Arturo Zepeda Garces

Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1014/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Arturo Zepeda Garces

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1014/2022-IV. Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Se ponen documentos a disposición. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que el quejoso exhibió un acuse que constituye un documento original, porque tiene firma autógrafa original (anexo a la demanda). También exhibió un segundo acuse en impresión simple. Por tanto, se ponen a disposición del quejoso los mencionados documentos, y se instruye dejar una copia de los mismos en el expediente para debida constancia. Lo anterior, para que los recoja el quejoso o su autorizado, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, cualquiera deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá recoger el quejoso o su autorizado, los mencionados documentos, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe al quejoso, que de no comparecer en el plazo señalado, los referidos documentos que exhibió en este expediente serán destruidos. Ello, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por lista); y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso xxxx por propio derecho, contra actos de la ".LICENCIADA xxxx, SUBPROCURADORA DE OPERACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA." (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende un oficio de citación para acudir en calidad de testigo, en una carpeta de investigación relacionada con un vehículo automotor, y la notificación del referido oficio. Actos que únicamente atribuyó a dos responsables ordenadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en carácter de autoridad ejecutora. De donde se obtiene que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que el citatorio reclamado en la demanda sólo puede corresponder a un requerimiento de presentación con fines de investigación, y la notificación del mismo. De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una citación con fines de investigación, y la notificación del mismo, porque las autoridades ministeriales señaladas como responsables, sólo dispusieron un requerimiento para que aquél comparezca a que le sea recabada su entrevista, como testigo, en una carpeta de investigación al parecer relacionada con un vehículo automotor. En efecto, las autoridades señaladas en la demanda como responsables, dos ordenadoras y la otra ejecutora, sólo pretenden que se recabe entrevista al quejoso como testigo en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades relacionadas con una institución ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de citación con fines de investigación emitida y notificada por autoridades de dos instituciones ministeriales, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una citación de autoridad ministerial para recabar entrevista, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la citación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que cita a una persona como testigo, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la citación solamente se libra para el ateste con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la citación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede la persona citada expresar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la citación para recabar entrevista, lejos de coartarse algún derecho a la persona requerida, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda sobre los hechos de los que tenga conocimiento, relacionados con la carpeta de investigación. De lo anterior resulta patente que una citación para recabar entrevista como testigo, no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la citación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la citación y notificación reclamadas por el quejoso, encuentran una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.5 Sólo resta indicar que esta juzgadora detectó que la citación dirigida al quejoso, tiene un apercibimiento de multa para el caso de que no asista a la hora y fecha en que se le pretende recabar entrevista. Pero ese apercibimiento resulta insuficiente para considerar un acto de imposible reparación, porque sólo entraña la posibilidad de imponer una multa, razón por la cual no se tienen elementos para considerar una afectación directa a los derechos fundamentales del quejoso. En primer lugar, porque existe la posibilidad de que las autoridades ministeriales encargadas de la carpeta de investigación, esclarezcan los hechos con otros datos de prueba, es decir, descarten la necesidad de obtener información del quejoso como testigo; y en segundo término, porque bastaría la comparecencia de este a la carpeta de investigación, para desvanecer el apercibimiento de multa, que hasta el momento sólo implica la posibilidad de recibir esa medida de apremio. Sobre todo porque ningún elemento se tiene para considerar que el quejoso haya sido multado ni que pueda ser detenido, pues únicamente fue citado como testigo. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la citación para recabar entrevista y la notificación que se hizo, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo.

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