Arturo Zavala Munguia

Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
840/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Arturo Zavala Munguia

Actuaciones

  1. Principal

    MESA X.- Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de veintinueve de septiembre pasado, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguna; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las partes, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    MESA X. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento formulado en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, sin que haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto a los siguientes actos: "1. Del C. Julio Peña Méndez, .la intromisión que efectuó el día cinco de diciembre de dos mil dieciocho, al inmueble ubicado en la ***, sin mediar denuncia, ni orden de cateo o inspección, así como los efectos derivados de su proceder. 2. Del Lic. Edgar Emilio Vázquez Burguete, .el acuerdo de aseguramiento de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, respecto de todos los objetos electrónicos, menaje y vehículos encontrados en el edificio ubicado en *** de la Ciudad de México, así como los efectos de dicho aseguramiento." DESECHAMIENTO. Por otra parte, respecto al restante acto consistente en la solicitud de orden de aprehensión dentro de la carpeta *** de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por los delitos de peculado como ejercicio abusivo en funciones (previstos en los numerales 273 párrafo primero, fracción II y sancionado en el párrafo final del Código Penal vigente para la Ciudad de México; actualmente previsto en el artículo 267 fracción IV inciso c) y párrafo último del Código Penal Vigente para la Ciudad de México; el delito de violación de comunicación privada, previsto en el numeral 334 párrafos primero y segundo, sancionado en el párrafo segundo del Código Penal de la Ciudad de México, lo procedente es desechar la demanda, por las razones siguientes. Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, respecto del acto señalado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, y 1, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Por su parte, los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.] Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]". De esos preceptos, se desprende que el juicio puede promoverse por la persona a quien afecte el acto reclamado, es decir, el acto debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, de manera directa, lo cual se conoce como interés jurídico, que existe cuando una norma (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, derivado de esa disposición tiene protección frente a cualquier persona o autoridad. Lo anterior, conduce a aseverar que la parte quejosa debe ser titular del derecho público subjetivo que estime vulnerado, de lo contrario, su esfera jurídica no se vería afectada con el acto de autoridad contra el cual se inconforma, lo que originaría su falta de legitimación para entablar el juicio constitucional de amparo. En ese sentido, la parte quejosa debe acreditar, en primer término, que la ley o el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que, si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Las consideraciones expuestas llevan a determinar que el ejercicio de la acción constitucional, contra actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a demandar el cese de esa violación. En esas condiciones, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho. b) Que ese derecho sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El primer elemento, se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquella prerrogativa que, derivada de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho subjetivo, es decir, el menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. Bajo ese esquema, se puntualiza que los actos que en esta vía pretende reclamar la parte quejosa no afectan su esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, la sola petición del Ministerio Público de una orden de aprehensión no le genera afectación a los derechos del quejoso, pues esta se materializaría hasta que la autoridad judicial se pronuncie respeto a tal solicitud. Por tanto, al ser manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción I de la constitución federal; se desecha, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. De igual manera debe desecharse la demanda en cuanto a la emisión de la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la carpeta judicial 012/216/2022-OA, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por los delitos de peculado como ejercicio abusivo de funciones y de violación de comunicación privada. Lo anterior, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la intelección de la disposición legal que precede, se conoce que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolver, en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, independientemente que las violaciones constitucionales sean distintas. Al respecto, debe destacarse que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el mismo quejoso promovió ante este órgano jurisdiccional la demanda de amparo a la cual le correspondió el juicio 572/2022, en la que se tiene como acto reclamado la citada orden de aprehensión. Bajo ese panorama, si la parte quejosa promovió diversa demanda de amparo contra los mismos actos y autoridades; es incuestionable que existe identidad de sujeto, objeto y causa; por tanto, se actualiza la figura jurídica de listispendencia. Consecuentemente deben desecharse los actos reclamados consistentes en "del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reclamo el artículo cuarto transitorio del código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el dieciséis de julio de dos mil dos; y b) Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reclamo el artículo cuarto transitorio del código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el dieciséis de julio de dos mil dos"; lo anterior, ya que no fueron reclamados por vicios propios, sino con motivo del acto de aplicación en la citada orden de aprehensión. En consecuencia, al actualizarse de forman manifiesta e indudable las casuales de improcedencia analizadas, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.

  3. Principal

    MESA X. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso ARTURO ZAVALA MUNGUÍA, en atención a su contenido, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a través del usuario "********"; y respecto del correo electrónico será únicamente para comunicaciones no procesales, en el entendido que si opta que las notificaciones se practiquen electrónicamente, así deberá solicitarlo expresamente, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA X.- Agréguese el oficio 29259/2022 emitido en el juicio de amparo 572/2022, de esta estadística, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ARTURO ZAVALA MUNGUÍA, contra los actos del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 840/2022. PREVENCIÓN... En consecuencia, conforme al artículo 108, fracción V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA", prevéngase al promovente para que, en la diligencia de notificación o por escrito dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad: Precise cuándo le fue notificado o tuvo conocimiento de los actos señalados con los números 1 y 2... El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que, de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, únicamente por lo que hace a los actos reclamados marcados con los números 1 y 2. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Constituye un hecho notorio para el presente asunto, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el diverso juicio de amparo 572/2022, de este índice, el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de publicación que se encuentran en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, por lo que con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, fracción III, inciso a), se le tiene como tal. Asimismo, ténganse como autorizados del justiciable en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Iván González Muciño y Julio Aspe Hinojosa...

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