Asminda Alvarado Salgado
Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Asminda Alvarado Salgado
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, se tiene por recibido el escrito firmado por CARLOS ARTURO BERNAL GARFIAS, autorizado de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido y como lo solicita, téngase como nuevo domicilio para recibir notificaciones el que indica.
- Principal
Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene como prueba la documental que exhibe, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente se transcribe: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1995, Tomo II, página 594). Asimismo, y dado lo voluminoso de las copias certificadas del expediente 1414/18-14-01-4 relativo al juicio contencioso administrativo de su índice que exhibe, fórmese un tomo de pruebas por separado, que deberá tenerse a la vista al momento de resolver el presente asunto. En relación con lo anterior, es preciso decir que el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento no sólo del informe justificado rendido en autos, sino además de aquellas constancias que se recaben de manera oficiosa por encontrarse relacionadas con la emisión del acto que se reclame, se les deberá dar vista con éstos, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta fue fijada para la presente fecha, por lo que el plazo a que se refiere el artículo en mención, para darle vista a las partes con el informe justificado, no se cumple pues aún no se ha agotado. Por lo tanto, y con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia, lo procedente es otorgar el plazo mínimo necesario para que las partes puedan imponerse del contenido de dicho informe. ????????? Para robustecer lo anterior, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 5). Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia VI.3o.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 667, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS". Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Finalmente, se ordena notificar electrónicamente y publíquese en la lista de la misma manera el presente acuerdo a las partes y a las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 49/2021 y fórmese expediente. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite el mismo. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo tercero de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquesele que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir oficios que se le dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253). Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, se tiene como tercera interesada a la autoridad JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; en consecuencia, emplácesele por oficio tal y como lo establece el numeral 26, fracción II inciso b) del ordenamiento legal en cita. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el indicado en el escrito inicial de demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Arturo Bernal Garfias, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan José Gamiño Gómez, Jessica Mejía Covarrubias, Patricia Carolina Rosas Martínez, Daniela Guadalupe Hernández Garduño, Ulises Delgadillo Martínez, Iván Alexis Espinosa Puerto, Brenda Leticia Hernández Huerta, Johana Edith Domínguez Morales, Valeria Servín Barragán, Octavio Bocanegra Delgado, Gloria Margarita Cabrera Martínez e Ivette Melissa Cabrera, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que los acredite como Licenciados en Derecho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que las manifestaciones que formulen por escrito en el expediente en que se actúa, previa certificación, se agregarán a los autos y el día de la audiencia constitucional se dará cuenta con los mismos en vía de alegatos a fin de que este juzgador acuerde lo que en derecho corresponda. En caso que las partes interpongan los recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. En ese orden, de conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 57 y 62 del Código Adjetivo Civil, este órgano jurisdiccional determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni constituyan determinaciones judiciales adoptadas (acuses de recibo, autorizaciones de las partes, notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, por citar algunas de tal naturaleza) con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del artículo 62 del citado Código, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente su petición, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante el acuerdo del juzgador y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, así como la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el asunto, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, previa toma de razón que obren en autos, a través de solicitud por escrito realizada al Secretario de Juzgado encargado del expediente. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las autoridades responsables para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se requiere a las partes para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio del año en curso, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copias certificadas del presente proveído. En el entendido, de que para su reproducción, deberá generar una cita para la consulta de expediente, con la finalidad de que el día programado acuda para la reproducción a su costa, en el área de fotocopiado que se encuentra en el edificio "C" a fin de obtenerla, previo su cotejo, siempre y cuando las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan en el tiempo de duración de la cita agendada, y en caso de que este resulte insuficiente, deberá generar una nueva cita para la consulta del expediente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.
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