Asael Herrera Gutiérrez
Expediente 185/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Asael Herrera Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 88 a 90), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho (foja 84 a 85), para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizara manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 39 a 53). El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria el fallo citado en el párrafo precedente (fojas 61 a 65), por lo que se solicitó a la responsable diera cumplimiento a dicha ejecutoria. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".procede conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. Que el Subdelegado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad- responsable-, dé a conocer personalmente y en breve término a Asael Herrera Gutierrez, el contenido del oficio SF/DRPF/DFZH/28/2018, de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a través del cual turnó al Director Jurídico y de Capacitación Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí su petición, en el domicilio que la parte quejosa señaló en su escrito de cinco de enero de dos mil dieciocho (que recibió el diecisiete siguiente) para tal efecto. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número SF/DGI/DRPF/DFZH/564/2018 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 71), el Delegado Fiscal Zona Huasteca de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con residencia en ciudad Valles, remitió oficio SF/DRPF/DFZH/547/2018 de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, notificado el día veintinueve del mismo mes y año, por medio del cual se hizo del conocimiento del quejoso el oficio SF/DRPF/DFZH/28/18 de fecha dieciocho de enero del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable envía la solicitud de pago de lo indebido de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho a la Dirección Jurídica y de Capacitación Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Constancias que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibido que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Delegado Fiscal Zona Huasteca de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo y remite por el mencionado medio copia de las constancias respectivas; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibido que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (.) Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para las autoridades responsables de carácter judicial, toda vez que, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". Habida cuenta, de que del mismo modo, no se realice el respectivo cómputo para las autoridades responsables de carácter ministerial, toda vez que, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la tesis número I.6o.P.10 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2872, tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONTRA EL QUE SE CONCEDE EL AMPARO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 23, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.", sostiene que la autoridad responsable ejecutora carece de legitimación para promover la revisión contra la sentencia que concede el amparo, puesto que el acto reclamado en el juicio de amparo proviene de una autoridad jurisdiccional a la que le está vedado legalmente interponer ese recurso. Lo anterior es así, ya que aun cuando todas las autoridades son parte en el juicio de garantías, y de acuerdo con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo pueden intervenir en la controversia constitucional e interponer los recursos establecidos en la ley, al ejercer funciones jurisdiccionales carecen de legitimación para impugnar en revisión las sentencias, ya que al tener como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio del derecho para administrar justicia y representar los derechos de la sociedad y el interés público, al recurrir una sentencia de amparo estarían favoreciendo a una de las partes contendientes en el juicio natural demeritando con ello el deber de imparcialidad que la ley les impone. Por tanto, la autoridad ejecutora carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de un Juez de Distrito que amparó para que la ordenadora fundara y motivara correctamente el acto que se le atribuye, toda vez que el acto reclamado contra el que se concede el amparo proviene de una autoridad jurisdiccional. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los efectos siguientes: ".para el efecto de que el Subdelegado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad -responsable-, dé a conocer personalmente y en breve término a Asael Herrera Gutierrez, el contenido del oficio SF/DRPF/DFZH/28/2018, de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a través del cual turnó al Director Jurídico y de Capacitación Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí su petición, en el domicilio que la parte quejosa señaló en su escrito de cinco de enero de dos mil dieciocho (que recibió el diecisiete siguiente) para tal efecto." En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo y el punto número 1.2 de la circular 1/2013-P, de nueve de abril de dos mil trece, emitida por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la aplicabilidad de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del presente año, en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, que causen ejecutoria a partir de la entrada en vigor de la citada legislación, se requiere al Subdelegado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento al fallo protector, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir en los términos antes indicados, se impondrá a su titular una multa equivalente de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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