acto que emiten; sin embargo, las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo; así como en los juicios de amparo promovidos por personas internas dentro de los Centros de Reinserción Social, en los que se reclama la omisión por parte de los Directores Generales de proporcionarles atención médica, en donde tampoco se considera la naturaleza de la autoridad omisa, sino las condiciones de internamiento previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para fijar la competencia en favor de un Juzgado de Distrito de Amparo Penal. De lo que se sigue que la naturaleza del acto que prevalece sobre la calidad de la autoridad que lo emite es un elemento fundamental para determinar la competencia material. Orienta lo anterior, por analogía la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen cuarenta y cuatro, primera parte, página doscientos setenta y ocho, de rubro y texto: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del Ejecutivo de la Unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste.". En ese sentido, en el amparo biinstancial lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye. Dicho de otro modo, es el contenido del acto reclamado el que le otorga una naturaleza, de acuerdo a las disposiciones normativas en las que se sustente, por tanto, si el acto deriva o tiene como aplicación una ley de determinada materia, será precisamente esa materia la que defina la índole del acto en pugna. Resulta aplicable, por analogía a lo aquí razonado, la jurisprudencia P./J. 83/98, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, del contenido y epígrafe siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.". Así, conviene tener presente que por acto administrativo debe entenderse toda actuación voluntaria, unilateral y concreta realizada por un órgano de la administración pública federal, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos, esto es, el acto de autoridad administrativa es todo acto jurídico unilateral que declara o implica la voluntad de un órgano del Estado, en ejercicio de una potestad administrativa que crea situaciones conducentes, con el fin de satisfacer las necesidades de la colectividad. Por otra parte, para poder establecer si alguna ley o acto es de competencia laboral debemos acudir, en principio, al numeral 123 de la Constitución Federal, que señala que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes que promuevan la creación de empleos y la organización social de trabajo, las cuales regirán sobre las condiciones laborales de los empleados y patrones. En cuanto a la competencia en materia de trabajo, importa señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 178/2005-SS, en sesión de treinta de noviembre de dos mil cinco determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.) la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. - - - Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. (.)." Como se aprecia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral. Así, se estará en presencia de un asunto relacionado con la materia laboral, cuando el acto reclamado afecte algún derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, se debe dilucidar cuál es la naturaleza de los actos combatidos en el presente asunto. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ************** reclama de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la negativa a otorgarle la pensión por viudez y apoyo para gastos funerarios (dado que condiciona su otorgamiento a que previamente se tramite una "resolución de beneficiario", al existir otra persona reclamando ese derecho ***************). En ese sentido, es necesario hacer hincapié en que el acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, es de carácter laboral, pues la quejosa busca que se le reconozca como beneficiaria de los derechos de seguridad social de un trabajador que falleció. En efecto, de la demanda de amparo y sus anexos se desprenden los hechos que originaron el acto impugnado atribuible a la autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a saber, que ante el deceso de su esposo, solicitó una de las prestaciones a que tiene derecho (pensión por viudez y apoyo para gastos funerarios). Situación que pone de relieve que se está en presencia de un acto que tiene su origen en una relación laboral, en virtud de que la quejosa estima que le es necesario obtener la pensión por viudez al ser cónyuge supérstite del citado trabajador, la cual le fue negada. Lo cual demuestra que aún no surge su relación administrativa con el Estado, pues en todo caso se está en presencia de una petición ante la autoridad competente, sin que esto delimite la competencia del asunto. En ese contexto, si como se anticipó, la competencia del asunto se concede en razón de la naturaleza del acto reclamado y no la autoridad que lo expida, el acto reclamado tiene naturaleza laboral, porque incide en el otorgamiento de la pensión que la quejosa solicita, la cual deriva de la relación laboral que su esposo sostuvo con el Estado y, en esa medida, solicita el otorgamiento de la pensión. Efectivamente, a través del acto que se le atribuye a la responsable se está negando un beneficio de seguridad social, por lo que la esencia del acto reclamado es de naturaleza laboral, porque el problema jurídico a resolver se vincula con determinar si la quejosa puede o no ser considerada como beneficiaria de su cónyuge fallecido para el otorgamiento de una pensión. Tales razonamientos encuentran sustento en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 43/2014, cuya parte conducente es del siguiente tenor: "(.) Precisado lo anterior, para establecer cuál es la naturaleza de los actos reclamados, debe destacarse que en los juicios de amparo de los que derivan las ejecutorias contradictorias, se reclamó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformado mediante Decreto 36, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México el diecinueve de diciembre de dos mil doce, así como la aplicación de dicho precepto, ya que con motivo de la citada reforma se estableció que la cuota obligatoria que deberán enterar los pensionados y pensionistas al Instituto, sería del 6% del monto de la pensión que disfrutaran, la cual se destinaría a cubrir las prestaciones de servicios de salud. - - - A juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos reclamados son de naturaleza administrativa, ya que se encuentran vinculados con el pago de las contribuciones que deben enterarse al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para cubrir prestaciones de los servicios de salud. - - - Para justificar esta conclusión, conviene destacar que esta Segunda Sala ha sostenido que si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa. Esto porque en esos casos, el citado instituto actúa como autoridad administrativa, ya que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. - - - Con base en esa premisa, esta Segunda Sala ha considerado que el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable. - - - Del criterio anterior derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2009, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN". - - - A partir del criterio que ha sustentado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible concluir que en aquéllos casos en que se cuestiona el otorgamiento o revocación de una pensión, la materia del asunto es laboral, debido a que el tema de fondo se relaciona directamente con el goce de ese derecho; en cambio, cuando lo que se cuestiona es la cuantificación de una pensión, la materia del asunto es administrativa, por la nueva relación que existe entre el pensionado y el instituto de seguridad social encargado de determinar y pagar el monto respectivo. - - - En ese sentido, si bien la pensión que reciben pensionados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios deriva de una relación de trabajo establecida entre el pensionado y la dependencia a la que prestó sus servicios, la que se genera a partir del otorgamiento de ese derecho se enmarca dentro del derecho administrativo, debido a la nueva relación que surge entre el derechohabiente y el citado instituto puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica de aquéllos. - - - De esta manera, esta Segunda Sala considera que cuando se reclama en el juicio de amparo el precepto que regula la cuota que deben enterar los pensionados y pensionistas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el conocimiento de dichos asuntos corresponde a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia administrativa, debido a que lo que se reclama es la norma que establece la cuota que deben enterar los pensionados y pensionistas para cubrir las prestaciones de servicios de salud y no aquélla que regula o condiciona el derecho a recibir una pensión. (.)" De esa ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 67/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro nueve, agosto de dos mil catorce, tomo II, página setecientos ochenta y seis, que señala lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 153/2009 (*), consideró que si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa porque, en esos casos, el instituto citado actúa como autoridad administrativa, ya que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. Con base en ese criterio, se concluye que si bien la pensión que reciben pensionados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios deriva de una relación de trabajo establecida entre el pensionado y la dependencia a la que prestó sus servicios, la que se genera a partir del otorgamiento de ese derecho se enmarca dentro del derecho administrativo; por tanto, cuando en el juicio de amparo se reclama el precepto que regula la cuota que deben enterar los pensionados y pensionistas al instituto mencionado, la competencia para conocer del recurso de revisión promovido contra la sentencia dictada en dicho juicio corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia administrativa, debido a que se reclama aquella norma y no la que regula o condiciona el derecho a recibir una pensión. Esta conclusión adquiere mayor sustento si se toma en cuenta que las cuotas referidas tienen la naturaleza de contribuciones, las cuales se rigen por los principios de justicia fiscal, aunado a que el instituto encargado de aplicar la norma es una autoridad administrativa, al tratarse de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que dentro de sus funciones tiene la de recibir y administrar las cuotas y aportaciones del régimen de seguridad social.". Por ende, si la quejosa se inconformó con la negativa de la autoridad responsable de dar trámite a su solicitud de pensión (dado que condiciona su otorgamiento a que previamente se tramite una "resolución de beneficiario", al existir otra persona reclamando ese derecho **************), es inconcuso que se trata de una prestación de aquellas que integran el régimen obligatorio de seguridad social por lo que el órgano competente para resolver el juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo. Sin que pase desapercibido para este Juzgado Federal el contenido de la jurisprudencia de rubro "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."; sin embargo, se considera que dicho criterio no es aplicable al presente asunto, ya que éste se refiere a una cuestión de procedencia del juicio de amparo y no -de manera estricta y directa- a un tópico competencial entre jueces de distrito. Máxime que, como se vio, actualmente existe pronunciamiento expreso de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que, en los casos en que se cuestiona el otorgamiento o la revocación de una pensión (como ocurre en el caso), la materia del asunto es laboral. Precedentes aplicables El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 18/2019, sostuvo lo siguiente: "(.)--- En ese sentido, este órgano colegiado estima que los actos reclamados en la demanda de amparo son de naturaleza laboral, ya que tienen relación directa con el otorgamiento de una pensión a un particular que prestó sus servicios en la Administración Pública Federal . en ejercicio del derecho de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional.--- Esto es así, porque, como se vio, la normatividad controvertida se refiere al requisito de edad que debe cumplirse para obtener una pensión de retiro a cargo del mencionado instituto, mientras que los oficios combatidos tienen su origen en una solicitud sobre el otorgamiento de dicha prestación de seguridad social; sin que en el caso se pueda considerar que ha nacido una nueva relación (administrativa) con el instituto mencionado (como ente asegurador), porque ni formal ni materialmente la quejosa ha adquirido el carácter de pensionada, sino que, precisamente, lo que se cuestiona en el juicio constitucional es el acceso a esa calidad.--- (.)". Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 33/2019, determinó: "Ahora bien, visto el acto reclamado en el presente caso, se advierte que la quejosa busca que se le reconozca como beneficiaria de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho, entre ellas la pensión por derecho de ascendencia, con motivo del fallecimiento de su hijo por el accidente de tránsito que sufrió al dirigirse a su trabajo, en que se desempeñaba como Guarda Tercero del Servicio de Protección Federal, y ser su única dependiente económica, derecho que refiere le fue negado por el ISSSTE.--- Atento a lo anterior, se advierte que se está ante un acto que tiene su origen en una relación laboral, sin que aún surja una relación administrativa de la quejosa con el Estado, ya que se está en presencia de una petición realizada por la impetrante ante la autoridad competente, la cual señala le fue negada, lo que incide en el otorgamiento de la pensión que solicita ante la autoridad competente, que aun siendo administrativa y el acto formalmente administrativo, su esencia deriva de la relación laboral sostenida por su hijo con el Estado ., por lo que solicita el otorgamiento de la pensión, lo que evidencia la afectación de una prestación de carácter laboral establecida en favor de la beneficiaria de un trabajador con derecho a una pensión ante su fallecimiento; hecho que denota la negación de un beneficio de seguridad social, lo que da lugar a que el problema jurídico a resolver se vincula con determinar si la impetrante puede o no ser considerada beneficiaria de su hijo para el otorgamiento de una pensión.--- En ese contexto, al ser el punto a debate la negativa de la responsable de otorgar una prestación que integran el régimen obligatorio de seguridad social, el competente para resolver el juicio de amparo interpuesto en su contra es el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo.". Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, razón por la cual se ordena remitir los originales del presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y para los mismos efectos a las personas que menciona por así haberlo solicitado. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese. Así lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido de Rubí Martínez Gómez, secretaria que autoriza y da fe.
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