Astrid Dennisee Martínez Gómez

Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Astrid Dennisee Martínez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Por sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno pronunciada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez, en contra de los actos que reclamó al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Hospital General de Zona y Medicina Familiar 1, San Luis Potosí, para los siguientes efectos: "[.] i). Provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta -tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario- y bajo su estricta responsabilidad, prescribir el procedimiento necesario para la recuperación de su salud; debiendo informarlo a la quejosa para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. ii). Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumplan con plan de actividad de laboratorio y valoración de biología de reproducción y, si es el caso, bajo su más estricta responsabilidad, llevar a cabo la intervención quirúrgica para extirpar el tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, si así fuera el caso determinarlo. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el veinte de octubre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha determinación. En autos obran las siguientes actuaciones: Acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se agregó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, con su anexo, al que adjuntó copia del citatorio dirigido a la quejosa a fin de que se presentara en la Subdirección Médica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 01, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que sea revisada por médico especialista y priorizar su atención médica. En el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de once de noviembre de la misma anualidad, se glosó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, al que anexó copia certificada del citatorio dirigido a la quejosa, a fin de que se presentara a cita en la Consulta Externa de Ginecología en el Hospital General de Zona 01, a las nueve horas del once de noviembre de dos mil veintiuno, para seguimiento y planeación de tratamiento. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se volvió a requerir a las citadas responsables para que informaran las acciones relativas al cumplimiento. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se glosó el oficio signado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, por el que comunicó que no es deseo de la quejosa atenderse clínicamente con ese Instituto, por lo que el Instituto responsable se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para justificar lo anterior, acompañó copia certificada de diversas constancias. Con dicha circunstancia se dio vista a la promovente del amparo, para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés convenga, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por lo anterior, en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se estableció que las autoridades han sido omisas en proveer de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta, prescribiendo el procedimiento necesario para la recuperación de su salud, además de que tampoco le ha sido informado el tratamiento conducente, para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. En tal virtud, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. En el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se glosó un oficio enviado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, al que acompañó copia certificada del citatorio dirigido a la quejosa, a fin de que se presente a cita en la Consulta Externa de Ginecología en el Hospital General de Zona 01, a las once horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, para seguimiento y planeación de tratamiento. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio signado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, en el que comunicó que la promovente del amparo no acudió el día y hora que fueron programados, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En esa misma fecha se requirió a la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez, para que dentro del plazo de tres días justifique su inasistencia a la consulta que le fue programada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar las constancias necesarias para acreditar su dicho. La parte quejosa no realizó manifestaciones respecto al requerimiento que le fue formulado, por lo que en el diverso auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables a fin de que informaran a este órgano jurisdiccional si la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez se ha presentado a las consultas que le han agendado en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, además de que se requirió por última ocasión a la citada quejosa para que informe el motivo por el cual no ha asistido a las consultas que le han sido programadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se le apercibió que de no dar cumplimiento dentro del término establecido para tal efecto, este órgano de control constitucional se pronunciará sobre su omisión de actuar y se decretará su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Mediante proveído de once de febrero del presente año, se glosó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, con su anexo, al que adjuntó copia certificada del correo electrónico en el que se aprecia que el once de noviembre de dos mil veintiuno se envió evidencia de que la paciente Astrid Dennisee Martínez Gómez no acudió a la cita programada, expresando su deseo de atenderse en médico particular, además de que su última valoración en dicha unidad fue el diecinueve de agosto del mismo año, de la cual también acompañó copia legalizada, posterior a esa fecha no ha solicitado nueva atención, ni ha acudido a esa unidad a pesar de haber sido citada. De constancias se aprecia que la parte quejosa no ha informado el motivo por el cual no ha asistido a las consultas, a fin de poder cumplir con la ejecutoria de que se trata, no obstante que el término que le fue concedido transcurrió del catorce al dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Por lo antes expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós y se procede a acordar lo conducente en relación a este juicio de amparo 701/2021-VII. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, donde se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades responsables Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Hospital General de Zona y Medicina Familiar 1, San Luis Potosí, provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta -tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario- y bajo su estricta responsabilidad, prescribir el procedimiento necesario para la recuperación de su salud; debiendo informarlo a la quejosa para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento, además de que garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumplan con plan de actividad de laboratorio y valoración de biología de reproducción y, si es el caso, bajo su más estricta responsabilidad, llevar a cabo la intervención quirúrgica para extirpar el tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, si así fuera el caso determinarlo. Determinación que el veinte de octubre siguiente, causó ejecutoria y posteriormente se ordenó requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma; la cual pese a diversos requerimientos que fueron formulados no se ha podido dar total cumplimiento; ello, debido a que la parte quejosa no ha realizado las acciones que a su parte corresponden para poder dar cumplimiento al fallo protector, no obstante que ya han transcurrido más de cuatro meses desde que se otorgó la protección constitucional. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, resulta que la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuencia de la parte quejosa de proseguir con le ejecución del fallo amparatorio. Esto ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si la afectada, ha expresado, con su reiterada omisión de actuar, su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que la propia afectada es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que las autoridades responsables hayan cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante las omisiones de la quejosa en el sentido que no tiene interés en continuar con el procedimiento de amparo y, por ende, de su ejecución de fallo amparatorio, debe tenérsele por desistida. Consecuentemente, el efecto jurídico del manifiesto desinterés por la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, en que se trata de atención médica personal, respecto de la cual la quejosa ha omitido continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que ha quedado sin materia el cumplimiento respectivo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno pronunciada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez, en contra de los actos que reclamó al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Hospital General de Zona y Medicina Familiar 1, San Luis Potosí, para los siguientes efectos: "[.] i). Provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta -tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario- y bajo su estricta responsabilidad, prescribir el procedimiento necesario para la recuperación de su salud; debiendo informarlo a la quejosa para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. ii). Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumplan con plan de actividad de laboratorio y valoración de biología de reproducción y, si es el caso, bajo su más estricta responsabilidad, llevar a cabo la intervención quirúrgica para extirpar el tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, si así fuera el caso determinarlo. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el veinte de octubre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha determinación. En autos obran las siguientes actuaciones: Acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se agregó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, con su anexo, al que adjuntó copia del citatorio dirigido a la quejosa a fin de que se presentara en la Subdirección Médica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 01, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que sea revisada por médico especialista y priorizar su atención médica. En el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de once de noviembre de la misma anualidad, se glosó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, al que anexó copia certificada del citatorio dirigido a la quejosa, a fin de que se presentara a cita en la Consulta Externa de Ginecología en el Hospital General de Zona 01, a las nueve horas del once de noviembre de dos mil veintiuno, para seguimiento y planeación de tratamiento. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se volvió a requerir a las citadas responsables para que informaran las acciones relativas al cumplimiento. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se glosó el oficio signado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, por el que comunicó que no es deseo de la quejosa atenderse clínicamente con ese Instituto, por lo que el Instituto responsable se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para justificar lo anterior, acompañó copia certificada de diversas constancias. Con dicha circunstancia se dio vista a la promovente del amparo, para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés convenga, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por lo anterior, en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se estableció que las autoridades han sido omisas en proveer de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta, prescribiendo el procedimiento necesario para la recuperación de su salud, además de que tampoco le ha sido informado el tratamiento conducente, para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. En tal virtud, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. En el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se glosó un oficio enviado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, al que acompañó copia certificada del citatorio dirigido a la quejosa, a fin de que se presente a cita en la Consulta Externa de Ginecología en el Hospital General de Zona 01, a las once horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, para seguimiento y planeación de tratamiento. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio signado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, en el que comunicó que la promovente del amparo no acudió el día y hora que fueron programados, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En esa misma fecha se requirió a la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez, para que dentro del plazo de tres días justifique su inasistencia a la consulta que le fue programada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar las constancias necesarias para acreditar su dicho. La parte quejosa no realizó manifestaciones respecto al requerimiento que le fue formulado, por lo que en el diverso auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables a fin de que informaran a este órgano jurisdiccional si la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez se ha presentado a las consultas que le han agendado en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, además de que se requirió por última ocasión a la citada quejosa para que informe el motivo por el cual no ha asistido a las consultas que le han sido programadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se le apercibió que de no dar cumplimiento dentro del término establecido para tal efecto, este órgano de control constitucional se pronunciará sobre su omisión de actuar y se decretará su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Mediante proveído de once de febrero del presente año, se glosó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, con su anexo, al que adjuntó copia certificada del correo electrónico en el que se aprecia que el once de noviembre de dos mil veintiuno se envió evidencia de que la paciente Astrid Dennisee Martínez Gómez no acudió a la cita programada, expresando su deseo de atenderse en médico particular, además de que su última valoración en dicha unidad fue el diecinueve de agosto del mismo año, de la cual también acompañó copia legalizada, posterior a esa fecha no ha solicitado nueva atención, ni ha acudido a esa unidad a pesar de haber sido citada. De constancias se aprecia que la parte quejosa no ha informado el motivo por el cual no ha asistido a las consultas, a fin de poder cumplir con la ejecutoria de que se trata, no obstante que el término que le fue concedido transcurrió del catorce al dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Por lo antes expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós y se procede a acordar lo conducente en relación a este juicio de amparo 701/2021-VII. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, donde se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades responsables Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Hospital General de Zona y Medicina Familiar 1, San Luis Potosí, provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta -tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario- y bajo su estricta responsabilidad, prescribir el procedimiento necesario para la recuperación de su salud; debiendo informarlo a la quejosa para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento, además de que garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumplan con plan de actividad de laboratorio y valoración de biología de reproducción y, si es el caso, bajo su más estricta responsabilidad, llevar a cabo la intervención quirúrgica para extirpar el tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, si así fuera el caso determinarlo. Determinación que el veinte de octubre siguiente, causó ejecutoria y posteriormente se ordenó requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma; la cual pese a diversos requerimientos que fueron formulados no se ha podido dar total cumplimiento; ello, debido a que la parte quejosa no ha realizado las acciones que a su parte corresponden para poder dar cumplimiento al fallo protector, no obstante que ya han transcurrido más de cuatro meses desde que se otorgó la protección constitucional. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, resulta que la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuencia de la parte quejosa de proseguir con le ejecución del fallo amparatorio. Esto ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si la afectada, ha expresado, con su reiterada omisión de actuar, su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que la propia afectada es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que las autoridades responsables hayan cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante las omisiones de la quejosa en el sentido que no tiene interés en continuar con el procedimiento de amparo y, por ende, de su ejecución de fallo amparatorio, debe tenérsele por desistida. Consecuentemente, el efecto jurídico del manifiesto desinterés por la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, en que se trata de atención médica personal, respecto de la cual la quejosa ha omitido continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que ha quedado sin materia el cumplimiento respectivo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Glósese el oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, con su anexo, mediante el cual en atención a lo requerido en el acuerdo de dos de febrero del año en curso, contesta los oficios 3445/2022 y 3446/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. La citada autoridad adjunta copia certificada del correo electrónico en el que se aprecia que el once de noviembre de dos mil veintiuno se envió evidencia de que la paciente Astrid Dennisee Martínez Gómez no acudió a la cita programada, expresando su deseo de atenderse en médico particular, además de que su última valoración en dicha unidad fue el diecinueve de agosto del mismo año, de la cual también acompaña copia legalizada, posterior a esa fecha no ha solicitado nueva atención, ni ha acudido a esa unidad a pesar de haber sido citada. En tal virtud, una vez que transcurran los tres días del requerimiento efectuado a la parte quejosa en el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, se acordará lo que en derecho corresponda en el presente asunto.

  4. Principal

    Por sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno pronunciada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez, en contra de los actos que reclamó al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Hospital General de Zona y Medicina Familiar 1, San Luis Potosí, para los siguientes efectos: "[.] i). Provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta -tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario- y bajo su estricta responsabilidad, prescribir el procedimiento necesario para la recuperación de su salud; debiendo informarlo a la quejosa para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. ii). Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumplan con plan de actividad de laboratorio y valoración de biología de reproducción y, si es el caso, bajo su más estricta responsabilidad, llevar a cabo la intervención quirúrgica para extirpar el tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, si así fuera el caso determinarlo. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el veinte de octubre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha determinación. En autos obran las siguientes actuaciones: Acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se agregó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, con su anexo, al que adjuntó copia del citatorio dirigido a la quejosa a fin de que se presentara en la Subdirección Médica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 01, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que sea revisada por médico especialista y priorizar su atención médica. En el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de once de noviembre de la misma anualidad, se glosó un oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, al que anexó copia certificada del citatorio dirigido a la quejosa, a fin de que se presentara a cita en la Consulta Externa de Ginecología en el Hospital General de Zona 01, a las nueve horas del once de noviembre de dos mil veintiuno, para seguimiento y planeación de tratamiento. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se volvió a requerir a las citadas responsables para que informaran las acciones relativas al cumplimiento. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se glosó el oficio signado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, por el que comunicó que no es deseo de la quejosa atenderse clínicamente con ese Instituto, por lo que el Instituto responsable se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para justificar lo anterior, acompañó copia certificada de diversas constancias. Con dicha circunstancia se dio vista a la promovente del amparo, para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés convenga, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por lo anterior, en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se estableció que las autoridades han sido omisas en proveer de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, la atención médica de especialista en el padecimiento que presenta, prescribiendo el procedimiento necesario para la recuperación de su salud, además de que tampoco le ha sido informado el tratamiento conducente, para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. En tal virtud, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. En el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se glosó un oficio enviado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, al que acompañó copia certificada del citatorio dirigido a la quejosa, a fin de que se presente a cita en la Consulta Externa de Ginecología en el Hospital General de Zona 01, a las once horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, para seguimiento y planeación de tratamiento. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio signado por el abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social San Luis Potosí, en el que comunicó que la promovente del amparo no acudió el día y hora que fueron programados, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En esa misma fecha se requirió a la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez, para que dentro del plazo de tres días justifique su inasistencia a la consulta que le fue programada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar las constancias necesarias para acreditar su dicho, sin que hasta dado cumplimiento a lo anterior. Por lo anterior, en el acuerdo de catorce de enero de la presente anualidad se volvió a requerir a la quejosa para que informara a este órgano jurisdiccional el motivo por el cual no ha asistido a las consultas que le han sido programadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa no ha informado el motivo por el cual no ha asistido a las consultas antes mencionadas, a fin de poder cumplir con la ejecutoria de que se trata, no obstante que el término que le fue concedido transcurrió del veinticinco al veintisiete de enero de dos mil veintidós. Requerimiento a las autoridades responsables. En virtud de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informen a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, si la quejosa Astrid Dennisee Martínez Gómez se ha presentado a las consultas que le han agendado en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo 701/2021-VII. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se les impondrá como medida de apremio, a cada una, multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes. Requerimiento a la parte quejosa. Asimismo, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, que se le conceden con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el motivo por el cual no ha asistido a las consultas que le han sido programadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término establecido para tal efecto, este órgano de control constitucional se pronunciará sobre su omisión de actuar y se decretará su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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