Asunción Bolas Amador
Expediente 1852/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1852/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/12/2022
Partes del expediente
- Asunción Bolas Amador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Se requiere cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de dos de diciembre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, señalando lo siguiente: a). Fijó el siete de diciembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba de inspección ocular en el juicio laboral D-4/53/2020. Requerimiento. En consecuencia, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe si se desahogó la prueba antes precisada y, en caso afirmativo, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien, comunique la determinación que emitió al respecto. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa gestiones para cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio con anexo del Director General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del Gobernador del Estado de Puebla, con el cual informa las gestiones que se encuentra realizando ante el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En el entendido que mediante proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, este juzgado de Distrito tuvo al Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, informando que en la segunda quincena del mes de noviembre del presente año, el cheque correspondiente estará a disposición del quejoso. Notifíquese; y vía electrónica a la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) SIGUIENTE(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Quejoso ratifica escrito. Desechamiento de plano. Vista la diligencia del veinticuatro de noviembre del presente año, en la que ********************ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, se procede a acordar lo conducente. Bajo ese panorama, visto el escrito de la justiciable registrado en el libro de correspondencia con el número 26574, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en auto del veinte de octubre pasado, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, aunado a que exhibe copias suficientes de su escrito aclaratorio para correrle traslado a las partes y aperturar el incidente de suspensión. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. .................. Desechamiento respecto del acto reclamado. Ahora, la parte quejosa reclama el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual la autoridad responsable tuvo a la parte quejosa dando contestación a la vista ordenada en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, sin que tomara en consideración sus manifestaciones entorno a que debía comparecer a las instalaciones de la Notaría Pública número Uno de Puebla, Puebla, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la firma de la escritura correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo el juez de origen firmaría en su rebeldía. Es pertinente precisar que, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, remite a la justiciable al acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós y este a su vez, ordenó la notificación del auto de trece de mayo del presente año [en el cual se informó a las partes y copropietarios que se señalaron las quince horas del veintiséis de agosto de dos mil veintidós para que comparecieran a las instalaciones de la Notaría Pública número Uno de Puebla, Puebla, para llevar a cabo la firma de la escritura correspondiente]. En ese contexto, respecto al acto reclamado de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Sentado lo anterior, el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual la autoridad responsable tuvo a la parte quejosa dando contestación a la vista ordenada en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, sin que tomara en consideración sus manifestaciones, se estima que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, de conformidad con los previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De conformidad con el numeral invocado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En ese tenor, atendiendo a que en el artículo 1339 del Código de Comercio, vigente en el momento en que se promovió y admitió el juicio ejecutivo mercantil de origen, se prevé que sólo son recurribles en apelación las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados; y considerando que de las constancias remitidas por la autoridad responsable del juicio ejecutivo mercantil ********************, se reclamó a la parte demandada ******************** como suerte principal el pago de la cantidad de ********************; entonces, en contra el auto reclamado procede el recurso de revocación. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Por otra parte, tampoco puede considerarse que la parte quejosa sea persona extraña al procedimiento. Al respecto, es pertinente destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un tercero extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos -actor o demandado-, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, tal como se desprende de la Jurisprudencia de rubro y texto: En el caso, no puede actualizarse dicho supuesto de excepción, precisamente porque en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el juez de origen determinó que antes de la enajenación de un inmueble en copropiedad se debe de notificar a todos los propietarios para que hagan valer su derecho de preferencia y participar en el remate, por lo que tuvo como copropietario a ******************** En esa tesitura, ante la acreditación de la quejosa en su carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** o ********************, el nueve de julio de dos mil veintiuno le fue atribuido el carácter de copropietaria a efecto de hacer valer su derecho de preferencia y participar en el remate. Asimismo, se apersonó en dicho procedimiento, donde realizó diversas manifestaciones. Ahora, por regla general, los terceros extraños transitorios o accidentales a un procedimiento están exentos de observar el principio de definitividad; sin embargo, cuando entre éstos y la autoridad del proceso se genera un vínculo jurídico pierden tal carácter, lo que sucede, por ejemplo, cuando se incorporan al procedimiento para realizar alguna petición, la que es atendida mediante la emisión de un acuerdo. Sobre el particular, conviene destacar algunas de las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 84/11, en la sesión del siete de septiembre de dos mil once, en la que estableció los parámetros para determinar cuándo un tercero pierde el carácter de extraño a un procedimiento, y que en la parte conducente dice: (.) Las partes son transitorias o incidentales cuando durante la tramitación de la causa hacen valer un derecho propio y autónomo del alegado por las partes permanentes, limitando su intervención solamente a un trámite o a una etapa de su desarrollo. Las partes transitorias o incidentales, siguiendo a Devis Echandía, están inhibidas para intervenir en cosa distinta de lo que no sea el trámite especial con ellas relacionado y para interponer recursos contra providencias distintas de aquellas en que se resuelve su situación. Por otra parte, el tercero es cualquier persona que no figura en el proceso como actor o como demandado y puede tener la connotación de tercero interesado cuando sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente que puede causarle algún perjuicio irreparable. (.) En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así. En ese orden de ideas, si en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Es decir, el conocimiento que se tiene a través de la notificación del requerimiento es insuficiente por sí mismo para constituir la vinculación con el proceso, pues para ello es necesario que quien fue requerido comparezca o se apersone a éste, pues con motivo de dicho acto procesal surge la vinculación del juzgador hacia el tercero que fue llamado en forma transitoria para intervenir en una etapa del desarrollo del proceso, ya sea como testigo, como perito para proporcionar la información requerida, o bien, para realizar una conducta necesaria para proseguir con el procedimiento, etcétera; de ahí que en virtud de ello sólo podrán interponer los recursos contra las providencias que estén relacionadas con su intervención. (.) Como puede apreciarse de la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en un procedimiento, será la absoluta falta de vinculación al proceso. Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra integrado al procedimiento, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. En esas condiciones, no puede considerarse que la peticionaria de amparo sea una persona extraña al procedimiento de ejecución de origen, dado que intervino durante el referido procedimiento, como se mencionó en líneas que anteceden, de ahí que se encuentre en aptitud de agotar el recurso conducente. Asimismo, tampoco se aprecia que los actos reclamados hayan sido verificados en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, derivan de un juicio ejecutivo mercantil. De igual forma, no se observa que el recurso de revocación esté sujeto a una interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia, pues como se ha puesto de relieve líneas arriba, se encuentra suficientemente regulado en el Código de Comercio, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. Para concluir, no sobra decir que aún cuando el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se considera como un acto de imposible reparación, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto; sin embargo, aun en los actos que tienen ese carácter es indispensable agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio constitucional, tal como se precisó en la jurisprudencia transcrita línea arriba que es de rubro siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Colegiado informa y solicita acuses Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual informa la radicación del recurso de queja Q-359/2022 interpuesto por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós de este índice; asimismo, solicita diversas constancias de notificación, al respecto se provee: Respecto a la constancia de notificación del auto de veintinueve de septiembre de año en curso, se ordena enviar copia certificada de la pieza postal que obra en autos; asimismo, se hace la precisión que si bien en dicha constancia se advierte como fecha del proveído que se notifica veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se trata de un error mecanográfico, pues dicho auto no existe en el presente juicio, máxime que el oficio que se le notificó es el 52726/2022 perteneciente al proveído del veintinueve de septiembre pasado. Ahora bien, respecto del acuse de notificación del veinticuatro de octubre el año en curso, se le envía la constancia de notificación por lista; en virtud de que, al ser la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien promovió el recurso, no se le envió oficio; no obstante, a efecto de cumplir con lo solicitado, se ordena notificar mediante oficio que derive del presente, el proveído de veinticuatro de octubre pasado a la citada autoridad. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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