Astrid Alcira García Aranda
Expediente 1273/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miranda Vasconcelos García
- Astrid Alcira García Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mesa de Amparo III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese el expediente principal como asunto concluido. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... [...]. Por otra parte, por carecer de objeto su permanencia en este juzgado devuélvase a la juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, la documental que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
Mesa de Amparo III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que causó estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; que por una parte se concedió la suspensión provisional y por otra se negó y concedió la definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, remite las constancias requeridas en auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, de las que se advierte dejó insubsistente la orden de arresto decretado contra la aquí quejosa. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó en esencia de la juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca y secretaria adscrita a dicho juzgado, lo siguiente: ". reclamó la medida de apremio consistente en un arresto por seis horas, la cual fue dictada y que se me pretenden ejecutar por haberla dictado así, dentro de la audiencia de carácter familiar celebrada en fecha veintisiete de noviembre del presente año.". En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de arresto decretado contra la aquí quejosa, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado; máxime que en el acuerdo dictado en la diligencia de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo por justificada su inasistencia a la diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, lo que motivo precisamente que se dejará sin efecto el apercibimiento con que se le había conminado consistente en un arresto por seis horas. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, remite las constancias requeridas en auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, de las que se advierte dejó insubsistente la orden de arresto decretado contra la aquí quejosa. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó en esencia de la juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca y secretaria adscrita a dicho juzgado, lo siguiente: ". reclamó la medida de apremio consistente en un arresto por seis horas, la cual fue dictada y que se me pretenden ejecutar por haberla dictado así, dentro de la audiencia de carácter familiar celebrada en fecha veintisiete de noviembre del presente año.". En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de arresto decretado contra la aquí quejosa, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado; máxime que en el acuerdo dictado en la diligencia de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo por justificada su inasistencia a la diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, lo que motivo precisamente que se dejará sin efecto el apercibimiento con que se le había conminado consistente en un arresto por seis horas. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)
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