Asención Valle Morales

Expediente 1519/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1519/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Asención Valle Morales

Actuaciones

  1. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el ocurso de ***************** por medio del cual da cumplimiento a la prevención de trece de noviembre del año en curso. INCOMPETENCIA Con fundamento en los numerales 47 y 170 de la ley de la materia, este juzgado es legalmente INCOMPETENTE para conocer del presente asunto. Ahora bien, cabe mencionar que del contenido del escrito aclaratorio, se advierte que lo que reclama la parte quejosa textualmente es: la resolución dictada en el Toca número ****************, 1° Subsecuente, dictado por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 de esa ciudad capital, y que constituye el ACTO RECLAMADO, es una sentencia DEFINITIVA". Además, en los hechos expone que la sala responsable confirmó la sentencia definitiva de primera instancia. Lo expuesto revela que el acto que objetivamente reclama el promovente de amparo, lo constituye la resolución definitiva de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de esta ciudad, en el toca civil número ****************, primer subsecuente que confirmó la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia pronunciada en el juicio de reducción de pensión alimenticia ****************. Por tanto, si la parte quejosa reclama la resolución en la cual la citada Sala confirmó la sentencia dictada en el juicio de origen, tal determinación se trata de una sentencia definitiva contra la cual es improcedente el amparo indirecto. De ahí que es al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en turno, del Vigésimo Circuito, de esta ciudad, a quien le corresponde conocer y resolver respecto de la demanda de amparo de que se trata. Para corroborar el aserto anterior, en principio, resulta necesario acudir a lo establecido por el artículo 170 de la legislación de la materia: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Del normativo en cita, se advierte que compete a los tribunales colegiados de circuito conocer del juicio de amparo directo, que es aquel que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Conforme a lo preceptuado en el numeral transcrito, podemos arribar a las siguientes conclusiones: 1. Las sentencias definitivas son aquellas que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, las que contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Cabe precisar que el concepto tribunal se debe entender en un sentido amplio, esto es, como ente jurídico dotado de atribuciones legales para decir el derecho en los asuntos que la ley le otorgue competencia. En este orden de ideas, quedan incluidos los juzgados y tribunales, con independencia de que la conformación de estos últimos sea unitaria o colegiada; y, 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; se distinguen de las sentencias definitivas, porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, etcétera) o la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. De lo expuesto, podemos destacar dos notas distintivas del juicio de amparo directo: la primera es que sólo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que sin decidir el litigio en lo principal tienen como efecto culminar con el mismo y, la segunda, que las resoluciones contra las que se promueve deben dictarse en juicio, sean civiles, penales, laborales, agrarios o administrativos. Esta última característica le ha valido el sobrenombre al juicio de amparo directo de "amparo judicial" o "amparo jurisdiccional", dado que como se ha establecido, no procede contra actos administrativos o emanados de procedimientos de esa naturaleza, aun cuando se hayan seguido en forma de juicio, pues, para estos supuestos, el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente establece la procedencia del juicio de amparo ante los jueces de Distrito. Ahora, en cuanto a la procedencia de la tramitación, se actualiza contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En otras palabras bajo el nuevo marco normativo constitucional y legal, son los Tribunales Colegiados de Circuito los competentes para conocer de las demandas de amparo que decidan el juicio en lo principal o que sin hacerlo le pongan fin, competencia que le otorga la facultad legal al órgano colegiado Federal de emitir el pronunciamiento respectivo en cuanto a la procedencia, trámite y, en todo caso, el fondo del asunto. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la Jurisprudencia 6/2015, emitida por contradicción de tesis por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes diez de abril de dos mil quince a las nueve horas con treinta minutos, Décima época, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Por tanto, si la resolución contra la que se promueve el juicio de amparo reúne las características apuntadas, es decir, se trata de una sentencia definitiva, pues decide el juicio en lo principal, es decir, contiene un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, no será posible atribuirle competencia legal a un Juez de Distrito para que conozca de él. De ahí que se estime que el presente juicio de control constitucional deba ser del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en Turno, residente en esta ciudad, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, de la Constitución Federal y 170 de la Ley de Amparo, no a través del amparo indirecto, precisamente porque el acto sustancial que se combate es una resolución que decidió el juicio de origen en lo principal. Con fundamento en los numerales 47 y 170 de la ley de la materia, este juzgado SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente asunto; por tanto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remítase el original de este juicio de amparo y las copias de los escritos de demanda y aclaratorio, para su conocimiento, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Por lo anterior, con copia del presente juicio de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Solicítese el acuse de recibo y una vez aceptada la competencia lo comunique a este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1519/2019-VIII. PREVENCIÓN El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte quejosa no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en el artículo 108, fracciones V, de la Ley de Amparo; por lo que resulta necesaria la prevención en términos del numeral 114, fracciones I y II, de la citada ley. Dichos numerales establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado u que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada". Lo anterior, debido a que la demanda de referencia carece del capítulo correspondiente a los hechos y abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado; realizado bajo protesta de decir verdad, el cual constituye un requisito formal que debe constar de manera expresa en el escrito de demanda de amparo. Sirve de apoyo por identidad de razón la diversa jurisprudencia 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo IX, noviembre de 1999, página 32, registro electrónico 192843, que es del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Esto es así, pues dicha protesta debe hacerse en relación a los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, además, sin que se advierta el requisito formal relativo a la protesta de decir verdad. Asimismo, del ocurso de demanda no se logra apreciar, qué sentencia es la que refiere, pues al no tener capítulos de hechos y antecedentes, no hay una apreciación si se refiere a una resolución o sentencia definitiva. Por tanto, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: 1. Exponga los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación. 2. Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, deberá precisar si fue actor o demandado, si se formuló reconvención, si la resolución recurrida que se resolvió en el toca, es una sentencia definitiva o incidental. 3. Exhiba tres copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, las que serán distribuidas entre las partes de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado y una para el tercero interesado. Es aplicable al particular, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XIII, página 325, abril de 2001, con registro 189978, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". Así también, tiene aplicación el criterio que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, visible en la página 307, Octava época, tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." Apercibida también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que designa, toda vez que su cédula no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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