ASESORIA EDUCATIVA SOCIEDAD CIVIL y Otros.

Expediente 4278/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4278/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • ASESORIA EDUCATIVA SOCIEDAD CIVIL y Otros.
  • Asesoria Educativa Sociedad Civil
  • Desarrollo Integral Estudiantil Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ASESORÍA EDUCATIVA, SOCIEDAD CIVIL; LCB ANÁHUAC, SOCIEDAD CIVIL; EQUIPO DE COORDINACIÓN DE OBRAS, SOCIEDAD CIVIL y DESARROLLO INTEGRAL ESTUDIANTIL, SOCIEDAD CIVIL, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. En otro orden de ideas, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, a través del cual, devuelve los autos originales del juicio en que se actúa y remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por el referido órgano colegiado en el amparo en revisión 393/2017, de su índice. Acúsese recibo. Háganse las a notaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento. Por otro lado, en atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica portal de servicios en línea, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 3° penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguense las constancias antes relacionadas, y, del mismo modo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en mención. Finalmente, en acatamiento a lo ordenado por el órgano revisor, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que se dicte una nueva en la forma y términos establecidos en la ley; y, se notifique a las partes; se deja insubsistente la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena turnar el presente asunto a proyecto de resolución. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: "En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas". De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 435), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, cabe precisar que la peticionaria de amparo, no desahogó la vista otorgada, lo que permite presumir su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad a la sentencia de amparo, en cuanto a la norma en estudio. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0 (SISE 2.0). Por lo que respecta al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo primero, del propio punto invocado, es susceptible de destrucción. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; en el entendido que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

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