Astrid Janette Santiago Fernandez

Expediente 276/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
276/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Astrid Janette Santiago Fernandez
  • KENIA JOSELINE MENDOZA FERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Notificación personal.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por *****, esta última por su propio derecho y en representación de su menor hija******, contra actos del 1. Fiscal del Ministerio Público Investigador, con residencia en Cardel, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, con el número 276/2016-IV. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, de la debida imposición del indicado libelo se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII con el ordinal 6 de la Ley de Amparo en vigor Lo antes expuesto es así, toda vez que en el proemio de la demanda refieren que quienes la promueven son Astrid Janette Santiago Fernández, Kenia Joseline Mendoza Fernández, María Magdalena Fernández Jácome, esta última por su propio derecho y en representación de su menor hija Valeria Santiago Fernández, siendo únicamente quien firma el libelo constitucional Astrid Janette Santiago Fernández, sin que anexe documento idóneo con el cual acredite que haya sido designada para representar legalmente a las restantes. Ahora, debe decirse que la palabra personalidad tiene dos acepciones; la primera, se refiere a todos los atributos jurídicos de una persona; la segunda, a la aptitud legal de representación jurídica o legitimación procesal; por ello, las partes pueden otorgar facultades a un tercero para que las represente en un juicio o a través de un mandato, contrato que constituye la manera más común de perfeccionar la representación procesal, en virtud de que el mandante confiere al mandatario una representación para que actúe en su nombre y ejecute los actos jurídicos que le encomiende, o bien, a través de un poder, que es el acto en que se confiere formalmente la representación y puede revestir características de un acto unilateral. Así las cosas, es menester precisar que la legitimación puede ser ad-causam o ad procesum, la primera es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada y signada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona; mientras que la legitimación ad-procesum, se refiere a la capacidad para acudir a instar el procedimiento, y su carencia impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio. Lo anterior da lugar a que la legitimación ad-causam corresponda a las partes su oposición como excepción, mientras que la legitimación ad-procesum, es un presupuesto procesal que es dable analizar de oficio, para evitar que se dé trámite a un juicio improcedente, y con ello, en aras de una impartición de justicia expedita, las partes no sean obligadas a proseguir un juicio sin que haya razón legal para ello, pues al no encontrarse legitimada para promoverlo, no podría generarse mayor derecho a su favor que el que tenga, es decir, de carecer de legitimación ad-procesum. Por su parte, la representación común tiene lugar cuando en un mismo juicio existe pluralidad de actores o demandados, cuyas acciones o excepciones son comunes por tener intereses afines en el negocio, por lo que deberán litigar unidos nombrando a uno de ellos para que represente a todos; así, la representación común es una figura jurídica instituida dentro del procedimiento por economía procesal, parte en sentido material con interés personal en el negocio; por tanto, el representante común defenderá al mismo tiempo derechos propios y de sus representados, siendo requisito indispensable que sus intereses sean afines o comunes, ya que de lo contrario sería ilógico nombrar a un representante común. Así, partiendo de esa premisa, se advierte que no está acreditada la legitimación de las promoventes del amparo, pues la demanda no se encuentra signada por cada una de ellas, que permita advertir su voluntad expresa para acudir a esta instancia a dirimir una controversia que atañe a sus intereses; asimismo, no se advierte documento con firma autógrafa por parte de las restantes promoventes, que acrediten como representante común a la persona que se ostenta como tal, y en virtud que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la voluntad del particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional es presentando la demanda de amparo debidamente firmada; o en su caso, con la voluntad de las promoventes de señalarla con el carácter de representante común, esto, no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida, sino que constituye la ausencia total de la expresión de la voluntad de las ocursantes de instar en esta vía, por lo que, si se otorgara a las promoventes término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Máxime que, el juicio de derechos humanos únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto de autoridad que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, o por su representante legal, siempre y cuando se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, si de las constancias de autos tanto de primera como de segunda instancia no consta la voluntad manifiesta de las nombradas ni mucho menos que se haya reconocido la personalidad del representante común de las promoventes del juicio de amparo, éste deviene improcedente. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda, por manifiesta y notoria improcedencia, ello de conformidad con lo establecido por el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 6° y 61, fracción XXIII del mismo cuerpo de leyes. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Como lo solicita el impetrante en el escrito inicial de demanda, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el diverso 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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