Aser Montiel Cuapio

Expediente 1789/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1789/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • Aser Montiel Cuapio

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de enero de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el oficio de cuenta en que la apoderada para la defensa jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en atención al requerimiento de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento y solicita una prórroga para acreditar el acatamiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda. Lo anterior, sin que sea el caso de acordar favorable lo solicitado, en razón de que la oficiante no exhibe las constancias con las que acredite fehacientemente las gestiones encaminadas a obtener el otorgamiento de la Cuenta por Liquidar Certificada "CLC", contra-recibo y cheque a favor del quejoso, encaminada al acatamiento del fallo protector. Apercibidas las autoridades requeridas, que de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, en el siguiente requerimiento se impondrá, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193, de la citada Ley, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En razón a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y que el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. Atento a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en este sentido, conviene precisar que los efectos de la concesión de la protección constitucional, son los siguientes: "En este orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Gerente General y el Jefe de la Unidad Departamental de Jubilaciones y Pensiones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumplan cabalmente con la referida sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho y la resolución de queja de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictadas en el juicio de nulidad TJA-III-17107/2017 del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; por lo que se reiteran los efectos del fallo de nulidad: 'En virtud de los anteriores razonamientos, procede declarar la nulidad del oficio número CJP/-09- 0231/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como también procede que con fundamento en el numeral 102, fracción III, primer y penúltimo párrafo del ordenamiento legal en cita, las enjuiciadas restituyan a la parte actora en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, quedando obligada la autoridad demandada a dejar sin efectos legal (sic) el oficio declarado nulo y a emitir uno debidamente fundado y motivado, en donde se reconozca que el tiempo de servicio del actor, es de quince años siete meses quince días, como se establece en la Hoja de Servicios de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y derivado de ello, emita Dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios a que tiene derecho el actor, conforme al artículo 27 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federa. Asimismo, la hoy responsable está facultada para requerir tanto al actor como a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México el importe proporcional de las diferencias de cotizaciones que debieron aportar, a razón del 6.5% del suelo básico de cotización en el caso del actor y del 7% de dicho sueldo en el caso de la autoridad, en términos de los artículos 16 y 17 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, por el tiempo que no se cotizó durante el tiempo de servicio del actor. Lo que deberá realizarse en un término que no exceda de QUINCE DÍAS hábiles siguientes a aquél al en que quede firme la presente sentencia." Atento a lo anterior, dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto de que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Ahora bien, los artículos 192; 193; 194 y 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En el entendido de que para dar cumplimiento las autoridades Eréndira Corral Zavala Gerente General y Ricardo Hidalgo Valtierra Jefe de la Unidad Departamental de Jubilaciones y Pensiones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, deben realizar lo siguiente: ? Deberán emitir nuevo dictamen de pensión por tiempo de servicio y edad a favor de Antonio Arteaga Espindola, por la cantidad de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ? Así como el pago retroactivo por la cantidad de $314,112.00 (trescientos catorce mil ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional) el pago de la pensión retroactiva. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se REQUIERE a Eréndira Corral Zavala, Gerente General, y a Ricardo Hidalgo Valtierra, Jefe de la Unidad Departamental de Jubilaciones y Pensiones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que queden legalmente notificados del presente proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos precisados. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido, sin que se hiciera pronunciamiento alguno respecto de los cuadernos relativos al incidente de suspensión; por tanto se acuerda lo conducente. En ese sentido, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal aplicables al momento que se ordenó el archivo del presente juicio; por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual comunica el contenido del acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, por el que acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, así como del escrito de expresión de agravios y se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por quien se ostenta como apoderado legal de la moral quejosa, en contra del auto dictado el veinte de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los presentes autos, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese.

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