Asunción González Consuelos
Expediente 415/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Asunción González Consuelos
- Oscar Adrián Calvo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Amparo en revisión
CONFIRMA Y SOBRESEE.
- Amparo en revisión
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en el proveído de veinte de abril de la presente anualidad a la parte recurrente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa por este Tribunal Colegiado, sin que haya desahogado la referida vista; por tanto, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Javier Cardoso Chávez.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa recurrente OSCAR ADRIÁN CALVO MARTÍNEZ, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10ª.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que el examen de las causales de improcedencia del juicio de constitucionalidad es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador, aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 30/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, página 137, Novena época, Materia común, con número de registro 198223, del tenor siguiente: "REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción primera, cuarto párrafo y 6º, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos son del tenor siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.)Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Efectivamente, el interés jurídico es uno de los presupuestos de la acción de amparo, en términos de lo que establecen los artículos 5º, fracción primera, cuarto párrafo, 6º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiéndose como tal, la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación; precisamente, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. Ciertamente, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, y por otra, cuando se actualiza un acto autoritario que incide en tal facultad y ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. En ese sentido, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado. El interés jurídico se identifica con un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva como consecuencia de un proceso legislativo que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; de ahí, que el acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y ese interés jurídico, desde luego, debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así poder estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, enero del 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Cabe precisar que en relación a la posesión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que sólo la posesión que deriva de alguna figura jurídica reconocida en la legislación secundaria, es la que puede ser objeto de protección en el juicio biinstancial, pues así lo concluyó al resolver la contradicción de tesis 17/91, del que derivó la jurisprudencia P./J.1/2002, visible en la página 5, del tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TITULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar "al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante, lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". En el caso, Oscar Adrián Calvo Martínez impetró la acción constitucional con la calidad de persona extraña al juicio ordinario civil (sobre cumplimiento de contrato de compraventa), seguido por Alejandro Cruz González Cortés en contra de José Luis Maya Juárez, cuyas actuaciones, aduce, violan en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se pretende ejecutar lo ahí resuelto en definitiva, relacionado con el bien inmueble que defiende en calidad de poseedor. Al efecto, para acreditar la titularidad de los derechos de posesión que dijo tener el impugnante, respecto del predio relacionado, exhibió con su demanda constitucional, el original del contrato de cesión de derechos posesorios celebrado el diez de mayo de dos mil seis, entre José Luis Maya Juárez, como cedente y el hoy recurrente como cesionario. Documental privada que es ineficaz para acreditar el aludido interés jurídico. En efecto, el referido contrato de cesión de derechos posesorios, al tratarse de un documento de naturaleza privada, sólo surte efectos entre sus celebrantes y, es insuficiente para acreditar el interés jurídico, como presupuesto indispensable de la acción de amparo; se insiste, al sólo producir efectos entre sus signantes y no contra terceros, esto es, para que goce de eficacia probatoria en el juicio de amparo, requiere ser de fecha cierta, la cual se adquiere a partir del día en que se presenta ante fedatario público o funcionario autorizado en razón de su oficio, o su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la muerte de uno de sus signantes; por lo que con esa clase de documentos no es posible acreditar de manera fehaciente el interés jurídico que legitime al agraviado para acudir a la vía constitucional, dado que la sola circunstancia de carecer de fecha cierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre ese contrato se funde, es derivado de actos anteriores o posteriores a la elaboración del acuerdo de voluntades, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar, evitando también con ello, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. A dicha conclusión se arriba a partir de lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 52/97-PS, de cuyas consideraciones se derivó que, tratándose de documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, dado que la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Según lo precisó el aludido órgano de nuestro máximo tribunal, todo tercero no puede ni debe sufrir perjuicio alguno a causa de derechos clandestinos, pues la seguridad de la transmisión de derechos como el dominio y en el caso el uso, mediante cualesquiera de las formas admitidas por la ley, constituye sin duda uno de los pilares de la economía moderna, pues admitirse lo contrario, sería estar aceptando y contribuir al deterioro y entorpecimiento, de esa clase de transacciones jurídicas. Asimismo, nuestro supremo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 149/2009-PS, precisó que la realidad demuestra que lamentablemente, no es inusual ni difícil que dos personas emitan un documento privado en el que, quizá celebrando un acto válido de traslación, señalen en el mismo una fecha diversa a la que corresponde a la data de celebración del acto; con lo que pueden llevarse a cabo actos fraudulentos en perjuicio de terceros. Es por ello que por razón de seguridad jurídica y para evitar la posibilidad de que se trate de un acto fraudulento, los documentos privados no son suficientes por sí mismos para acreditar que el derecho de que se trata existió con anterioridad al acto reclamado en un juicio de amparo, sino que tienen que ser de fecha cierta, esto es, debe existir certeza respecto de la fecha de emisión de ese documento y, por ende, de la celebración del acto jurídico que en el mismo se contiene, pues de lo contrario, no puede tenerse por acreditado el interés jurídico. En virtud de lo anterior, es claro que aunque Oscar Adrián Calvo Martínez acreditó contar con un contrato privado de cesión de derechos posesorios, a partir del cual se ostenta poseedor del predio objeto de la litis; éste no es oponible a terceros, es decir, no es oponible al derecho acreditado en autos del juicio ordinario civil 530/2019 y su acumulado 912/2019 (antes 564/2019), sobre cumplimiento de contrato y otorgamiento de escritura pública de compraventa, promovido por Alejandro Cruz González Cortés; ello es así, porque carece de fecha cierta y, por ende, no existe motivo legal para ser oído y vencido en el procedimiento ordinario. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre 1994, con el número de registro 198284, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Adicionalmente, conforme al documento de mérito, Oscar Adrián Calvo Martínez defiende el inmueble ubicado en calle Lucas Alamán, número trece (13), Barrio de San Juan, Municipio de Tultitlán, Estado de México, con una superficie aproximada de doscientos veintidós punto noventa metros cuadrados (222.90m2), así como con las siguientes medidas y colindancias: Al norte once punto veinte metros (11.20) con propiedad privada. Al sur cuatro punto cuarenta metros (4.40) con calle Lucas Alamán. Al oriente ocho punto sesenta metros (8.60) con José Luis Maya Juárez, y veintitrés punto treinta y seis metros (23.36) con José Luis Maya Juárez. Al poniente ocho punto sesenta metros (8.60) con Luis Guillermo Maya Martínez, y dieciséis punto cero cinco metros (16.05) con Luis Guillermo Maya Martínez. Empero, no existe identidad entre el inmueble que dice poseer, con el que es objeto de escrituración en el juicio 530/2019 y su acumulado 912/2019 (antes 564/2019), ubicado en calle Lucas Alamán, número trece (13), Barrio de San Juan, Municipio de Tultitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte dieciocho punto dieciocho metros (18.18) con propiedad privada. Al sur catorce punto cincuenta metros (40.50) con calle Lucas Alamán, y diez metros (10) con José Luis Maya Juárez. Al oriente veinte punto ochenta y dos metros (20.82) con propiedad privada, y siete punto veinte metros (7.20) con José Luis Maya Juárez. Al poniente doce punto setenta y un metros (12.71) con Luis Guillermo Maya Martínez, y ocho punto sesenta y dos metros (8.62) con Luis Guillermo Maya Martínez. En esas condiciones, al no ofrecerse en autos del juicio que se revisa, probanza de fecha cierta, ni existir la aludida identidad, es evidente que el acto reclamado no le causa perjuicio al hoy recurrente y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico. Lo anterior encuentra sustento en la tesis VIII.2o.14 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, página 555, novena época, que dice: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. "Asimismo, conviene citar por analogía de razón la jurisprudencia VI.3o. J/2, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, visible en la página 327, que dice:"POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías."En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Javier Cardoso Chávez, para los efectos que en derecho corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual la dependencia oficiante remite constancia relativa al amparo en que se actúa. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta, ello, sin mayor proveído, toda vez que mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio de cuenta.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · 1,771 expedientes
- Arturo Gil González38/2023
- Arturo Herrera Zea600/2019
- Arturo Rodríguez Barrera118/2022
- Arturo Rojas Alvarado573/2021
- Arturo Vázquez Flores692/2021
- Arturo Villa Cruz470/2022
- AT&T Comunicaciones Digitales, S.R.L. de C.V.63/2023
- Audomaro Oldair Maya Mendoza571/2023
- Aurea Lilia Zafra Millán y Otros.120/2021
- Aurelia Norma Rodríguez Alvarado822/2022
- Aurelia Sánchez Estrada111/2023
- Aurelio Fermín Hernández Ponce y Otros.466/2020