Astrid Sanchez Ramos
Expediente 1203/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 27 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Astrid Sanchez Ramos
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo.
- Principal
Juicio de amparo 1203/2019-III treinta de noviembre de dos mil veintiunoEsperanza Huitrón Vázqueztreinta de noviembre de dos mil veintiuno VISTOS; para resolver los autos del juicio de Juicio de amparo 1203/2019-III, promovido por Astrid Sánchez Ramos, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido ese mismo día, por razón de turno a la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, la peticionaria de amparo Astrid Sánchez Ramos, por su propio derecho, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad: "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE : ORDENADORA: C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. IV.- ACTO RECLAMADO. *La omisión de resolver dentro del plazo legal establecido, el Recurso de Revocación interpuesto por mi abogado patrono[.] La quejosa narró los antecedentes del caso, y señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1°, 8° y 17 de la Constitución General de la República. 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 2 SEGUNDO.- En auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO.- Mediante escrito de veintiuno de enero de dos mil veinte, la quejosa Astrid Sánchez Ramos, amplió la demanda de amparo, en relación a los actos que reclama al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Tabares, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó los siguientes actos: ACTO RECLAMADO.- ? El auto de fecha ocho de enero de 2020 dictado por la responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, mismo que resolvió el recurso de revocación interpuesto por mi abogado patrono. ? La negativa de la autoridad responsable de decretar la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, no obstante de darse los supuestos del artículo 1076 del Código de Comercio." CUARTO.- Previa ratificación del ocurso de mérito, por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda de amparo y se requirió al juez responsable rindiera su respectivo informe justificado, se señaló fecha para audiencia; por ocurso registrado con el número 1661, el juez responsable rindió su respectivo informe justificado. 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 3 ??????????????? QUINTO.- Mediante escrito de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, la quejosa Astrid Sánchez Ramos, por su propio derecho, amplió su demanda de amparo, contra los actos que reclama al juez, siendo el siguiente: "El auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 61-1/2017, el cual supuestamente fue publicado en listas el día 18 de septiembre de 2019." SEXTO.- Previa ratificación, por auto de tres de marzo de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda y se requirió a la autoridad responsable que rindiera su respectivo informe justificado. Asimismo, por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, en términos de lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tuvo como tercero interesada a Rosa María Justo Apreza, quien fue emplazada al juicio; se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, la audiencia constitucional, se llevó acabo al tenor del acta que antecede: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 4 a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 5 ??????????????? además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento de lo anterior y para los efectos de dar precisión de los actos reclamados, y estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, del estudio integral de la demanda de amparo así como de las ampliaciones de la misma; se establece que la quejosa señaló como tales: 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 6 ? La omisión del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, de resolver dentro del plazo legal, el recurso de revocación, interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1. ? El auto de fecha ocho de enero de dos mil veinte, dictado por la responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, mismo que resolvió el recurso de revocación interpuesto por su abogado patrono. ? La negativa de la autoridad responsable de decretar la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, por considerar que se daban los supuestos del artículo 1076 del Código de Comercio. ? El auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, el cual aduce la quejosa supuestamente fue publicado en listas del día 18 de septiembre de 2019. TERCERO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 7 ??????????????? "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 8 de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta Ciudad, al rendir su respectivo informe justificado con el número de registro 3757 negó el diverso acto reclamado respecto al auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud de que dicho proveído como lo reconocía la propia peticionaria de garantías se publicó por lista de los estrados de dicho juzgado, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, publicación que realizó la licenciada Marcela Leonor Álvarez Robles, Actuaria de dicho órgano jurisdiccional, como se advertía de la lista de acuerdos de ese día, por lo que las partes deben estar al pendiente de las publicaciones que se realizan diariamente; anexando copia certificada de dicha publicación. En congruencia con lo anterior, ante la negativa expresa de la autoridad señalada como responsable resulta innecesario para ellas razonar y acreditar su dicho, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Aplica a lo anterior, lo dispuesto en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en Tomo III, Junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 9 ??????????????? Federación y su Gaceta, página 763, con registro 201964, que señala: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Así, tomando en consideración la negativa asentada en el informe rendido por el juez responsable, el diverso acto reclamado resulta inexistente. Ello resulta así, del informe justificado, al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte la existencia del citado acto reclamado. Y si bien es verdad, la parte quejosa, ofertó la prueba de inspección judicial, mediante escrito registrado con el número 2161 con la finalidad de acreditar que el acuerdo combatido no se publicó en la lista de acuerdos del juzgado responsable, el día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve; también lo es que de su desahogó no se advierte que dicho acuerdo se hubiera publicado en fecha diversa, a fin de desvirtuar la negativa por parte de la autoridad responsable, por lo que dicho medio de convicción no es suficiente para acreditar que el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, no se hubiera publicado el dieciocho de septiembre del citado año, por lo que procede en la especie decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, por cuanto hace a este acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 10 IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Así como por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Segunda Sección, Materia Común, Sexta Época, página 305, con registro 1002350, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO.- El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado registrado con el número 515 manifestó que no era cierto el acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro del plazo legal el recurso de revocación interpuesto por el abogado patrono de la parte quejosa, en virtud de que con fecha ocho de enero de dos mil veinte, se había resuelto el recurso de mérito, anexando las constancias que acreditaban su dicho. Por otra parte, el citado juez responsable en su informe justificado registrado con el número 1661, manifestó que era cierto el acto reclamado consistente en el auto de fecha once de noviembre del dos mil diecinueve, en el cual se le negó a la inconforme su petición por no darse el supuesto que establece el artículo 1076 del Código de Comercio, por no haberse dejado de actuar por más de ciento veinte días, ya que de acuerdo a la certificación de la fecha antes mencionada fenecería el catorce 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 11 ??????????????? de febrero del año dos mil veinte, la caducidad de la instancia; por lo que se tenía como plenamente probado en términos de la Jurisprudencial número 305, que sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las documentales que aportaron, consistentes en copias certificadas del expediente 61/2017-1, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por una funcionaria público en ejercicio de sus facultades. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causas de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 12 Se invoca por tener aplicación la Jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión del juez responsable de resolver dentro del plazo legal el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de noviembre de dos mil diecinueve; el suscrito advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". El análisis gramatical de tal normativo, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 13 ??????????????? mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al concluir su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 14 promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo vigente, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Analizando en forma integral la demanda de amparo, fácilmente puede advertirse que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación que interpuso en contra del proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del plazo legal establecido para ello; sin embargo, a la fecha, dicho acto ha desaparecido, por las siguientes consideraciones. En efecto, de las actuaciones que remitió la autoridad responsable se aprecia que por acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, el juez responsable resolvió el recurso de revocación, interpuesto por el abogado de la parte quejosa. 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 15 ??????????????? Por tanto, se reitera, que si de lo que la impetrante se duele es de la omisión de la responsable de resolver el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve; tal conducta ha desaparecido, ya que en proveído de ocho de agosto de dos mil veinte, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, se pronunció en relación al recurso de revocación interpuesto por el apoderado de la parte quejosa y la demanda de garantías se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, de ahí que cesaron los efectos del citado acto reclamado. Lo anterior implica que al haber desaparecido la conducta reclamada por la parte quejosa, han cesado los efectos del acto controvertido, con lo que, se materializa la hipótesis de improcedencia previamente citada, que impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, por cuanto hace a este acto.. Orienta la consideración que precede la Jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 16 constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la Tesis número P. CL/97, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." SEXTO.- Por cuanto hace a los diversos actos reclamados consistentes en el auto de fecha ocho de enero de dos mil veinte dictado por el juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 61/2017-1, que declaró improcedente el recurso de revocación, por considerar que no era procedente la caducidad 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 17 ??????????????? de la instancia, por no encontrarse en el supuesto que señalaba el artículo 1076 del Código de Comercio; esto es que no se había dejado de actuar por más de ciento veinte días hábiles, en virtud de que dicho término fenecería hasta el catorce de febrero de dos mil veinte; por lo que al no existir inactividad procesal resultaba improcedente el recurso de revocación, considerando de esta manera continuar con la substanciación de este último. El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que estatuyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Del análisis de los artículos en cita, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Entendiéndose estos últimos, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 18 de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio y/o procedimiento seguido en forma de juicio, que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205651, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Lo anterior, significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras; porque ésta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva y/o resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen, o bien, en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 19 ??????????????? Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros; citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmine a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo. Toda vez que en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio y/o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra el objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia y/o resolución definitiva favorable a sus intereses en el procedimiento de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderían en el caso de que la sentencia, o en su caso la resolución 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 20 definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Por otra parte, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de juicio, resulta procedente cuando se afecten derechos sustantivos; pero no lo es cuando se reclamen violaciones a las garantías que violen derechos humanos, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 201169, de título: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS". En el caso, la determinación reclamada constituye un acto de carácter intraprocesal que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Toda vez, que tuvo su origen en una determinación por la cual se consideró la negativa a decretar la caducidad de la instancia y se ordenó continuar con la substanciación del procedimiento natural; es decir, sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 21 ??????????????? sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter adjetivo. Lo anterior con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia con número de registro 2011428, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 1/2016 (10a.), Página: 15), cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 22 materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". De esta forma, la violación reclamada por la parte quejosa reviste un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 Constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales, las violaciones intraprocesales no pueden ser reclamadas cuando no tengan el 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 23 ??????????????? carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la Ley de la Materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir el agravio alegado, no transciende a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio por cuanto hace a los citados actos reclamados y, por ende, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia antes referida, y por la que se decretó el sobreseimiento, no puede entrarse al estudio y análisis del fondo del asunto. Al caso es aplicable, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a fojas 335, del Apéndice al Semanario 11/07/22 14:50:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.42 Esperanza Huitron Vazquez 24 Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 75, 76, 216 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Astrid Sánchez Ramos, por propio derecho, contra los actos y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Esperanza Huitrón Vázquez, Secretaria quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Notifico a la tercero interesada ROSA MARÍA JUSTO APREZA el contenido ´de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, con el contenido de la diligencia de inspección judicial, a fin de que se encuentren en aptitud de preparar su defensa o alegar lo que a sus intereses convenga; sin que a la fecha haya transcurrido dicho termino, dado que el día de hoy le fue notificado dicho acuerdo a la tercero interesada Rosa María Justo Apreza; en tales condiciones, para dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y para su verificativo se señalan trece horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,409 expedientes
- Ascención Mejía Chávez649/2021
- Ascensión Orozco Aguilar68/2009
- Asención Peredo Girón320/2016
- Asesoría y Servicios Profesionales Grupo Azul, Sociedad Civil466/2018
- Asociación de Condóminos Las Cascadas I378/2018
- Astrid Sánchez Ramos964/2017
- Astryd Jocelyn Salas Ramírez585/2019
- Asunción Barrera Ignacio690/2020
- Asunción Santos Baylón11/2018
- Athena Magdaleno Betancourt180/2018
- Atzelvi Guevara Sanchez90/2015
- Atziri Arredondo Pérez579/2023