Ascención Jacinto Flores
Expediente 1863/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1863/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/02/2018
Partes del expediente
- Ascención Jacinto Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
V) Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que, dentro del plazo fijado, la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 74 a 97 vuelta), por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia en mención ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente. En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno, háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación: 1. El cuaderno principal es depurable, pues se negó el presente juicio de amparo (fracción IV). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En ese contexto, se ordena glosar el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa; mientras que por lo que hace al duplicado del referido incidente, manténgase por cuerda separada y glósese copia íntegra de la presente resolución para los efectos legales conducentes. Asimismo, se precisa que en el presente cuaderno no existen documentos de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado, y a consideración de este órgano de control de la constitucionalidad, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Sara Mercedes Neira González, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a la resolución interlocutoria dictada el dos de enero de dos mil dieciocho (fojas 32 a 36), informa que el quejoso Asencio Jacinto Flores, acudió ante dicha autoridad, a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar consistente en presentaciones periódicas ante el citado órgano. De lo anterior se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conmino en la sentencia de referencia.
- Principal
V.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso Asención Jacinto Flores, la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 74 a 97 vuelta), por los motivos que en la misma se contienen. En esas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al citado quejoso la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 74 a 97 vuelta), por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2008, Novena Época, Materia Común, con número de registro 169843, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." SENTENCIA QUE EN SÍNETSIS DICE: VISTO, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1863/2017-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Ascención Jacinto Flores, mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro Estado de México.". "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDADES RECLAME: Se reclama el Auto de Vinculación a Proceso, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, dentro de la carpeta administrativa 180/2017.". SEGUNDO. El quejoso estimó violados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda en este Juzgado Tercero de Distrito el día de su presentación, por auto del once de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le corresponde; se ordenó el emplazamiento al tercero interesado Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta administrativa 180/2017; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto que se reclama es atribuible a una autoridad del orden penal que afecta la libertad personal del quejoso y se ejecuta en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? El auto de vinculación a proceso dictada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, México, en la carpeta administrativa 180/2017, instruida a Ascención Jacinto Flores, por su probable intervención en el hecho delictuoso de delitos contra el ambiente en su modalidad de destrucción, previsto y sancionado en los artículos 229, fracción I, en relación con los artículos 6°, 7°, 8°, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c) del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio del medio ambiente. TERCERO. El Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, México (p. 26), al rendir su informe justificado, admitió el acto reclamado por el quejoso. Certeza que se corrobora con copia certificada de la carpeta administrativa 180/2017 y discos compactos correspondientes a la misma, que remitió dicho juez para acreditar la constitucionalidad de sus actos, actuaciones que alcanzan valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley; y las segundas, por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. De las constancias procesales remitidas, se desprenden los antecedentes siguientes: 1) El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, vía correo electrónico, el Agente del Ministerio Público de El Oro, Estado de México, en la carpeta de investigación ORO/ATL/ATA/014/246962/17/11, solicitó audiencia inicial para formulación de imputación sin detenido, en contra de Ascención Jacinto Flores, por su probable participación en el hecho delictuoso de delitos contra el ambiente en su hipótesis de destrucción, previsto y sancionado en los artículos 228, 229, fracción I, en relación con los artículos 6°, 7°, 8°, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c) del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio del medio ambiente (p. 28). 2) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo lugar la audiencia de formulación de imputación sin detenido en la carpeta administrativa 180/2017, audiencia en la que se le hizo saber al imputado los derechos que le asisten, señalando tener conocimiento de los mismos, designó defensor particular, quien aceptó y protestó el cargo; el Juez indicó el objeto de la audiencia y dio a conocer los antecedentes de la carpeta de investigación; el Ministerio Público realizó la imputación contra el quejoso; el juez tuvo por formulada la imputación; se hizo del conocimiento del imputado, el contenido del artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política Federal, por lo que decidió guardar silencio y no rendir declaración; y siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, decretó la detención judicial del quejoso por el hecho delictuoso contra el ambiente (hipótesis de destrucción) en agravio del medio ambiente, detención que se retrotraería a la una hora con cincuenta minutos del treinta y uno de julio de este año; el juez cuestionó al aquí quejoso sobre el término en que deseaba que se resolviera su situación jurídica, quien indicó el término de setenta y dos horas; la Fiscalía solicitó se impusiera al aquí quejoso la medida cautelar de garantía económica; la defensa solicitó la medida cautelar de presentación periódica ante el órgano jurisdiccional; el juez cerró debate e impuso, con fundamento en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de presentación periódica a firmar mensualmente, medida cautelar que debería continuar durante todo el procedimiento, incluso en la etapa de ejecución de sentencia; el Ministerio Público solicitó vinculación a proceso; la defensa contraargumentó; el juez cerró debate y señala fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia para resolver sobre vinculación a proceso (p.p. 39 a 40). 3) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en el que luego de personalizar a las partes, el Juez procedió a indicar el objeto de la audiencia y siendo las doce horas con diecinueve minutos del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, decretó en contra del quejoso, vinculación a proceso por su probable participación en el hecho delictuoso contra el ambiente (en su modalidad de destrucción), en agravio del medio ambiente; fijó el término de dos meses para el cierre de investigación; y, al no haber variado las condiciones por las que fue impuesta la medida cautelar, determinó su prevalencia durante todo el tiempo del proceso e incluso hasta la fase de ejecución de sentencia (p.p. 48 a 52). Siendo ésta la resolución que se reclama en este juicio de amparo. QUINTO. La presentación de la demanda de amparo se realizó oportunamente, tomando en consideración que la resolución reclamada fue notificada a los quejosos el día de su emisión (diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete), por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 82, fracción I, inciso a, y último párrafo, así como el 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día siguiente, esto es, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (día inmediato posterior hábil), por tanto el plazo de 15 (quince) días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a transcurrir el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y feneció el doce de diciembre del mismo año, sin contar los días veinticinco y veintiséis de noviembre, dos, tres, nueve y diez de diciembre de dos mil diecisiete, por ser sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue interpuesta el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, fue presentada en tiempo. SEXTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sobre el particular, este Juzgado Federal no considera actualizada alguna causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio, por lo cual se procede al análisis de fondo de los actos reclamados. SÉPTIMO. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, de manera general, el solicitante del amparo expone como conceptos de violación, que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20, aprtado B, de la Constitución Federal porque: i) No se tomó en cuenta el tiempo desde el aseguramiento y la puesta a disposición por lo que se violó en su contra el principio regulador de la detención en flagrancia. ii) Existe inconsistencia en la hora en que el Agente del Ministerio Público dicta el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, respecto a la hora en que se dice fue puesto a disposición de la citada autoridad. iii) Que se omite tomar en consideración que en el informe policial homologado, se hace referencia a un hacha de veinte centímetros, cuando la misma no se encuentra relacionada en el registro de cadena de custodia; existiendo además inconsistencia entre lo declarado por el oficial remitente y el informe pericial homologado, en cuanto a las ropas que vestía dicho peticionario. iv) Que igualmente existe contradicción entre lo manifestado por el oficial remitente y el perito en materia forestal, en cuanto a las características del árbol destruido, lo que dice, le impide conocer de manera precisa el hecho que se le imputa. v) Que también existen inconsistencias que el juez responsable deja de advertir, entre el dictamen pericial en materia forestal y la inspección realizada por la policía investigadora, en cuanto al lugar en que ocurrieron los hechos, pues mientras el primero señala que se constituyó en el paraje "La Lomita", el segundo dijo encontrarse constituido en la comunidad de Lázaro Cárdenas, paraje La Lomita, el Oro, Estado de México. vi) Que no se encuentran satisfechas las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no existen datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. vii) Que el auto de vinculación reclamado, viola sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, pues se toma en consideración la entrevista del oficial remitente, cuando la misma se encuentra controvertida y desvirtuada dadas las diversas inconsistencias que dice se dan con relación a su detención y la hora de puesta a disposición. Es necesario precisar que el acto reclamado se apreció al reproducir el disco óptico (videograbación formato DVD), que contiene la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se dictó en contra el quejoso auto de vinculación a proceso, por el hecho delictuoso de delitos contra el ambiente en su modalidad de destrucción, que también fue remitida en forma escrita o impresa. Para realizar lo anterior, es necesario verificar si la determinación reclamada, que se dicta en contra del quejoso (auto de vinculación a proceso), satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión(...).". Asimismo, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la transcripción que antecede se desprenden como elementos que debe contener todo auto de vinculación a proceso, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación, según el caso; esto es, que se haya comunicado el ministerio público en presencia del juez, que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; es decir, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. El Juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Además de que dicha resolución, también deberá cumplir con lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, que establecen: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.).". "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.).". Pues es evidente que aunque el auto de vinculación a proceso tenga exigencias específicas previstas en el artículo 19 constitucional, también debe respetar las exigencias constitucionales genéricas para todo acto de autoridad, como son el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria o se respete su derecho a guardar silencio, estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales que han de ser observadas, además de cumplir con la debida fundamentación y motivación. Una vez precisado lo anterior, para efectos de satisfacer el contenido conceptual de la suplencia de la queja, se procederá al estudio tanto del procedimiento de donde emanó el acto reclamado, como de éste mismo, a fin de determinar si existe alguna violación a los derechos fundamentales de exacta aplicación de la ley y de legalidad, previstas en los preinsertos artículos constitucionales. Esto es así, toda vez que este juzgador examinará pormenorizadamente el acto reclamado, a la par de los motivos de disenso encaminados a evidenciar la ilegalidad de tal acto. Es de observarse en la especie, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2008, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Marzo de 2008, página 242, registro 170,008, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente.". En ese sentido, de la lectura de la trascripción del acto reclamado, así como de las videograbaciones que contienen los discos certificados por el juez responsable, donde se contiene copia del registro de audio y video, entre otros, de la audiencia de formulación de imputación y del dictado de la vinculación a proceso, los cuales son reproducidos y analizados por el suscrito Juez de Distrito, asistido de la Secretario con quien actúa y da fe; medios de convicción a los que se les concedió valor probatorio anteriormente, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la naturaleza del actual sistema penal aplicable en esta entidad federativa, se obtiene lo siguiente: Se hizo saber al aquí quejoso, los derechos consagrados en su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el código adjetivo nacional de la materia; se le requirió para que nombrara a un defensor, en atención a lo cual designó a defensor privado, quien aceptó el cargo; el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del reclamante de derechos fundamentales, por hechos que a su parecer actualizan el hecho delictuoso de delitos contra el ambiente en su modalidad de destrucción, en agravio del medio ambiente; enterado de su derecho de declarar o guardar silencio, manifestó su deseo de no declarar; luego señaló que era su deseo que su situación jurídica se resolviera en el término de setenta y dos horas; el órgano investigador solicitó se le vinculara a proceso por su probable intervención en el hecho ilícito mencionado; la defensa solicitó la no vinculación, cerrando debate el juez y procediendo a emitir auto de vinculación a proceso en contra de Ascención Jacinto Flores, por su probable intervención en el hecho delictuoso de delitos contra el ambiente en su modalidad de destrucción, previsto y sancionado en los artículos 229, fracción I, en relación con los artículos 6°, 7°, 8°, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c) del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio del medio ambiente, cuya determinación constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional. Como se advierte de lo anterior, contrario a lo afirmado por el peticionario de la protección constitucional, se cumplieron los requisitos formales del dictado del auto de vinculación, pues se formuló imputación, es decir, el ministerio público comunicó a los imputados en presencia del juez, que se desarrollaba una investigación en su contra respecto de un hecho determinado. Pues en la audiencia correspondiente, después de que el Juez le dio a conocer al imputado sus derechos fundamentales dentro del proceso penal, ofreció la palabra al Ministerio Público para que expusiera verbalmente el delito que se le imputa, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que se le atribuye, así como el nombre de sus acusadores. Además que el imputado manifestó no desear rendir su declaración. También se advierte que en dicha audiencia, el agente ministerial solicitó que se vinculara a proceso al quejoso. Por lo anterior, es infundado, lo alegado por el quejoso en el sentido que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de que nadie puede ser privado se su libertad sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos, pues del análisis de las audiencias que precedieron la emisión del acto reclamado, se advierte que sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, el auto de vinculación a proceso no priva de la libertad al inculpado, sino que únicamente lo sujeta para los fines procesales; y por ende, sus efectos son distintos a los de los actos de privación y molestia a que se refiere el artículo 14 antes invocado, sin embargo, se ha sostenido el criterio que tratándose de un auto de término constitucional sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento, pero en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo abrogada, equivalente al 173 de la nueva legislación, con relación al artículo 20 Constitucional, como es el que tenga la oportunidad de rendir una declaración; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón sustancial, la tesis aislada VII.P.99 P, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Abril de 1999, página 496, registro 194343, que a la letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituye verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis.". Dichas formalidades se encuentran acatadas, pues como ya se relató, de la videograbación allegada por la autoridad responsable se advierte que se le preguntó al quejoso si era su deseo rendir su declaración, a lo que éste contestó que no era su deseo rendir declaración. También, como ya se relató, se advierte que el ahora encausado se encontraba asistido por defensor (privado), designado libremente por éste, quien aceptó y protestaron el cargo que se le confirió; asimismo, el quejoso tuvo la oportunidad de aportar pruebas, sin que lo hubiera hecho. De lo anterior se advierte que el quejoso tuvo la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas de su parte, por ende, no existe una violación al artículo 14 del Pacto Federal. Ahora, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la apreciación del juicio de los datos de prueba expuestos y considerados por el juzgador, para resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique sustituirse al juez responsable en la apreciación de los datos probatorios, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el proceso legal debido, en el entendido de que en el sistema acusatorio, la apreciación de los datos de prueba se realiza conforme a la sana crítica, donde se observen las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 74/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, Diciembre de 2009, página 51, registro 165883, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL.- El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal". El juez de control responsable, relacionó como hecho circunstanciado, que: "".el día ocho de noviembre del año dos mil diecisiete los policías de la secretaría de seguridad ciudadana y de la fiscalía de justicia del Estado de México, al mando de Juan Soto Colín y German Urbina Velázquez, siendo aproximadamente las diez horas con veinte minutos se encontraban realizando recorrido de seguridad, sobre la zona boscosa de la comunidad de Lázaro Cárdenas paraje la loma, pertenecientes al municipio del Oro, Estado de México, a bordo de la unidad oficial 08980, al circular escucharon ruido de una motosierra por lo que detienen la marcha estacionando su unidad sobre la misma brecha donde circulaban, para adentrarse sobre la zona boscosa caminando, caminando aproximadamente de treinta metros a cuarenta metros escuchando el ruido cada vez más cerca hasta llegar a una zona de terreno de forma regularmente, donde localizaron una persona del sexo masculino que vestía pantalón de tipo pants, color café una playera de color negro, chamarra de color verde, gorra color azul, y zapatos de casquillo, persona que en ese momento sostenía con ambas manos una motosierra de color anaranjado con blanco la cual se encontraba encendida, con la que en ese momento cortaba un árbol al parecer tipo encino, al ver esto se acercan a este sujeto identificándose como policías del estado de México al preguntarle su nombre dijo llamarse asunción Jacinto Flores de 69 años de edad, con domicilio conocido en la localidad de Lázaro Cárdenas municipio del Oro Estado de México, a quien le indicaron que mostrara su permiso para talar y cortar árboles manifestando que no contaba con ningún permiso, ante tal circunstancia fue asegurado y trasladado al ministerio público de Atlacomulco México, para su presentación y puesta a disposición conjuntamente con la motosierra que portaba en ese momento ....". (p. 49 vuelta) La responsable consideró actualizado el hecho señalado en la ley como delito de delitos contra el ambiente en su modalidad de destrucción, previsto y sancionado en los artículos 229, fracción I, en relación con los artículos 6°, 7°, 8°, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c) del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio del medio ambiente. Para llegar a esa conclusión y dictar el auto de vinculación a proceso, la responsable tomó los datos de prueba expuestos por la fiscalía investigadora en la diligencia de imputación, lo cual se observó de la videograbación, analizada y apreciados de acuerdo a las reglas de la valoración de la prueba, (sana crítica) en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, en atención a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ahora bien, contrario a lo aducido por el impetrante de amparo, del análisis del contenido del auto de vinculación a proceso de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa 180/2017, por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, instruida en contra del quejoso Ascención Jacinto Flores, por su probable intervención en el hecho delictuoso contra el ambiente en la modalidad de destrucción, en agravio de la colectividad, se advierte que no resulta violatorio de sus derechos fundamentales. En efecto, de los datos de prueba que integran la citada carpeta administrativa se advierte que la autoridad responsable emitió el auto de vinculación a proceso que se combate, dando cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y de conformidad a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como lo exige el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tomó en consideración los datos recabados en la carpeta de investigación respecto de un hecho determinado que la ley señala como delito, los cuales motivaron el ejercicio de la acción penal por el Agente del Ministerio Público en contra del peticionario de amparo y, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20, inciso B), fracción II, de la Carta Magna, se le dio la oportunidad de rendir entrevista, en la que estuvo asistido por defensor privado y, se resolvió su situación jurídica dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas. Además de lo anterior, contrario a lo aducido por el impetrante en sus conceptos de violación, se aprecia el cumplimiento al derecho fundamental de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, dado que en el acto de autoridad que se reclama se expresaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que la autoridad responsable tuvo en consideración para emitirlo, específicamente, para tener por demostrado el hecho delictuoso sujeto a estudio jurídico y la probabilidad de su intervención en su comisión, habida cuenta que valoró los datos de pruebas aportados sobre la base del arbitrio judicial respecto de las reglas fundamentales de la lógica y el raciocinio, citando los preceptos legales aplicables al caso concreto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y éstos, con lo cual dicha responsable cumplió con la exigencia de carácter formal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en e Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, registro 917738, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De igual modo, el auto de vinculación a proceso que se reclama, cumple con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley." Aunado a lo anterior, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ni el artículo 19 de la Constitución Federal ni la ley secundaria de la materia exigen que se tengan pruebas que establezcan la plena responsabilidad del procesado, pues se requiere únicamente que los datos de prueba arrojados por la carpeta de investigación sean bastantes para comprobar el hecho delictuoso y la probabilidad de intervención del imputado en su comisión. De la lectura de la determinación reclamada, así como de las constancias que integran las actuaciones de la carpeta administrativa 180/2017, vinculadas con el presente juicio de amparo, se desprende que son aptos y suficientes para tener por legalmente demostrado el hecho que el Código Penal del Estado prevé como delito. El hecho delictuoso contra el ambiente en la modalidad de destrucción, se encuentra previsto y sancionado en el artículo 229, fracción I, del Código Penal del Estado de México, que señala: "Artículo 229.- Al que sin autorización legal realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques, cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra, se le aplicarán de cinco a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa. Cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles, sin autorización de la autoridad correspondiente, se impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa. A los autores intelectuales, instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido o a quienes controlen o inciten a menores de edad para cometer este delito, se les impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa. Se impondrán de doce a veinte años de prisión y de mil quinientos a tres mil días multa: I. Cuando en la comisión de este delito se empleen instrumentos como motosierras, sierras manuales o sus análogas y demás objetos utilizados para el daño y destrucción de los montes o bosques; (.)." Del análisis del precepto transcrito se advierte que la conducta típica del ilícito contra el ambiente se integra de la siguiente manera: a) Que una persona realice o participe en el corte de productos de los montes o bosques con una motosierra; y, b) Que la misma no cuente con permiso o autorización legal para ello. El juez del conocimiento, tomó en consideración para tener por acreditado el hecho delictuoso en estudio, los siguientes datos de prueba: 1) Entrevista del oficial remitente Juan Soto Colín, quien manifestó que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las diez horas con veinte minutos, se encontraba en coordinación con German Urbina Velázquez policía de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, a bordo de la unidad 09980 paraje La Loma, de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México, realizando recorridos de seguridad, que al ir circulando escucharon ruido de una motosierra motivo por el cual detuvieron la marcha de la unidad se estacionaron sobre la misma brecha donde circulaban y se adentraron sobre la zona boscosa caminando, recorriendo aproximadamente de treinta a cuarenta metros, lugar donde encontraron una persona del sexo masculino que sostenía con ambas manos una motosierra de color anaranjado con blanco que dijo llamarse Asunción Jacinto Flores, quien cortaba en esos momentos un árbol al parecer de encino, que al preguntarle por su permiso manifestó que no contaba con ningún permiso, motivo por el cual fue asegurado y trasladado al ministerio público de Atlacomulco México, para su presentación y puesta a disposición conjuntamente con la motosierra color naranja marca Steel, modelo S170 que portaba en ese momento. 2) Informe Policial Homologado suscrito y firmado por el policía antes mencionado. 3) Certificado médico expedido por la doctora Gisela Camacho Castro donde manifiesta que se tiene a la vista a Ascensión Jacinto Flores, que presenta estado psicofísico consciente, orientado, sin olor característico, sin lesiones externas traumáticas recientes que clasificar. 4) Inspección de la motosierra de la marca Steel, color naranja con blanco, de dieciséis pulgadas en su espada, en regular estado de conservación. 5) Informe de entorno de Ascención Jacinto Flores en el que se describen sus datos generales así como su domicilio. 6) Inspección realizada por el policía German Urbina Velázquez, de la que se desprende que el ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, se constituyó plena y legalmente en la comunidad de Lázaro Cárdenas en el paraje La Lomita, Municipio de El Oro, Estado de México, y tuvo a la vista tres tocones de árbol al parecer encino los cuales provienen de un tronco principal adherido al suelo, donde en el suelo se observan ramas, mismo lugar donde fue asegurado el señor Ascensión Jacinto Flores. 7) Dictamen pericial en materia forestal suscrito por el perito Celso Torres Manuel. 8) Evaluación del daño ambiental, que determina que sí existe impacto al medio ambiente. El primero de los componentes de la conducta típica se acredita de manera fundamental con la entrevista del oficial remitente Juan Soto Colín, así como con el informe policial homologado, suscrito por éste, quien refirió que el día ocho de noviembre de dos mil diecisiete, al encontrarse realizando un recorrido por una vereda boscosa en el paraje La Loma, de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México, escuchó el ruido de una motosierra. Que al dirigirse al lugar del que provenía el ruido, se percataron que el señor Ascención Jacinto Flores, se encontraba sosteniendo una motosierra de color naranja con blanco, con la que estaba cortando un árbol al parecer encino que al preguntarle por su permiso manifestó que no contaba con ningún permiso. Tal entrevista no se advierte que haya sido expuesta con dudas y reticencias, pues se advierte claro y conciso al momento de ser rendida ante el órgano investigador al haber sido testigo presencial de los hechos, mismos que versan sobre los hechos constitutivos del delito. Es aplicable la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 70, Segunda Parte, página 25, registro 235739, que establece: "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Es inexacto que las declaraciones de los policías aprehensores carezcan de validez; si las mismas se encuentran apoyadas con otros elementos de prueba, tienen la validez jurídica que la ley les otorga, máxime si fueron presenciales de los hechos, mismos que pudieron apreciar por sus propios sentidos." Asimismo, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, volumen XLII, segunda parte, página 235, registro 801285, que dispone: "TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. La prueba testimonial, si no es la principal, si es la más común de las pruebas en el procedimiento penal, y en su análisis debe campear la más elemental precaución, pues una ligera valoración puede llevar a peligrosos resultados. Sabido es que, por lo general, el hombre se inclina a la verdad y sólo falta a ella cuando lo guía un determinado interés o bien se encuentra en estado de error que lo hace tener un concepto falso de la realidad; por eso se dice, dentro de la doctrina procesalista, que en el examen de esta prueba debe cuidarse, esencialmente, del testimonio mentiroso o errado, pues muchas veces se miente defendiendo un interés propio o ajeno, o bien se cree deponer sobre un hecho cierto cuando en realidad, y en forma subjetiva, estamos en error sobre el mismo. Por eso, el error y la mentira son los dos vicios que nulifican el testimonio humano y resulta lógico extremar las precauciones cuando del análisis de tal prueba se trata. Para ello, la credibilidad del testigo depende de tres motivos básicos: I. Del carácter de las personas mismas; II. De sus relaciones con los hechos que refieren, y III. De la índole de los hechos mismos." Aunado a lo anterior, se tiene la inspección realizada por el policía German Urbina Velázquez, de la que se desprende que el ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, se constituyó plena y legalmente en la comunidad de Lázaro Cárdenas en el paraje La Lomita, Municipio de El Oro, Estado de México, y tuvo a la vista tres tocones de árbol al parecer encino los cuales provienen de un tronco principal adherido al suelo, donde en el suelo se observan ramas, mismo lugar donde fue asegurado el señor Ascensión Jacinto Flores. Asimismo, la inspección ministerial de objetos, en la cual se dio fe de tener a la vista una motosierra marca Steel de color naranja con blanco, con espada de aproximadamente dieciséis pulgadas, en regular estado de conservación. Es aplicable, la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 56, Séptima Parte, página 36, registro 245972, que dispone: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCIÓN. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1º., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." También, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Febrero de 1993, página 280, registro 217338, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el período de instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere "que sea confirmada o practicada durante el período de instrucción." En relación con la correspondiente acción, es decir, que el agente del delito carezca de permiso o autorización legal para cortar los productos de los bosques o montes, se aprecia demostrado con el propio dicho del impetrante del amparo, quien refirió no contar con la mencionada autorización. Lo cual se complementa con el informe técnico forestal, que establece que el árbol derribado ilícitamente es del género encino, ocasionándose con ello un impacto negativo al ambiente, por lo que se requiere una autorización por parte de la autoridad competente, para su derribó y aprovechamiento del producto forestal maderable. Así, los datos de prueba valorados en su conjunto, por su enlace lógico y jurídico, como correctamente lo destacó la responsable, resultan idóneos para integrar la prueba circunstancial, con valor pleno que le reconoce el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, apta y suficiente para demostrar el hecho delictuoso contra el ambiente en la modalidad de destrucción, previsto y sancionado en el dispositivo 229, fracción I, del Código Penal del Estado de México, al quedar de manifiesto que el día ocho de noviembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las diez horas con veinte minutos, en el paraje denominado La Loma, de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México, fue derribado con una motosierra, un árbol de la especie encino en estado físico verde. Conducta que se realizó sin contar con permiso o autorización de la autoridad competente que permitiera realizar esa acción, con lo que expuso el bien jurídico tutelado, que en el caso, es la colectividad. Como resultado del hecho delictuoso en análisis, quedó acreditado que la conducta desplegada por el activo del hecho delictuoso provocó una mutación en el mundo exterior, pudiéndose establecer que se causó un resultado formal, en virtud de que se puso en peligro la colectividad, ya que efectivamente el actuar del sujeto activo tuvo como consecuencia un resultado de carácter formal, pues se trata de un delito de los denominados de conducta y, como resultado del mismo, efectivamente se pone en riesgo la población de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México. Sin que asista la razón jurídica del impetrante de amparo, cuando aduce que de la investigación no se desprenden datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso. Lo anterior se establece, toda vez que de la relación de los anteriores datos de prueba sí se advierten suficientes elementos de convicción que acreditan la comisión del hecho delictuoso en estudio legal, ya que se encuentra demostrado que se lastimó la biodiversidad de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México, pues fue derribado un árbol con una motosierra, siendo el mismo de la especie de encino, ocasionándose un impacto negativo al equilibrio ecológico, la conservación de recursos naturales y la protección del medio ambiente, sin que se acreditara que el sujeto imputado tuviera permiso o autorización de la autoridad competente para su derribo o aprovechamiento, lo que da sustento al acreditamiento del hecho delictuoso contra el ambiente en la modalidad de destrucción de productos del bosque. Aunado a lo expuesto, del contenido e interpretación del artículo 229, fracción I, del Código Penal del Estado de México, no se advierte que se refiera a la tala de árboles, habida cuenta que el núcleo rector del hecho delictuoso en análisis es únicamente el daño o destrucción de los productos de los montes o bosques sin permiso o autorización legal, empleándose para ello instrumentos como una motosierra, por lo que es inconcuso que puede tratarse del daño o destrucción ocasionado a uno o varios árboles de montes o bosques y, por tanto, no se está ante un caso de atipicidad. De ahí que en el caso se encuentre satisfecho el requisito constitucional y legal consistente en el establecimiento del hecho que la ley señala como delito, por lo que se considera correcta la actuación del Juez responsable, ya que los datos de prueba ponderados en párrafos anteriores evidencian el injusto penal contra el ambiente en la modalidad de destrucción de productos del bosque, cometido en agravio de la colectividad. Resulta ilustrativa, por su contenido, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 757, registro 2004857, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos". En el mismo tenor, se estima ajustada la conclusión del Juez responsable por cuanto a la justificación de la probable intervención del peticionario de amparo en el hecho delictivo que se le atribuye, en términos del artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, toda vez que los datos de prueba que tomó en consideración la responsable, consistentes en la entrevista del elemento captor Juan Soto Colín, así como con el informe policial homologado, suscrito por éste, la inspección del lugar de los hechos, la inspección ministerial de la motosierra, del dictamen pericial en materia forestal suscrito por el perito Celso Torres Manuel y la evaluación del daño ambiental, en su conjunto arrojan datos bastantes en relación a la probabilidad de intervención del impetrante en el hecho delictivo imputado, mismo que fue precisado en párrafos precedentes. Sin que en el caso sean de tomar en consideración las inconsistencias aducidas por el impetrante del amparo en sus conceptos de violación, pues si bien difiere en algunos aspectos la denominación del lugar mencionado por el agente remitente y el perito, de donde ocurrieron los hechos, a este Juzgador no le queda duda que acontecieron en el paraje denominado "La Loma" a "La Lomita", en la comunidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México, donde cortó un árbol con una motosierra. De ahí que, a juicio de este órgano jurisdiccional y contrario a lo argumentado por el impetrante en sus conceptos de violación, sigue prevaleciendo la imputación directa que hicieron en su contra el agente captor, quien se percató -sin prueba en contrario- que el quejoso había tirado un árbol con la ayuda de una motosierra, siendo que tales manifestaciones no resultan inverosímiles o carentes de crédito, dado que hasta el estadio procesal en que se encuentran tales datos de prueba, se advierte que encuentran sustento preponderante en el enlace de los mismos y son suficientes para tener por comprobado un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de intervención del quejoso en su comisión. Así, la estimación para emitir el auto de vinculación en contra del quejoso por el Juez responsable, se considera correcta y legal de acuerdo a sus facultades, ya que estimó los datos de prueba conforme a las reglas de la lógica y las máximas de las experiencias, aplicables para el sistema acusatorio. Por consiguiente, es posible concluir que el quejoso fue la persona que probablemente materializó la conducta que se le reprocha, pues en todo momento asumió la facultad de decidir o no el resultado, es decir, en su voluntad decisoria estuvo la posibilidad de efectuar el acto y el proceso causal del acontecimiento. Por tanto, se estima que probablemente fue quien lo cometió en su calidad de autor material del ilícito materia de la investigación, lo que actualiza como ya se dijo la hipótesis jurídica establecida en el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, como acertadamente fue expuesto por el Juez responsable en la resolución reclamada. En este sentido, toda vez que los datos de prueba analizados permiten ir de la verdad conocida, mediante un enlace lógico y natural, a la verdad que se pretende encontrar, resultando los mismos un indicio que en su conjunto forman la prueba circunstancial, ya que conducen a tener por comprobado un hecho que la ley señala como delito, esto es, el ilícito contra el ambiente en la modalidad de destrucción, cometido en agravio de la colectividad, así como la probabilidad de la intervención del quejoso en su comisión. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 96, registro 220391, que establece: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado." También, la jurisprudencia 1a./J.23/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Junio de 1997, página 223, registro 198452: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión." Ya que inverso a lo que refiere el peticionario del amparo, para resolver la situación jurídica del indiciado, no es necesario que se compruebe plenamente su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19, de la carta magna, basta con que existan datos que indiquen la probabilidad de que lo haya cometido o participado en su comisión. Por tanto, la justipreciación de los anteriores datos de prueba permiten, objetiva y fundadamente, desprender que, por ahora, el hoy quejoso es probablemente quien cometió el hecho que la ley señala como ilícito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarlo ahora, de su probable intervención; de tal manera que será en otro momento procesal posterior, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención y de imputación sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; claro, probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad; que, en el caso, conforme a las constancias que fueron expuestas y tomadas en consideración por la responsable de la causa, acontece respecto de tal probabilidad comisiva. Por lo tanto, hasta este momento procesal, el examen conjunto de los datos de prueba considerados por el juez responsable para dictar auto de vinculación a proceso reclamado; y en contravención a lo que esgrime el quejoso, resultan suficientes y jurídicamente eficaces para establecer la comisión del hecho señalado por la ley como ilícito y existe probabilidad de que el impetrante de amparo interviniera en su comisión, como autor material; empero, esos datos de prueba si en su caso fueren valorados en la etapa del juicio, pueden desvirtuarse en su beneficio o de robustecerse en su contra, mediante el aporte de mayores medios convictivos o, incluso, al señalar las contradicciones y deficiencias formales que pudieran llegar a cometerse en su perjuicio; cuyo acervo probatorio permitirá, de manera posterior, el análisis y valoración definitivos de los hechos. De ahí lo infundado de los conceptos de violación expuestos en la presente vía constitucional, donde se pretende evidenciar las inconsistencias en la hora fijada en el acuerdo de admisión de la carpeta de investigación por parte del Agente del Ministerio Público, la entrevista del policía remitente y el dictamen pericial, la cadena de custodia con relación a la existencia de un hacha, y la descripción de la vestimenta del quejoso, la descripción del árbol derribado, pues, como se destacó en párrafos precedentes, la determinación controvertida a través de esta vía extraordinaria de amparo, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, y existen pruebas suficientes para acreditar el injusto penal, así como la posibilidad que el quejoso intervino en su comisión. En mérito de lo expuesto, a juicio de quien resuelve el análisis de los datos de prueba llevado a cabo por el Juez responsable, resulta ajustado a derecho, pues de su análisis, a la luz de la lógica y sana crítica, se desprenden datos, que por ahora, involucran al quejoso en la comisión del hecho que la ley señala como ilícito, por tanto, tampoco cobra actualidad su concepto de inconformidad en el que afirma que no existen pruebas que los vinculen a tales hechos; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga con pena privativa de libertad y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por ende, resulta inconcuso que el auto de vinculación a proceso reclamado, no transgrede derechos fundamentales al ajustarse a lo dispuesto, principalmente, por el artículo 19 de la Constitución Federal, así por los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha celebrado el Estado Mexicano. Además, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, no se advierte circunstancia alguna ya sea física o mental por enfermedad, que pudiera ocasionar que la conducta típica desplegada por los activos del hecho delictuoso no resulte punible. Máxime, que en caso de que el hoy quejoso pretenda hacer valer alguna causa de exclusión del ilícito, deben ofrecer los datos de prueba suficientes para justificar su afirmación. Tiene aplicación al caso por su contenido la tesis 1a. CX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, Tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN LA HACE VALER. Se entiende por causa de exclusión del delito aquella que, concurriendo en el comportamiento de una persona, la releva de su responsabilidad penal, aun cuando la acción u omisión que haya realizado esté prevista en la ley como delito. Ahora bien, la carga de la prueba corresponde a quien hace valer dicha causa, atento al principio general de derecho que establece que quien afirma está obligado a probar, lo mismo que el que niega, cuando su negación sea contraria a una presunción legal o cuando envuelva la afirmación expresa de un hecho. Lo anterior no vulnera los principios de debido proceso legal y acusatorio, íntimamente relacionados con el principio de presunción de inocencia -implícitamente reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, pues ello de ninguna manera releva al Ministerio Público de la Federación de la carga de la prueba de todos los elementos del delito, sino que únicamente impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que haga valer, una vez que éste ha sido plenamente probado por la referida representación social, por implicar una afirmación contraria a lo probado, que corresponde probar a quien la sostiene". Tocante al concepto de violación en que el quejoso pretende evidenciar que se transgredieron los principios reguladores de la detención en flagrancia, porque desde su detención (diez horas con treinta minutos, aproximadamente), a la hora en que fue puesto a disposición de Agente del Ministerio Público (trece horas con cincuenta y cinco minutos), transcurrieron más de tres horas, lo que dice no se justifica. Disenso del impetrante del amparo que también resulta infundado, puesto que a juicio del que esto resuelve, el tiempo transcurrido entre su detención y la puesta a disposición, se considera prudente, si se toma en consideración que fue detenido en una zona boscosa de la localidad de Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, Estado de México, donde para salir, tuvieron que hacerlo caminando hasta la brecha donde se estacionó el vehículo oficial, y luego fue trasladado a la Ciudad de Atlacomulco, Estado de México, por lo que los anteriores se consideran motivos razonables que imposibilitaron la puesta a disposición inmediata y por tanto, no se infringen los derechos fundamentales del quejoso. Al respecto, es aplicable la tesis aislada citada por el quejoso, número 1a. CCII/2014 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 540, registro 2006471, que dispone: "DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS. De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además que ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de libertad personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita." Además, la resolución que se combate en esta vía resulta constitucional, se encuentra debidamente fundada y motivada. En efecto, del análisis del acto reclamado, se advierte que la autoridad señalada como responsable si acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, en tanto que enunció los preceptos aplicables al caso concreto y adujo los motivos o razones que tuvo en consideración para emitir la orden de cateo reclamada. Así, este juzgado de Distrito advierte que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, por lo que es de concluirse que no existe violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica contenido en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia publicada con el número 204, en la página 166, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" Así, al haber quedado evidenciado lo infundado de los conceptos de violación, y al no advertirse motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Ascención Jacinto Flores, respecto al auto de vinculación a proceso de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, por la comisión del hecho delictuoso contra el ambiente en su modalidad de destrucción. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 5/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página 11, registro 2012228, que establece: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XX, 63, fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ascención Jacinto Flores, en términos del considerando último de la presente resolución.
- Incidental
V.- La certificación precedente evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo concedido, en interlocutoria de dos de enero del año en curso (fojas 32 a 36), no exhibió caución a satisfacción de este juzgado federal por la cantidad de $5,000.00 M.N. (cinco mil pesos 00/100 M.N.), con el objeto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de mérito y comuníquese a la autoridad responsable que si lo estima conveniente quedan expeditas sus facultades para que ejecute el acto reclamado.
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