Astrid Sánchez Ramos

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 34 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Astrid Sánchez Ramos
  • Astrid Sánchez Ramos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, VÍA ELECTRÓNICA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), de su artículo 18, previa conservación de la resolución que concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado la copia certificada de las constancias que integran el expediente número 373/2018-3, enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en obvio de mayores dilaciones devuélvase a su lugar de origen. Finalmente, de autos se aprecia que la quejosa exhibió junto con su escrito inicial de demanda diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichas documentales serán destruidas junto con el expediente, en el entendido de que acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, para su entrega previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), de su artículo 18, previa conservación de la resolución que concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado la copia certificada de las constancias que integran el expediente número 373/2018-3, enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en obvio de mayores dilaciones devuélvase a su lugar de origen. Finalmente, de autos se aprecia que la quejosa exhibió junto con su escrito inicial de demanda diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichas documentales serán destruidas junto con el expediente, en el entendido de que acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, para su entrega previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 590/2020. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Astrid Sánchez Ramos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Titular de la Jefatura de Desarrollo de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero. Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (de acuerdo con su escrito aclaratorio). Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (de acuerdo con su escrito aclaratorio). Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (de acuerdo con su escrito aclaratorio). Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (de acuerdo con su escrito aclaratorio). Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (de acuerdo con su escrito aclaratorio). Todos con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "a) El descuento indebido del 27% aplicado a mi sueldo y demás prestaciones laborales. b) La falta de emplazamiento al juicio familiar respectivo, en el que por concepto de pensión alimenticia se ordenó se me descontara el 27% de mi salario y demás prestaciones que obtengo como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (de acuerdo con el escrito aclaratorio)." SEGUNDO. Preceptos constitucionales transgredidos. La quejosa señaló como derechos públicos subjetivos vulnerados, los tutelados por los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramitación del juicio. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, por auto de veinticuatro de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual había sido registrada en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 590/2020; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CUARTO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado el quince de diciembre del año pasado, la quejosa amplió su demanda y designó como nuevas autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. 2. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tabares. 3. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutoras 4. Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero. 5. Jefe de Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas con domicilio en esta ciudad. 6. Presidente del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. Con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "c) A todas las autoridades responsables denominadas como ordenadoras les reclamo: El embargo trabado a mi salario por concepto de deuda mercantil, mediante el cual se ordenaron se me descontara el porcentaje respectivo de mi sueldo y demás prestaciones que obtengo como empleada del Seguro Social, y dicho producto entregárselo al Fondo Auxiliar de Justicia del Estado e Herlinda Sandoval Giles. A todas las autoridades responsables denominadas como ejecutoras les reclamo: d) La ejecución realizada al embargo de mi salario por concepto de deuda mercantil, mediante el cual ordenaron se me descontara el porcentaje respectivo de mi sueldo y demás prestaciones que obtengo como empleada del Seguro Social, y dicho producto entregárselo al Fondo Auxiliar de Justicia del Estado e Herlinda Sandoval Giles." QUINTO. Tramite de la ampliación de demanda. Por auto de doce de marzo del año en curso, se admitió a trámite la ampliación planteada, por lo que se pidió a las autoridades responsables de referencia su informe justificado. SEXTO. Separación de autos. Posteriormente, mediante proveído de veintiséis de abril último, se decretó la separación de actos y se declaró analizar en el presente juicio únicamente los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, y su ejecución atribuida al Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Personal en el Estado, al Jefe de Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Presidente del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos que se consideran de imposible reparación dictados dentro de un juicio de naturaleza civil y familiar que se tramita dentro de la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral que se realiza a la demanda así como a su escrito aclaratorio y su escrito de ampliación, se obtiene quela aquí quejosa Astrid Sánchez Ramos reclama por esta vía constitucional, lo siguiente: a) De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el embargo del veintisiete por ciento aplicado a su sueldo y demás prestaciones laborales, así como la falta de emplazamiento al juicio familiar respectivo, en el que por concepto de pensión alimenticia se ordenó se le descontara dicho porcentaje. b) Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, el embargo del salario de la aquí quejosa por concepto de una deuda mercantil, mediante el cual ordenó se le descontara el porcentaje respectivo de su sueldo y demás prestaciones que obtiene como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del juicio ejecutivo mercantil 373/2018-3. c) Del Apoderado Legal, del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Personal en el Estado y del Jefe de Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Presidente del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, la ejecución de los actos precisados en los considerandos que anteceden. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero, Segundo -por conducto de la Segunda Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por ministerio de ley-, Cuarto y Quinto, todos de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye identificado con el inciso a) del considerando que antecede. Asimismo, no obstante que no obra en autos el informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de la constancia que se allegó al sumario relativa al incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, se obtiene que dicha autoridad al rendir su informe previo negó la existencia de la conducta que se le reprocha, de ahí que debe prevalecer lo ahí informado. En ese sentido, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que la quejosa no rindió prueba idónea tendente a demostrar la existencia del acto que reclama a las citadas autoridades responsables y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por éstas, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables mencionadas en este considerando y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por su parte, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, así como el Jefe del Departamento Contencioso (por sí y en representación del Instituto), y el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, ambos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad, y el Presidente del Consejo de Administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos que se les atribuyen, pues al efecto refirieron que el descuento que se realiza a la quejosa del 30% del excedente del salario mínimo, obedece a lo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 373/2018-3, en el cual la quejosa Astrid Sánchez Ramos tiene el carácter de demandada. Certeza que además se corrobora con las documentales que en copia certificada anexaron a sus informes las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso por lo que hace al acto identificado en el inciso b) se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de esos requisitos que debe colmar el quejoso al acudir a la instancia constitucional, es el que se deriva del numeral 108, fracción II, de la Ley de Amparo, en el sentido de que en la demanda relativa debe señalarse a la autoridad responsable que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el que produciría lo anterior de realizarse, lo que en el caso corresponde al señalamiento como autoridad responsable del Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, que realizó la diligencia de emplazamiento y con posterioridad la diligencia de embargo del salario de la aquí quejosa Astrid Sánchez Ramos como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 373/2018-3. Lo anterior, en virtud de que no podría atribuírsele el carácter de parte en el juicio a dicha autoridad, a efecto de que este juzgador esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de ese proceder, ya que actuar de ese modo, no podría válidamente vincularse dicho análisis a los actos de una autoridad que no formó parte en la relación procesal y que le permitió aportar pruebas para demostrar la legalidad del acto que se le reprocha. En este punto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 411/2013, estableció lo siguiente: "59. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 60. Los artículos 116 y 120 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, establecían los requisitos del escrito inicial de demanda de amparo: (.) 62. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, una vez presentada la demanda de amparo, el Juez de Distrito deberá examinarla en su integridad para determinar si encuentra o no motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en cuyo caso la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Superado el primer análisis de procedencia de la demanda conforme al artículo mencionado, en el siguiente paso conforme al diverso 146, pueden presentarse varias hipótesis: a. El escrito de demanda satisface estrictamente los requisitos exigidos en el artículo 116, y con la misma se exhiben las copias a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito, conforme al artículo 147 de la ley, deberá admitir de inmediato la demanda y proseguir con la tramitación del juicio; y, b. Si la demanda contiene alguna irregularidad, sea porque el quejoso omitió los requisitos que exige el artículo 116 (nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; nombre y domicilio del tercero perjudicado; la autoridad o autoridades responsables; ley o acto que se reclame de cada autoridad; no haber expresado con precisión el acto reclamado; los conceptos de violación o no haber exhibido las copias que señala el artículo 120), el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que subsane las deficiencias dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. 63. El Juez de amparo, tiene la obligación de prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan o presente las copias que haya omitido dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. De no desahogarse la prevención, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso. En caso contrario, se correrá traslado a la autoridad ministerial para que exponga lo conducente a fin de que el Juez pueda admitir o desechar la demanda, según fuere procedente. 64. La prevención mencionada constituye una oportunidad procesal prevista en ley, que se otorga al justiciable para que subsane aquellas deficiencias que de alguna forma impiden la eficaz administración de justicia y la adecuada defensa de los derechos humanos. Tal actuación judicial encuentra su apoyo y justificación en la función conferida al Juez que, como director del proceso, tiene la obligación de llevar a cabo todo lo necesario para la debida integración y desarrollo adecuado del procedimiento que es sometido a su potestad, con el propósito de dirigirlo de manera óptima y efectiva e impulsarlo de forma que pase por sus distintas etapas con la mayor celeridad, sin estancamientos para lograr su máximo aprovechamiento en la actuación final que, ordinariamente, es la sentencia de mérito, en donde se resuelve el litigio que le da origen. 65. Esta función directiva es la que obliga al Juez a la vigilancia de los procedimientos jurisdiccionales desde su inicio y lo impulsa, por tanto, a examinar de inmediato si la demanda contiene todos los requisitos formales exigidos por el artículo 116 de la propia ley para su admisión a trámite, así como los que garanticen la viabilidad del proceso para la satisfacción de su cometido con una sentencia de fondo. 66. La función judicial en los términos explicados, incluye la atribución de requerir la corrección de las inconsistencias que advierta en la revisión de la demanda de amparo, mediante la notificación al promovente sobre los defectos o inconsistencias concretas advertidas y el otorgamiento de un plazo razonable para que éstas se subsanen, con la advertencia de las consecuencias legales que puede acarrear su inactividad ante el requerimiento formulado.(15) 67. La obligatoriedad de prevenir al quejoso, cuando del escrito inicial de demanda, el Juez de Distrito advierta que se omitió señalar como responsable a una autoridad a la cual le sea atribuible al acto reclamado, está contenida en la jurisprudencia 30/96 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, transcrita con anterioridad. 68. Por cuanto hace a la admisión, el artículo 147 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, dispone que de no encontrarse motivos de improcedencia o habiéndose superado las omisiones señaladas al quejoso, el Juez admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe justificado a las autoridades responsables y notificará al tercero perjudicado, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y dictará las providencias necesarias. 69. El artículo 147 de la Ley de Amparo dispone: (.) 70. Ahora bien, resulta evidente que los artículos 145, 146 y 147 de la Ley de Amparo, contienen un proceder metodológico preciso, respecto de los actos que deberá llevar a cabo el Juez de Distrito que conozca de una demanda de amparo indirecto. De la lectura de los mismos, se desprende que el primer paso que deberá llevar a cabo el Juez será el examen de la demanda para evaluar si encuentra o no motivos manifiestos de improcedencia. Lo anterior, a fin de evitar el trámite prolongado de una demanda, que de admitirse, dadas sus carencias, concluiría necesariamente en el sobreseimiento del juicio. 71. En segundo lugar, el Juez de Distrito deberá evaluar si la demanda de amparo cumple a cabalidad con los requisitos de los artículos 116 y 120 de la Ley de Amparo. De ser así, el juzgador deberá admitir a trámite la demanda, y mandará pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, a fin de que la relación procesal constitucional pueda constituirse adecuadamente. De lo contrario, el Juez deberá prevenir al quejoso para que subsane las deficiencias de su escrito o la carencia de requisitos extrínsecos a la demanda de amparo -las copias a que hace referencia el artículo 120 de la Ley de Amparo-.(16) 72. Por lo que hace al supuesto específico, consistente en que en el escrito de demanda, el promovente no señale como autoridad responsable al actuario encargado de la diligencia que se combate vía conceptos de violación, a pesar de señalar como responsables a diversas autoridades, esta Primera Sala estima que se actualiza una falta subsanable de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, en particular del requisito previsto en la fracción III del mismo.(17) 73. Ante dichas circunstancias, resulta evidente que el juzgador de amparo deberá prevenir al promovente de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo para que éste subsane la deficiencia de su escrito de demanda, consistente en no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor del acto que reclama, toda vez que dicho funcionario será el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, pues él conoce los detalles del acto reclamado; ello, con independencia de que el titular del tribunal sea señalado también como autoridad responsable como encargado de revisar el oficio del subalterno. Lo anterior, a fin de garantizar al promovente que pueda subsanar las deficiencias que impiden la adecuada constitución de la relación procesal. 74. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 29/94 del Tribunal Pleno, de rubro: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE."(18) 75. La prevención debe realizarse con anterioridad a la admisión de la demanda, de tal forma, que al momento de dar inicio al desarrollo del proceso, la relación procesal esté en aptitud de constituirse de forma adecuada, sin errores que puedan perjudicar a la impartición de justicia y a la protección adecuada de los derechos humanos de los promoventes de amparo. 76. Así, en aras de garantizar el inicio y conducción adecuada del proceso, el Juez, como rector del mismo, se encuentra obligado a prevenir al quejoso para que éste realice las precisiones necesarias y, subsanadas las deficiencias, dicte el auto de admisión de la demanda, el cual implica la iniciación del procedimiento de amparo. 77. Lo anterior con independencia de que el juzgador pueda enfrentarse a una hipótesis, donde la participación de una autoridad no señalada como responsable en el escrito de garantías, se advierta del informe justificado que con motivo de la constitución de la relación procesal se ordene. 78. Contrario a lo que determinó en su momento el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, esta Sala estima que cuando: (i) el Juez de Distrito advierte la irregularidad mencionada del análisis integral de la demanda de amparo; y, (ii) el quejoso no omitió señalar autoridades responsables, sino que incurrió en la falta subsanable de señalar como tal al actuario que realizó la diligencia que se combate en los conceptos de violación; el Juez deberá prevenir al promovente para que subsane la falta en que incurrió, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo ahora abrogada. Una vez que el promovente desahogue la prevención en la que señale si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar la prevención relativa dentro del término concedido para tal efecto, el Juez podrá estar en aptitud de dictar auto de admisión de la demanda, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance, o en su caso, tendrá o no como autoridad responsable a dicho actuario; pero tal prevención deberá realizarse antes de la admisión de la demanda, dado que de la lectura de los artículos 146 y 147 de la Ley de Amparo antes transcritos, no se advierte que se autorice al juzgador a que en el propio auto admisorio de la demanda pueda prevenir para que se subsane alguna irregularidad de la misma (requisitos del artículo 116). 79. Se enfatiza que en el supuesto sujeto a análisis, el promovente de amparo no omite incluir un capítulo de autoridades responsables, sino únicamente, incurre en la falta subsanable de señalar como tal al actuario que realizó la diligencia que se combate en los conceptos de violación. Lo anterior, pues en caso de que no exista capítulo de autoridades responsables, de no desahogarse la prevención, el Juez de Distrito habrá de tener por no interpuesta la demanda, sin que haya lugar a la iniciación del proceso. Sin embargo, cuando se señalan otras autoridades responsables y el promovente no desahogue la prevención, el Juez podrá admitir la demanda y dictar sentencia en plenitud de jurisdicción, con base en todos los elementos que sean puesto a su consideración. 80. Por último, se estima pertinente señalar que lo resuelto por esta Primera Sala no contradice lo resuelto por la tesis aislada CLXIV/98 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.". Lo anterior, en virtud de que de la ejecutoria que le dio origen, correspondiente al amparo en revisión 2662/98, resuelto el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se desprende que la hipótesis sujeta a consideración de la Segunda Sala es esencialmente distinta a la que en esta instancia se analiza. En aquel caso, ya se había mandado reponer procedimiento para el efecto de prevenir al quejoso, para que subsanara la omisión de señalar como responsable a una autoridad. No obstante ello, el quejoso no realizó una adecuada manifestación al respecto, por lo que la Segunda Sala de este Alto Tribunal, estimó incorrecto otorgarle una segunda oportunidad para regularizar su demanda.(19) 81. Cabe mencionar que no es obstáculo para resolver el punto de la presente contradicción, el que los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes hayan sido resueltos conforme a la Ley de Amparo abrogada, toda vez que es factible que, aunque se trate de normas que no se encuentran vigentes, puedan encontrarse algunos asuntos pendientes de resolución y que se encuentren regidos por dicha normatividad ahora abrogada. 82. Resultan aplicables las tesis jurisprudenciales, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGAL ES DEROGADOS."(20) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES.",(21) respectivamente." Lo anterior, derivó en la integración de la jurisprudencia 1a./J. 12/2014 (10a.), publicada en la página 687, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Luego, de lo anterior se obtiene cuál es el proceder del juez de Distrito, previo a admitir a trámite la demanda de amparo, para el caso de que, con los elementos con que dispone, advierta la participación de una autoridad que no fue señalada como responsable, específicamente cuando el acto reclamado se hizo consistir en la diligencia de notificación o emplazamiento y no se señale como autoridad responsable al funcionario que la realizó. Ello, porque el Juez de Distrito tiene la obligación de prevenir al quejoso para que llene los requisitos omitidos en su demanda de amparo, dado el carácter que se le reconoce como director del proceso, de ahí que tenga la obligación de efectuar todo cuanto esté a su alcance para lograr la debida integración y desarrollo del proceso. Así las cosas, debe decirse que la consecuencia de que en el presente juicio de garantías no se haya designado como responsable a la autoridad que realizó el acto reclamado, impide analizar la constitucionalidad de esa conducta, tornando improcedente la acción intentada, lo que a su vez conduce al sobreseimiento del juicio; lo anterior es así, porque sólo a través de la armonización de todos los elementos que componen la demanda se está en aptitud de dilucidar en torno a la cuestión efectivamente planteada, so pena de incurrir en la violación a las normas que rigen el procedimiento. Sobre el particular, conviene citar por identidad jurídica, el diverso criterio jurisprudencial número VI.2o. J/205, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Entonces, a la luz de las obligaciones inherentes al juzgador como director del proceso y de su debida integración, cuando la participación de una autoridad no designada como responsable no deriva del análisis de la demanda de amparo, sino de las constancias que fueron allegadas con motivo de los informes justificados, a fin de determinar cuál es la cuestión efectivamente planteada ante la potestad del juzgador y dar oportunidad a que se integre la relación procesal de modo que exista vinculación entre las partes que intervienen y la pretensión que se les reclama, también debe prevenirse al quejoso mediante notificación personal, precisamente para que manifieste si es su deseo designar como responsable a esa autoridad, para que, de ser el caso, puedan atenderse los motivos de queja que se enderecen en contra de la conducta desplegada por esta última. Lo anterior, en congruencia con el diverso criterio jurisprudencial número 2a./J. 112/2003, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En ese orden de ideas, es factible sostener que, si a pesar de que haber sido requerido el solicitante del amparo para que señalara su deseo de ampliar su demanda de garantías, respecto de una autoridad cuya participación se advirtió en la propia demanda o con motivo de los informes justificados rendidos por las responsables, y no lo hizo así, entonces debe sobreseerse el juicio por actualizarse la causa de improcedencia invocada, que como se dijo, deriva de la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto de una autoridad que no forma parte de la relación procesal derivada del juicio de garantías instaurado, de ahí que no pueda vinculársele con motivo de la decisión judicial. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. CLXIV/98, que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En ese orden, si en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al haber reclamado el embargo practicado a su salario, en cumplimiento a lo ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil 373/2018-3, y ser aquél la autoridad encargada de llevar a cabo la citada diligencia, así como el emplazamiento realizado por éste, pues refirió desconocer la existencia de algún juicio instruido en su contra, lo que no hizo así, pese a estar debidamente notificada de ello; entonces es procedente concluir que, en la especie, queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción II y 118, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es decretar su sobreseimiento por lo que ve al acto que se reclama al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares por los motivos precisados con anterioridad; determinación que se hace extensiva al Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Personal en el Estado y al Jefe de Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero (por sí y en representación del Instituto), ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Presidente del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, pues no se les atribuyó vicios propios en la ejecución de los actos reclamados que a su respecto compete. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, no obstante que algunos de los criterios invocados en el presente asunto fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 590/2020, en términos de lo expuesto en el tercero y último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso 5001/2021 de veintiséis de abril pasado, enviado con motivo de la separación de autos decretada en el expediente en que se actúa, e informa que dicho órgano se avocó al conocimiento de los actos reclamados por la quejosa Astrid Sánchez Ramos, al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y otras autoridades responsables, derivados del juicio ejecutivo mercantil 303-2/2017, el cual quedo registrado bajo el número de expediente 545/2021 de su índice. Notifíquese.

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