Asunción Gómez López

Expediente 43/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
43/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Asunción Gómez López
  • Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Chiapas

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil veintiunoEstado procesal. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Asimismo, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Recepción. Se tiene por recibido, el escrito de demanda, signado por Asunción Gómez López, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 43/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer lo que en derecho proceda en relación de la demanda presentada, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documento que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando devienen forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis realizado al escrito de demanda se advierte que el acto que en esta vía reclama, consiste en la resolución de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 246/2020 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en el cual se negó la revocación del auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, donde la autoridad responsable, en el juicio de origen, admitió la prueba pericial ofrecida por la parte actora. En el caso de estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), de la Ley de Amparo. En ese contexto, del examen relacionado de las disposiciones inicialmente citadas, se advierte como regla general que el amparo indirecto tiene un carácter excepcional o privilegiado, porque la posibilidad de promoverlo dentro de un juicio, sólo tiene lugar cuando el motivo de afectación guarda efectos de imposible reparación, entendiéndose por este concepto aquellos actos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Carta Magna o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se aprecia que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera a aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción, la Ley de Amparo implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de actos ocurridos dentro de juicio, a que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. De lo que se sigue, que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Encuentra apoyo lo antes considerado en la Jurisprudencia 3a./43, que establece: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si su consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 294 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época. De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que afecten arterialmente derechos sustantivos del gobernado, no procede el juicio de amparo indirecto. Así, el acto reclamado, consistente en la resolución de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 246/2020 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en el cual se negó la revocación del auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, donde se admitió la prueba pericial ofrecida por la parte actora, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario. Ello es así, por que el hecho que se haya ordenado la admisión de la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia ofrecida por la parte actora, solo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser combatidos, en su momento jurídico oportuno, como violación procesal al dictarse la sentencia respectiva del juicio natural, mediante el juicio de amparo directo, en términos del numeral 172 de la Ley de la Materia. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del impetrante, protegido por los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna; que deban combatirse a través del amparo indirecto. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicho expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Época: Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39. Se aplica al caso, en lo conducente, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." (Época: Décima Época. Registro: 2011580. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de ANA LUISA WONG LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.e7 27/02/22 09:53:28 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.). Página: 1086.). En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 del ordenamiento jurídico antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Domicilio. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta, ubicado en calle Cerro Paraíso sin número, manzana 28 lote 8, entre avenida Mactumatzá y avenida Tacaná, San Pedro Progresivo de esta ciudad. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Rosemberg Gramajo Rodas y Miguelina Enriquez Torres, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Solicitud de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la toma de fotografías o imágenes de las resoluciones que se dicten en este asunto. Se autoriza, previa solicitud por escrito, la expedición de copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Habilitación de días y horas. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya ?resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 3 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria Ana Luisa Wong López, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe. Notifíquese en términos de ley.

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