Ashley Nicte Astleford Palacio

Expediente 346/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
346/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Ashley Nicte Astleford Palacio
  • Universidad Autónoma de Baja California, con domicilio en Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que por circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, en todos aquellos asuntos que no fueran considerados de tramitación urgente en el referido acuerdo general, es decir, suspender los plazos y términos judiciales en los mismos. De igual forma, por circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó continuar con el referido esquema de contingencia, entre otros, respecto al Decimoquinto Circuito (Baja California), en términos del mencionado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó, respecto del Decimoquinto Circuito (Baja California), el regreso al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2°de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta y toda vez que el día de la fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que deriva este incidente en el que causó ejecutoria la sentencia y se ordenó el archivo de aquél expediente; en consecuencia al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos vigésimo, fracción II, inciso a), y vigésimo primero, inciso c), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, ambos cuadernos son suceptibles de destrucción, motivo por el cual, el original del cuaderno incidental debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los numerales citados, respectivamente. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el original del cuaderno de este incidente, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en las carátulas del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese

  3. Principal

    RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 346/2020-II, promovido por Ashley Nicte Astleford Palacio, por propio derecho, contra actos del Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar; Junta de Gobierno; Consejo Universitario; y Rector, todos de la Universidad Autónoma de Baja California, con residencia en Mexicali, consistentes en no haber sido seleccionada como alumna de primer ingreso a la Licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, al participar como aspirante en el examen relativo a la convocatoria en el periodo 2020-2 2021-1, en el Tronco Común en el Área de la Salud (Medicina) del campus Ensenada. Notifíquese.

  4. Incidental

    QUINTO. Negativa de suspensión. Con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la procedencia de la medida cautelar respecto de los efectos para los cuales fue solicitada, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de negarle su admisión como alumno de primer ingreso en la Universidad Autónoma de Baja California en la carrera de medicina campus Ensenada. Ahora bien, previo al pronunciamiento de la medida cautelar solicitada, resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés suspensional) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto al orden jurídico, para que la sentencia que se dicte solo la proteja a ella, en cumplimiento del principio de relatividad.Asentado lo anterior, resulta evidente que la parte quejosa debe acreditar la afectación directa a sus derechos subjetivos, por lo que al no exhibir ésta, medios de convicción con los cuales justifique lo anterior, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, en razón de que no acredita ni aun de manera indiciaria ser titular del derecho que reclama, consistente en el acceso a la educación superior contenido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que si bien es cierto que la obligatoriedad de su impartición le corresponde al estado, también lo es que dicho precepto en su primer párrafo en relación con la fracción X, establece una restricción para su ejercicio, consistente en cumplir con los requisitos que establezcan las instituciones públicas, que en el caso concreto no quedó evidenciado. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de protección de derechos fundamentales, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la quejosa. Por tanto, se tiene que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de la quejosa pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. De ahí que en el caso la parte quejosa no cumple con tal requisito, pues no acredita ni aun de manera indiciaria ser propietario del derecho que reclama, esto es cumplir con los requisitos de selección que para tal efecto contempla la institución educativa Universidad Autónoma de Baja California, ya que no exhibió medio de convicción que acreditara por lo menos de manera indiciaria su existencia, pues ya que de concederse la medida cautelar solicitada, sería contrario al interés social y a las disposiciones de orden público, dado que con su otorgamiento se estaría constituyendo un derecho a favor de la parte quejosa, sin satisfacer los requisitos previstos en el artículo 131 de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, los documentos siguientes: a Copia simple de convocatoria 2020-2-2021-1 de Universidad Autónoma de Baja California. b Certificado de terminación de estudios bachilleratos folio: 1-010-68816. c Foja con sello digital con la leyenda "NO QUEDASTE SELECCIONADO. d Copia simple de pre-ficha para el concurso de selección 2020-2-2021-1, con folio 04565. e) Copia simple de recibo de pago de pre-ficha 4565. Lo anterior en virtud de que las documentales de referencia son insuficientes para evidenciar que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la quejosa cumplió con los requisitos de selección que para tal efecto contempla la institución educativa Universidad Autónoma de Baja California, puesto que de las mismas sólo se desprende lo que en ellas se contiene, esto es, que ..., culminó los estudios de bachillerato, que se realizó un pago ante institución bancaria, a favor de Universidad Autónoma de Baja California y que se le otorgó el derecho a la aquí quejosa de presentar los exámenes de selección 2020-2-2021-1, para ingresar a la carrera de médico en la Unidad Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, en esta ciudad. Ahora por lo que hace a las documentales marcada como copia simple de pre-ficha para el concurso de selección 2020-2- 2021-1, con folio 04565 y copia simple de convocatoria 2020-2- 2021-1 de Universidad Autónoma de Baja California al consistir en impresión fotográfica, carece de eficacia probatoria, ya que no contiene la certificación del lugar y circunstancias en que fueron tomadas, en términos del segundo párrafo del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo tanto carecen de valor probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 284 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 1993, de registro 216975, que a la letra dice: "FOTOGRAFIAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." De ahí que, la parte quejosa no acredita ni aun de manera indiciaria ser propietario del derecho que reclama, esto es cumplir con los requisitos de selección que para tal efecto contempla la institución educativa Universidad Autónoma de Baja California, ya que no exhibió medio de convicción que acreditara por lo menos de manera indiciaria su existencia; por tanto, resulta procedente negar la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 142, 144, 146 y 147 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a ..., la suspensión definitiva que solicitó contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Baja California, Presidente del Consejo Universitario, por conducto del abogado General de dicha Universidad, con sede en Mexicali y Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California, todas con sede en Mexicali, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución. Notifíquese

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