Asesoría, Logística y Tráfico Aduanal Sociedad Civil

Expediente 1101/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1101/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Asesoría, Logística y Tráfico Aduanal Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Colima, Colima, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Juez Penal del Tercer Partido Judicial, realiza diversas manifestaciones tendentes a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; por tanto este juzgador ordena que dicho documento se agregue sin mayor trámite, en virtud de que mediante proveído de veintiocho de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Cúmplase. .

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    Colima, Colima, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse las mismas para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), cantidad que se obtiene de multiplicar cien por noventa y seis pesos con veintidós centavos (equivale a una Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el juez responsable, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, pues ninguna autoridad puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver. Es aplicable por analogía e identidad de razón, la tesis PC.I.C. J/3 K, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materia Común, con número de registro digital 2007295, del rubro: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1101/2021-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en la ciudad del mismo nombre, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, Asesoría Logística y Tráfico Aduanal, sociedad civil, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y por los actos reclamados que enseguida se transcriben: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Los son: a) El Titular del Juzgado de lo Penal en Manzanillo, Colima, en el Sistema Tradicional. b) El Secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Penal de Manzanillo, Colima, en el Sistema Tradicional. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama de las autoridades: La abstención de acordar y librar orden de aprehensión y dar continuidad al proceso judicial en el expediente 004/2021, del Sistema Penal Tradicional, no obstante, de existir solicitud formal del Ministerio Público del Estado de la Mesa Cuarta de Manzanillo, Colima, del Sistema Tradicional, quien consignó la averiguación previa debidamente integrada, de donde se desprende claramente la existencia de la denuncia de un hecho que la ley señala como delito, sancionado con pena privativa de libertad y que obran datos que comprueban más allá de la duda razonable que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión en perjuicio de la persona moral que represento y de la sociedad. Solicitud que hiciera el representante social a las aquí responsables desde el mes de abril de 2021 y haber transcurrido un plazo razonable para su resolución.". SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 35 y 36), se admitió la demanda de amparo, misma que se registró bajo el expediente 1101/2021-V, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento por cuestión de trámite, se celebró al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclama un acto de autoridad judicial que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de Responsable constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia del acto impugnado en el juicio de amparo, debe quedar precisado cuál es éste. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Abril de 2000, Novena Época, página 32, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sobre esta base, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Penal del Tercer Partido Judicial, la omisión de librar la orden de aprehensión, solicitada por el Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuarta de Manzanillo, Colima, desde el mes de abril de dos mil veintiuno, en el proceso penal 04/2021. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Juez Penal del Tercer Partido Judicial, por ministerio ley, si bien no expresa si es o no cierto el acto que se le reclama (foja 44); empero, de la lectura del informe, se desprende su aceptación. De ahí que, debe tenerse por cierto tal acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, Materia Común, registro digital 232226, página 106, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Asimismo, es cierto el acto atribuido al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Penal de Manzanillo, Colima, en virtud de que fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado del oficio 29521/2021, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en la foja 43 de autos. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 7/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo". Máxime, que así se corrobora de las copias certificadas de las constancias de la causa penal 4/2021 del índice del Juzgado de lo Penal del Tercer Partido Judicial con sede en Manzanillo, Colima, las cuales remitió la autoridad responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al ser documento certificado por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 153, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Improcedencia parcial del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, ordena que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia Común, página: 262, registro digital 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia Común, página 353, registro digital 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Con apoyo en el citado numeral, este Juzgado Federal, de oficio, advierte que respecto al acto atribuido al Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal de Manzanillo, Colima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, el último a contrario sensu, porciones normativas que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Del escrito de demanda se desprende que la promovente señaló como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal del Tercer Partido Judicial, de quien reclamó la omisión de librar la oren e aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuarta de Manzanillo, Colima, dentro de la causa penal 4/2021 de su índice. Ahora, dicho fedatario público, en ese acto, no ejerce ningún tipo de facultades decisorias ni ejecutorias que pudieran invadir la esfera de derechos de la solicitante de amparo, ya que sus funciones únicamente se limitan a dar fe de los actos dictados por la autoridad ordenadora, en términos del artículo 71, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, el cual se transcribe para mayor ilustración: "Artículo 71. Atribuciones del Secretario de Acuerdos. Son atribuciones de los Secretarios de Acuerdos: (.) II. Dar fe y autorizar con su firma, los acuerdos y resoluciones dictadas por los Jueces.". En ese sentido, el amparo promovido en contra del Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal del Tercer Partido Judicial de Colima, deviene improcedente, al actualizarse la causal invocada, lo que conduce a sobreseer en el juicio respecto de dicha autoridad, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia III.2o.C. J/21 sustentada por l Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 2292, registro 180248, de rubro y contenido: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional". Al no advertir diversa causa de improcedencia o sobreseimiento en el juicio, por lo que ve al acto reclamado que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia identificada con el 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, relativa a Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son fundados. En síntesis, la parte quejosa aduce que la omisión de la juzgadora responsable vulnera lo dispuesto por los artículos 8º y 17º de la Constitución Federal, los cuales precisan que las autoridades deberán dar respuesta en breve término a las peticiones de los gobernados y a una justicia pronta y expedita, respectivamente, porque no se ha pronunciado respecto al libramiento de la orden de aprehensión en la causa penal 4/2021, siendo que la consignación se efectuó por parte de la representación social el veintidós de abril de dos mil veintiuno. De la lectura integral de los motivos de inconformidad se obtiene que la actora constitucional se duele de que la autoridad responsable vulnera su derecho de acceso a la impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar de que ha transcurrido un tiempo considerable aún está pendiente que la autoridad responsable se pronuncie sobre el libramiento de la orden de aprehensión. Ahora bien, debe indicarse que cuando las violaciones que se atribuyen a las autoridades responsables se hacen consistir en omisiones o hechos de carácter negativo, no es a la parte quejosa a la que corresponde la carga de la prueba de tales violaciones, pues de admitirse lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión, dada la imposibilidad de demostrar esas omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Este criterio encuentra su apoyo, en la tesis de jurisprudencia 6, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, localizada en la página 9, del Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que refiere: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Por su parte el artículo 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Por otra parte, el primer párrafo del artículo 117, así como los diversos 286 y 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, disponen lo siguiente: "Artículo 117. El Ministerio Público solicitará y el juez librará orden de aprehensión contra el imputado, cuando estén reunidos los requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.]" "Artículo 286. Tan pronto queden satisfechos los requisitos del artículo anterior el Ministerio Público ejercitará la acción penal y de reparación del daño, solicitando del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión o de comparecencia, según corresponda, de los probables responsables." "Artículo 294. Si los datos de la averiguación previa, son suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el juez deberá: I.- Librar orden de aprehensión si el delito que se imputa tiene señalada pena privativa de libertad y no se concedió, durante las diligencias de averiguación previa, la libertad provisional administrativa; II.- Librar orden de comparencia (sic) cuando el delito tenga señalada pena alternativa o no privativa de libertad. Notificado el indiciado de la radicación de la causa, se fijará día y hora para la declaración preparatoria.". Asimismo, es necesario destacar que ni la Constitución Federal ni las leyes locales, indican un plazo determinado para que la persona juzgadora se pronuncie sobre el libramiento de la orden de aprehensión. Sin embargo, el solo transcurso del tiempo puede afectar la esfera jurídica del gobernado, toda vez que los efectos de tal omisión son idénticos o incluso más graves a los que se producen con una resolución expresa de negativa de librar orden de aprehensión, la cual puede ser impugnada mediante recurso ordinario; siendo que en un estado de derecho no puede admitirse que la autoridad aplace indefinidamente la resolución a una petición del gobernado. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Federal faculta al juzgador de amparo para apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable o prudente, o si existe por el contrario, una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, con base en las manifestaciones de la parte quejosa en su demanda de amparo y de la propia autoridad responsable en su informe con justificación; sin que ello implique, por supuesto, otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo del asunto planteado, es decir, si resulta procedente o no el libramiento de la orden de aprehensión, sino simplemente la de imponer en su caso a la juzgadora responsable un plazo para que dicte su resolución. Al respecto resulta aplicable por sus alcances la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional y común, página 1086, con número de registro digital 2011580, cuyo rubro establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De igual manera, la tesis de jurisprudencia 24/2001, que resolvió la contradicción 35/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 142, Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA." En ese contexto, del duplicado de los tomos que integran la causa penal 4/2021, se constata que ha transcurrido un plazo de aproximadamente siete meses, desde la consignación de la averiguación previa, lo cual aconteció el veintidós de abril de dos mil veintiuno, hasta la presentación de la demanda de amparo, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; sin que la juzgadora responsable se haya pronunciado respecto al libramiento de la orden de aprehensión ni se encuentre justificada su demora de las aludidas constancias o de su informe de ley. Consecuentemente, se concluye que el acto reclamado a la Titular del Juzgado de lo Penal en Manzanillo, Colima, conculca, en perjuicio de la moral quejosa, el derecho a una justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Asesoría Logística y Tráfico Aduanal, sociedad civil. OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión constitucional, son para que la Juez responsable: Actuando exclusivamente dentro de sus facultades legales, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto al libramiento de la orden de aprehensión en la causa penal 4/2021. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto al acto atribuido al Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal de Manzanillo, Colima, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Asesoría Logística y Tráfico Aduanal, sociedad civil, contra el acto que reclamó a la Juez Penal de Manzanillo, Colima, por las razones expuestas en el considerando séptimo del presente fallo, y para el efecto precisado en el octavo siguiente. Notifíquese por lista.

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