Ascención Zúñiga Treviño

Expediente 422/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
422/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2017

Partes del expediente

  • Ascención Zúñiga Treviño

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, atento a que de la certificación que antecede se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por este juzgado de distrito, en el que se desechó la demanda en el juicio de amparo 422/2016-1 y que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa que es a la que le perjudica; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo establecido en el artículo 2o de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; toda vez que se desechó la demanda, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, último párrafo del citado acuerdo plenario, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. (1)

  2. Principal

    Por este medio se notifica al quejoso, el acuerdo de veinte de diciembre del año en curso, en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha veintidós de diciembre del año en curso, mismo auto que dice: Vista; la demanda de amparo promovida por Ascención Zúñiga Treviño, en contra de actos del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 422/2016-1. En ese sentido, el artículo 113 de la ley de la materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. A manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Así de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama las resoluciones interlocutorias de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictadas en el juicio laboral 374/7/2015, consistentes en: a) La resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de la diligencia de emplazamiento o notificación del acuerdo mediante el cual se le citó al desahogo de la diligencia de prueba confesional a su cargo. b) La resolución que desechó por extemporáneo el incidente de falta de personalidad que hizo valer en contra de la persona que compareció al juicio en representación de la parte demandada. Datos que, al haberse expuesto bajo protesta de decir verdad, tienen valor probatorio pleno por tratarse de una confesión espontánea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo.´ Sentado lo anterior, el suscrito juzgador estima que al respecto los actos señalados con antelación, reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y su Presidente, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De la lectura del último de los dispositivos legales transcritos se desprende, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro del juicio cuando éstos produzcan efectos de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, entendiéndose por éstos, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el legislador en la vigente Ley de Amparo, determinó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación contenida en el precitado numeral 107, fracción V, para delimitar la procedencia del juicio bi-instancial, afirmando que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento son: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden de ideas, se colige que en asuntos iniciados bajo la vigente Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto sólo procederá contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento que afecten materialmente derechos sustantivos, excluyendo de esa manera la posibilidad de combatir actos pronunciados dentro de juicio que afecten derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya eventual afectación no es actual, porque depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto, que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así; es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. En este orden de ideas, es inconcuso que en el caso particular, las resoluciones incidentales de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, que en esta vía impugna el quejoso Ascención Zúñiga Treviño, en las cuales la Junta responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de la notificación del acuerdo mediante el cual se le citó al desahogo de la diligencia de prueba confesional a su cargo y la que desechó por extemporáneo el incidente de falta de personalidad que hizo valer en contra de la persona que compareció al juicio en representación de la parte demandada, no pueden catalogarse como actos de imposible reparación, que vulneren derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, pues el hecho de que se deseche la nulidad de actuaciones solicitada y se deseche por extemporáneo un incidente de falta de personalidad, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrados las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dichas determinaciones, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, ello aun cuando la Ley Federal del Trabajo no establezca recurso alguno para combatirlo; y dado que dicha situación no afecta de manera directa o inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa; de tal suerte, que si en un momento, el laudo que se dicte en el juicio fuere adverso a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine los actos reclamados, bien puede ser reparados por medio del juicio de amparo directo que se presente en contra del laudo definitivo, dado que la declaración ahí contenida no constituye una violación sustantiva, sino procesal, toda vez que resulta idónea y análoga a las previstas en las fracciones V y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, susceptible de atacarse en el amparo directo en términos del diverso numeral 170 de la ley de la materia, del cual el primero de los numerales dispone lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". En esas condiciones, al no darse los supuestos de procedencia para el juicio de amparo indirecto, pues como ya se dijo los actos reclamados no afectan derechos sustantivos, no es dable considerar que esos actos sean de imposible reparación. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley a desechar la demanda planteada por su manifiesta y notoria improcedencia. Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa el quejoso en su escrito de demanda; así como domicilio para los efectos que menciona el señalado en el mismo. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo.

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