Arturo Zepeda Bolaños
Expediente 2570/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2570/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Arturo Zepeda Bolaños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se cancela multa. La Subadministradora Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "1", solicita los datos que refiere a fin de hacer efectiva la multa que le fue comunicada en el oficio 21392/2023. Ahora, dado que el treinta de junio de dos mil veintitrés se declaró cumplida la sentencia de amparo y se archivó el asunto como totalmente concluido, se cancela la sanción económica de referencia, sin que lo anterior implique que este Juzgado revoque sus propias determinaciones, puesto que la aplicación de los medios de apremio que establece el artículo 260 de la Ley de Amparo, es una facultad discrecional del Juzgador para hacer cumplir sus determinaciones. Por lo tanto, líbrese oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1", para que provea lo conducente respecto a la cancelación de la multa que se impuso al Titular de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, mismas que le fue comunicada por oficio 21392/2023; se solicita informe el resultado dado a esta determinación. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Declara cumplida sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante auto de catorce de junio de dos mil veintitrés; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO CORTE DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia definitiva. El diecisiete de enero de dos mil veintitrés se dictó sentencia definitiva en el que se concedió en el juicio de amparo para los siguientes efectos: "a. Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa la obligación tributaria de pagar el impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado; esto, desde luego, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo; es decir, que no se le aplique en el presente y en lo futuro, las normas declaradas inconstitucionales, salvo que sean reformadas La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto de aplicación reclamado por la quejosa, consistente en la factura electrónica relativa a la operación 5437453 de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el concepto relativo al "impuesto adquisición de vehículos", expedido a su favor por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el efecto exclusivo de que: b. Se le devuelva a la parte quejosa la cantidad que haya erogado por el concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado, esto es $3,519.60 (tres mil quinientos diecinueve pesos 60/100 moneda nacional), pues la concesión del amparo contra la norma legal considerada inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, debido a que no puede desvincularse el estudio de la ley del que corresponde al de su acto de aplicación." Causa ejecutoria. La sentencia definitiva causó ejecutoria el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y se requirió a las responsables su cumplimiento. Cumplimiento. El once de abril del dos mil veintitrés se recibió el oficio DJF.-7641-XIII/2023 la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua -por conducto de su representación- remitió el acuse de recibo del treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés a través del cual se entregó al quejoso Arturo Zepeda Bolaños el cheque 1157356, por la cantidad de $3,516.60 (tres mil quinientos dieciséis pesos 60/100 moneda nacional) por concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado. Posteriormente, el trece de junio del año en curso se recibió el oficio DJF.-11717-XIII/2023, la autoridad responsable remitió el acuse de recibo de doce de junio del presente año del oficio dirigido al Director de la Subsecretaría de Ingresos por el cual ordenó a las oficinas de recaudación de rentas se abstengan de cobrar al quejoso el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores hasta en tanto subsista el motivo de inconstitucionalidad. Conclusión. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita1 . Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del Acuerdo General de referencia. 1 Artículo 26. Transferencia primaria de expedientes. Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales solicitarán al Área coordinadora de archivos la transferencia de los expedientes judiciales que se encuentren dentro de los supuestos y que hayan cumplido con la temporalidad prevista para cada serie documental en el presente Acuerdo, la cual se llevará a cabo anualmente. Para ello, una vez que se cuente con fecha asignada por el Área coordinadora de archivos para la diligencia, el órgano jurisdiccional, con apoyo de las Administraciones Regionales, Delegaciones Administrativas y de las Administraciones de Edificios del Consejo, llevará a cabo la transferencia de los expedientes judiciales al depósito documental designado para tal efecto. 2 "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos Regionales, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine la persona titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa
- Principal
Vista con cumplimiento. Agréguese el oficio de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua -por conducto de su representación- mediante el cual remite el acuse de recibo del oficio dirigido al Director de la Subsecretaría de Ingresos por el cual ordenó a las oficinas de recaudación de rentas se abstengan de cobrar al quejoso el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores hasta en tanto subsista el motivo de inconstitucionalidad. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Lo anterior bajo el apercibimiento que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en que se declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el titular de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, no ha dado cumplimiento a uno de los efectos de la ejecutoria de amparo pese a encontrarse debidamente notificado para ello como se evidencia con los acuses de recibo de los oficios correspondientes a los acuerdos del veintiocho de febrero, diez y veintitrés de marzo así como el doce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y con apoyo en el artículo 237 fracción I en relación con el 258 de la Ley de Amparo, se impone una multa al titular de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Se determina lo anterior en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad, sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues no desahogó los requerimientos solicitados. Esto es, dejando transcurrir un plazo prolongado sin realizar alguna manifestación a fin de cumplir la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, lo cual no encuentra justificación tomando en consideración que se le notificó cada uno de los requerimientos, por lo que estuvieron en posibilidad jurídica de desahogarlos con la oportunidad debida. De tal forma que, lo anterior únicamente deja en evidencia que la autoridad responsable no realizó las acciones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo requerida en los proveídos antes indicados, desatendiendo totalmente el carácter de urgente que le reviste al presente procedimiento. Por lo que, gírese el oficio respectivo a la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "1", para que proceda al cobro de la multa impuesta al titular de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Se requiere nuevamente cumplimiento. Independientemente de la determinación anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase por última ocasión al titular de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que en el término de tres días hábiles, siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumpla con la sentencia de amparo la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa la obligación tributaria de pagar el impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado; esto, desde luego, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo; es decir, que no se le aplique en el presente y en lo futuro, las normas declaradas inconstitucionales, salvo que sean reformadas. La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto de aplicación reclamado por la quejosa, consistente en la factura electrónica relativa a la operación ******************** de ********************, por el concepto relativo al "impuesto adquisición de vehículos", expedido a su favor por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el efecto exclusivo de que: Se le devuelva a la parte quejosa la cantidad que haya erogado por el concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado, esto es $********* (********* moneda nacional), pues la concesión del amparo contra la norma legal considerada inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, debido a que no puede desvincularse el estudio de la ley del que corresponde al de su acto de aplicación." Lo anterior bajo el apercibimiento que de no realizarlo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." Requiere cumplimiento a superior jerárquico. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, -en su calidad de superior jerárquico de la autoridad indicada-, para que le requiera el cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 9/2022 estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 58/2008 y tesis CLXXV/ 2000 de la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa en los términos señalados en párrafos precedentes, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · 16,277 expedientes
- Arturo Saenz Bañuelos1335/2016
- Arturo Torres Flores1623/2020
- Arturo Torres Loya1391/2022
- Arturo Vázquez Terrazas209/2017
- Arturo Vázquez Terrazas194/2017
- Arturo Zamora Anchondo418/2023
- Arturo Zubia Fernández1387/2020
- Arwell Nathan Leyva Chávez1125/2022
- Ascari Gamboa González447/2019
- Ascencion Cabral Olague948/2022
- Ascención Gutiérrez Sánchez1573/2016
- Ascención Lozano Márquez1346/2017