Assam Santini Ignacio

Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
442/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México Adscrito A la Unidad de Gestión Judicial Número Seis
  • Assam Santini Ignacio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso **********, en cumplimiento a la prevención realizada en autos señala que los actos reclamados en el presente asunto lo constituyen: "A).- LA AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA DE TRES 3 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL NEGO CONCEDERME LA REPOSICIÓN DE LOS PLAZOS CONTENIDOS EN AUTO DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES. B).- LA AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA DE TRES 3 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL DICTO AUTO DE APERTURA A JUICIO. (.) C).- EL AUTO DE FECHA DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES DICTADO POR EL C. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL SÉIS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL QUE SE SEÑALA DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE (DE JUICIO) EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO TE006/0139/2023.". Además, respecto de aquel acto por el que subsistió la prevención como se precisó en el auto de cinco de julio último, refiere que no se tenga por señalado; en ese sentido, se tiene por satisfecha la prevención de marras, para los efectos legales a que haya lugar. Fijación de litis Precisado lo anterior, atento a lo señalado en el escrito inicial de demanda, así como en los pliegos aclaratorios, se fijan como actos materia del presente juicio de amparo, los siguientes: A. Resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitida en la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial**********, en la que se negó la reposición de plazos solicitada. B. Auto de apertura a juicio, emitido en la aludida audiencia intermedia de tres de mayo de dos mil veintitrés. C. Auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Seis del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate en la carpeta de enjuiciamiento ************. Improcedencia respecto del acto a. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Al respecto, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto, casos en que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, el artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, de la ley de la materia, establecen, a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De lo transcrito se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Al efecto, debe partirse de que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primer exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Como se advierte, el acto reclamado consiste en la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitida en la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 006/1871/2022, en la que se negó la reposición de plazos solicitada, y como consecuencia, se dictó auto de apertura a juicio. Ahora, de la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados se desprende que la parte quejosa solicitó ante la Juez responsable la reposición de plazos, por considerar que no estuvo debidamente asistido durante la sustanciación del proceso. Por tal motivo, se considera que el acto reclamado no provoca una afectación directa a los derechos sustantivos, lo cual sería indispensable para la procedencia del juicio de amparo, si no que únicamente afecta derechos adjetivos (procesales), los cuales son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando se emita la sentencia correspondiente, pues como se señaló, las violaciones que refiere la parte quejosa se suscitaron durante el proceso (etapa complementaria), únicamente atañen a cuestiones procesales. No se inadvierte que la norma secundaria prevé expresamente la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en contra de actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, se itera, en el caso no sucede, en los términos explicados en párrafos precedentes. Ahora bien, con independencia de la causal previamente actualizada, el suscrito advierte la operancia de otra diversa. En efecto, se considera que en la especie también se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los presupuestos siguientes: 1. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, de manera que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de garantías. 4. Existencia de autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. La anterior consideración, cobra sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).-Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". En ese orden de ideas, conviene precisar que el procedimiento penal de corte acusatorio, comprende tres etapas, como así lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.". (Lo destacado es nuestro) De lo transcrito, se advierte que, el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo que la recepción de éste la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. En ese sentido, la recepción del auto de apertura a juicio, en el nuevo sistema, abre la etapa de juicio, en la que se dictara la resolución correspondiente que dirima el proceso. Así las cosas, si el acto reclamado consiste en la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitida en la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial ***********, en la que se negó la reposición de plazos solicitada, fue emitido en la audiencia intermedia y con posterioridad a ello se dictó auto de apertura a juicio, se concluye que ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado. El efecto legal del acto impugnado concluyó en el momento en que el Juez de Control dictó el auto de apertura a juicio, momento en que operó el cambio de situación jurídica, porque la continuación del procedimiento quedó sometida a la potestad del Tribunal que tendrá a cargo el dictado de la sentencia y; consecuentemente, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la apertura a juicio oral. Resulta ilustrativa la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado." Criterio que establece que las cuestiones relativas a la audiencia intermedia, deben quedar definitivamente dilucidadas antes de la apertura del juicio oral, pues de lo contrario tal debate no podría ser retomado en la etapa de juicio oral, por lo que es indudable que se actualiza la citada causal. Improcedencia del acto b. Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el auto de apertura a juicio, emitido en la aludida audiencia intermedia de tres de mayo de dos mil veintitrés. Precisado ello, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos (aparte de los previstos en las XXII fracciones anteriores) en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la misma ley de la materia. En el caso interesa la fracción V de su artículo 107 de la Ley de Amparo, la cual señala que el amparo indirecto procede: "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; lo cual, aplicado en sentido contrario, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 antes señalado, configura la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, cuya ejecución no sea de imposible reparación. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el Tribunal de Enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de -dos fases-: una escrita, que inicia con el ocurso de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el Juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el Juez de Control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Ello, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Entonces, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que los actos reclamados no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues "el auto de apertura a juicio oral" (del que emana el acto reclamado), define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente promueva contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra los actos que culminaron con el dictado del auto de apertura a juicio oral es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Tal criterio tiene fiel apego a lo sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, del que derivó la siguiente tesis aislada: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.". Improcedencia acto c. Respecto al acto consistente en el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Seis del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate en la carpeta de enjuiciamiento *************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Esto es, cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio pero que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que sean susceptibles de ser reparadas, el amparo indirecto será improcedente. En relación con lo anterior, es menester precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación en los siguientes casos: 1. Cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide su libre ejercicio en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. En el caso de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa lógica, los actos reclamados no se ubican en ninguno de los mencionados supuestos, pues en el juicio de amparo directo, en su caso, se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa, sería materia de ese juicio; por lo que no estamos en presencia de actos de imposible reparación. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.". (Lo destacado es propio). De lo anterior se obtiene que, en el supuesto de que, se afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la etapa de juicio, sus efectos podrían repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. Esto es, en todo caso, constituirían violaciones a las leyes del procedimiento, lo cual no necesariamente ocasionará que la determinación que se dicte sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa; además, de obtener fallo favorable, las posibles violaciones que pudieran resultar se extinguirán automáticamente, sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si el sentido de la sentencia le resultara desfavorable, tales violaciones debe hacerlas valer al momento en que se impugne, pues hasta ese momento procesal se podría determinar si las violaciones procesales afectaron o no las defensas de la parte quejosa trascendiendo al sentido del fallo. Por ende, se itera, el acto aquí reclamado identificado como el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señala día y hora para la audiencia de debate (de juicio) en la carpeta de enjuiciamiento TE006/0139/2023, en su caso, podrá ser materia de análisis como violaciones procesales en el juicio de amparo directo, en donde se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio, precisamente por ocurrir en esa etapa. En consecuencia, como se adelantó, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por el tema que aborda, sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, siguiente: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso.". Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA la presente demanda de amparo por su indudable y manifiesta improcedencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso *********, pretende desahogar la prevención que le fue realizada el veintisiete de junio pasado, en el que se le requirió para que dentro del término de cinco días hábiles, precisara bajo protesta de decir verdad, de manera precisa y clara cuál es el acto o actos reclamados que en esta vía combate, esto es, que si lo que reclama es: a) La audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, en el que el Juez responsable le negó su petición de reposición de plazos. b) El auto de apertura a juicio, dictado en la aludida audiencia; o, c) El auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate, o bien, únicamente la fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que se llevara a cabo ésta audiencia. Ahora bien, del ocurso que se atiende se observa que refiere como actos reclamados los siguientes: "A).- LA AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA DE TRES 3 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL NEGO CONCEDERME LA REPOSICIÓN DE LOS PLAZOS CONTENIDOS EN AUTO DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES. B).- LA AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA DE TRES 3 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL DICTO AUTO DE APERTURA A JUICIO. C).- EL AUTO DE FECHA DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES DICTADO POR EL C. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL SÉIS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL QUE SE SEÑALA DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE (DE JUICIO) EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO **************D).- LA AUDIENCIA DE DEBATE DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO SEÑALA DIA Y HORA PARA SU CONTINUACIÓN, EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO ********. POR OTRA PARTE, Y DEBIDO QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA DICTADO EL AUTO ADMISORIO DEL JUICIO DE AMPARO QUE AL RUBRO SE INDICA, ES NECESARIO HACER DEL CONOCIMIENTO DE SU SEÑORIA, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE TAMBIEN CONSTITUYEN ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL SIGUIENTE HECHO, QUE DE CONFORMIDAD CON LA DEMANDA INICIAL LE CORRESPONDE EL HECHO 12.- EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINITRÉS, FECHA EN LA QUE FUE SEÑALADA PARA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO **************, LA JUEZ DE ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTION SEIS, DIFIRIO LA CITADA AUDIENCIA, PARA CELEBRARSE EL DIA VEINTICUATRO 24 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE MI ASESOR JURÍDICO PARTICULAR SE ENCONTRO ENFERMA.". En virtud de lo anterior, SE TIENE POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN PLANTEADA EN AUTOS ÚNICAMENTE por lo que hace a los actos reclamados identificados en los incisos a), b); y, respecto al diverso mencionado en el inciso c) sólo por el consistente en el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate; no así en cuanto a la designación como acto reclamado de la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia de debate (veintiocho de junio de dos mil veintitrés). Ello es así, pues, de la lectura del auto de prevención, en lo que interesa, se desprende que el justiciable debía precisar si señala como acto reclamado: "c) El auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate, o bien, únicamente la fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que se llevara a cabo ésta audiencia.". Sin que del ocurso que se atiende se advierta que el promovente aclara dicho punto en lo que refiere a su intención de señalar el auto que fijó fecha para la audiencia de debate; o bien, únicamente la fecha señalada para su verificativo; sino que se desprende que el justiciable señala un nuevo acto reclamado que no fue de aquellos a los que se hizo mención en el auto de prevención, ya que pretende incorporar a la litis la audiencia de debate de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta de enjuiciamiento ********. De ahí que si de autos se advierte que la demanda que dio origen a este sumario, se presentó el veintitrés de mayo del año en curso, no resulta dable señalar como actos reclamados actuaciones de la autoridad posteriores a la presentación de la misma. En ese orden de ideas, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de mérito, toda vez que el justiciable no es claro en especificar qué acto pretende combatir; esto es, precisar si además del auto de doce de mayo aludido, también señala la fecha fijada para la audiencia de debate, ello atendiendo que acorde a lo plasmado en párrafos precedentes, respecto a dicho acto ya se tuvo por cumplida la prevención efectuada. Finalmente, dígase a la parte quejosa que en atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintisiete de junio del año en curso, se otorgaron cinco días hábiles, a efecto de que el quejoso desahogara la prevención realizada en esa data y toda vez que presentó el escrito con el que pretendió desahogar tal prevención el cuatro de los corrientes, se colige que el plazo se interrumpe y por ello cuenta con cinco días hábiles, a efecto de que desahogue la prevención que le fue realizada, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en esa data. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de datos y rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso *********, pretende desahogar la prevención que le fue realizada el veintisiete de junio pasado, en el que se le requirió para que dentro del término de cinco días hábiles, precisara bajo protesta de decir verdad, de manera precisa y clara cuál es el acto o actos reclamados que en esta vía combate, esto es, que si lo que reclama es: a) La audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, en el que el Juez responsable le negó su petición de reposición de plazos. b) El auto de apertura a juicio, dictado en la aludida audiencia; o, c) El auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate, o bien, únicamente la fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que se llevara a cabo ésta audiencia. Ahora bien, del ocurso que se atiende se observa que refiere como actos reclamados los siguientes: "A).- LA AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA DE TRES 3 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL NEGO CONCEDERME LA REPOSICIÓN DE LOS PLAZOS CONTENIDOS EN AUTO DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES. B).- LA AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA DE TRES 3 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL DICTO AUTO DE APERTURA A JUICIO. C).- EL AUTO DE FECHA DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES DICTADO POR EL C. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL SÉIS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL QUE SE SEÑALA DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE (DE JUICIO) EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO **************D).- LA AUDIENCIA DE DEBATE DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO SEÑALA DIA Y HORA PARA SU CONTINUACIÓN, EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO ********. POR OTRA PARTE, Y DEBIDO QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA DICTADO EL AUTO ADMISORIO DEL JUICIO DE AMPARO QUE AL RUBRO SE INDICA, ES NECESARIO HACER DEL CONOCIMIENTO DE SU SEÑORIA, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE TAMBIEN CONSTITUYEN ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL SIGUIENTE HECHO, QUE DE CONFORMIDAD CON LA DEMANDA INICIAL LE CORRESPONDE EL HECHO 12.- EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINITRÉS, FECHA EN LA QUE FUE SEÑALADA PARA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE EN LA CARPETA DE ENJUICIAMIENTO **************, LA JUEZ DE ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTION SEIS, DIFIRIO LA CITADA AUDIENCIA, PARA CELEBRARSE EL DIA VEINTICUATRO 24 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE MI ASESOR JURÍDICO PARTICULAR SE ENCONTRO ENFERMA.". En virtud de lo anterior, SE TIENE POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN PLANTEADA EN AUTOS ÚNICAMENTE por lo que hace a los actos reclamados identificados en los incisos a), b); y, respecto al diverso mencionado en el inciso c) sólo por el consistente en el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate; no así en cuanto a la designación como acto reclamado de la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia de debate (veintiocho de junio de dos mil veintitrés). Ello es así, pues, de la lectura del auto de prevención, en lo que interesa, se desprende que el justiciable debía precisar si señala como acto reclamado: "c) El auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate, o bien, únicamente la fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que se llevara a cabo ésta audiencia.". Sin que del ocurso que se atiende se advierta que el promovente aclara dicho punto en lo que refiere a su intención de señalar el auto que fijó fecha para la audiencia de debate; o bien, únicamente la fecha señalada para su verificativo; sino que se desprende que el justiciable señala un nuevo acto reclamado que no fue de aquellos a los que se hizo mención en el auto de prevención, ya que pretende incorporar a la litis la audiencia de debate de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta de enjuiciamiento ********. De ahí que si de autos se advierte que la demanda que dio origen a este sumario, se presentó el veintitrés de mayo del año en curso, no resulta dable señalar como actos reclamados actuaciones de la autoridad posteriores a la presentación de la misma. En ese orden de ideas, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de mérito, toda vez que el justiciable no es claro en especificar qué acto pretende combatir; esto es, precisar si además del auto de doce de mayo aludido, también señala la fecha fijada para la audiencia de debate, ello atendiendo que acorde a lo plasmado en párrafos precedentes, respecto a dicho acto ya se tuvo por cumplida la prevención efectuada. Finalmente, dígase a la parte quejosa que en atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintisiete de junio del año en curso, se otorgaron cinco días hábiles, a efecto de que el quejoso desahogara la prevención realizada en esa data y toda vez que presentó el escrito con el que pretendió desahogar tal prevención el cuatro de los corrientes, se colige que el plazo se interrumpe y por ello cuenta con cinco días hábiles, a efecto de que desahogue la prevención que le fue realizada, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en esa data. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de datos y rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Notifíquese personalmente al quejoso. ".

  4. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual devuelve la copia certificada derivada del juicio de amparo número 442/2023-I, promovido por ********************, así como copia certificada de la resolución aprobada en sesión ordinaria pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Queja Penal 148/2023, formada con motivo del recurso hecho valer por la justiciable, en contra del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado por este juzgado de distrito, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja.". Sin que se acuse recibo por así haberse precisado. Por otra parte, se ordena la destrucción de las constancias que acompañaron al oficio de cuenta al ser innecesaria su retención. En virtud de lo emitido por el órgano colegiado, provéase lo conducente. En ese sentido, se deja sin efectos el proveído recurrido. Prevención Con fundamento en los artículos 112, 114 y 108 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, bajo protesta de decir verdad señale de manera precisa y clara cuál es el acto o actos reclamados que en esta vía combate, esto es, que si lo que reclama es: La audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, en el que el Juez responsable le negó su petición de reposición de plazos. El auto de apertura a juicio, dictado en la aludida audiencia; o, El auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se señaló día y hora para la audiencia de debate, o bien, únicamente la fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que se llevara a cabo ésta audiencia. Lo anterior a fin de estar en posibilidad de proveer lo conducente. Se apercibe al quejoso, que de no cumplir con todo lo aquí ordenado dentro del plazo de cinco días que se fija para ello, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, que establece: "(.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.).". Con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que el suscrito esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio: una para la autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. ".

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