Asesoría Jurídica de Morelos, S.C
Expediente 1531/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Asesoría Jurídica de Morelos, S.C
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio 8859/2023, del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, mediante el cual transcribe el acuerdo dictado el dieciocho de abril del año en curso, en los autos del juicio de amparo 375/2023-V, de su índice en el que, entre otras cosas, acusa recibo del cuaderno incidental, asimismo solicita el acceso del expediente electrónico. Como lo solicita la autoridad oficiante, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico. Al respecto, instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, para que a la brevedad, realice las gestiones pertinentes a efecto de que el juzgado homólogo pueda acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, por licencia de carácter personal concedida a Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio 1566/2023 firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios suscritos por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, mediante los cuales acusa de recibo de los autos del juicio de amparo 1531/2022, y hace del conocimiento que se avoca al conocimiento del mismo aceptando la competencia declinada, el cual quedó radicado con el diverso número 375/2023, de su índice, asimismo, solicita los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo y acceso al expediente electrónico. De lo anterior, téngase por hecha la comunicación y se ordena remitir los cuadernos incidentales que solicita para los efectos legales a que haya lugar, de lo cual se pide tenga a bien acusar de recibo. Por lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que este juzgador se declaró incompetente para conocer del presente juicio. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Finalmente como lo solicita la autoridad oficiante, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico. Al respecto, instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, para que a la brevedad, realice las gestiones pertinentes a efecto de que el juzgado homólogo pueda acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en Observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificado en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso haya exhibido en la presente juicio; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
".VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1531/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Carlos Lafuente Hernández, quien promueve como apoderado legal de Asesoría Jurídica Integral de Morelos, Sociedad Civil, reclama lo siguiente: I. De las autoridades ordenadoras: Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León. Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León. Actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León. II. De las autoridades ejecutoras: Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El emplazamiento al juicio laboral 13049/i/01/2021, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León; todas las actuaciones realizadas en el mismo; el laudo ahí dictado y su ejecución. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O I. PRIMERO. Las autoridades responsables Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos así como el Actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Actuario de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Actuario de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Las autoridades señaladas como responsables Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León y Actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, al rendir sus respectivos informes previos aceptaron la existencia de los actos que se le reclaman. TERCERO. Ahora, de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva por cuanto hace a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio laboral 13049/i/01/2021, de donde emana el acto reclamado en esta instancia constitucional, en lo que corresponde al término de seis meses de salario, por el trabajador que en su caso haya obtenido el laudo favorable, dentro de dicho expediente laboral, a quien en ésta contienda constitucional le asiste el carácter de tercero interesado, por traducirse en los alimentos necesarios para su subsistencia, como integrante de la parte trabajadora que obtuvo el laudo favorable en el juicio laboral de origen; por tanto, quedan expeditas las facultades de la autoridad responsable, para despachar la ejecución del laudo reclamado, únicamente por cuanto se refiere a las cantidades que ascienda a los meses de salario a que se hace referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 4a./J. 13/90, consultable en la página 249, del Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo." CUARTO. Ahora, de conformidad con los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, hasta en tanto reciban las autoridades responsables notificación acerca de la ejecutoria de la sentencia que en su momento se dicte en el cuaderno principal de donde emana la presente pieza incidental y consecuentemente no se lleve a efecto el remate de los bienes embargados en ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 13049/i/01/2021; con excepción a lo proveído en el considerando que antecede; medida cautelar que se concede tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad; manifestaciones con las cuales, por el momento acredita el interés que tiene para que se le sea concedida tal suspensión; sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la Tesis de Jurisprudencia número XIX. 2o. 3 K, consultable en la página 400, del Tomo XI-Marzo de 1993, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO, DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA.- Es frecuente que en el momento de decidir sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito no cuente con pruebas para proveer sobre tal medida, siendo lógico e inevitable que ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, tenga que otorgar credibilidad a lo afirmado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles; ya que el juzgador, en ese momento procesal, no dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le puedan ocasionar con su ejecución. Es por lo anterior que apoyándose en tales datos y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo, el Juez debe conceder la suspensión provisional, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo, se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva". De igual forma, es aplicable por similitud jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 410, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-Mayo, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO.- Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos, y por tanto debe decretarse, pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si se es parte en el procedimiento del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 "de la Ley de Amparo". La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 136, de la ley de la materia, pero dejará de surtirlos si la quejosa no exhibe ante este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este proveído, una garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado, según lo prevé el numeral 132 de la Ley de la Materia, cantidad que se fija tomando en consideración el estado procesal que guarda el expediente natural de donde emana el acto reclamado. En el entendido de que la garantía antes señalada podrá ser exhibida en cualesquiera de las formas establecidas por la ley; si se trata de compañía aseguradora deberá señalar el o los nombres de las personas autorizadas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal; así como la manifestación de que se somete a la jurisdicción de los tribunales con residencia en esta ciudad, para el caso de litigio; por último, deberá indicar el nombre de los representantes legales de dicha institución en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 2802 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según su dispositivo 113. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de exhibir la garantía en certificado de depósito, también deberá requisitarlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, incluyendo la leyenda expresa en lo relativo a "CONCEPTO", lo siguiente: "SE AUTORIZA AL SECRETARIO TÉCNICO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA QUE SOLICITE Y RECIBA DE LA INSTITUCIÓN CREDITICIA DEPOSITARIA LA INFORMACIÓN QUE LE PERMITA EL CONTROL DEL PRESENTE BILLETE DE DEPÓSITO". Se apercibe a la parte quejosa que de no exhibir la garantía mencionada en líneas que anteceden, dentro del plazo concedido, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir efectos y una vez notificada de dicha determinación la autoridad responsable, podrá ejecutar el acto reclamado, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, el quejoso podrá exhibir la garantía antes fijada, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Lo anterior, atento al criterio sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registrada con el número 2ª./J 40/2000, consultable en la página 262, del Tomo XI, Mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" o algún otro indicador similar que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carlos Lafuente Hernández, quien promueve como apoderado legal de Asesoría Jurídica Integral de Morelos, Sociedad Civil, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Carlos Lafuente Hernández, quien promueve como apoderado legal de Asesoría Jurídica Integral de Morelos, Sociedad Civil, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en los considerandos primero y tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE."
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