Arturo Villaseñor Espinosa
Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Villaseñor Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo, por una parte, se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, devuélvase el juicio de origen el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio y el original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, siendo las doce horas con seis minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 606/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado de la autoridad responsable, así como el emplazamiento de los terceros interesados Atziri Morelia Lagunas Ruiz y Vicente Aguilar Calderón, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, S.G.L., I.B.G.L., A.P.T., L.S.R., O.R.V., M.B.R.G., J.J.R.P. y A.R.C. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS para resolver el juicio de amparo 606/2021, promovido por Arturo Villaseñor Espinosa quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: I. Sobreseer el amparo solicitado; y, Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: Audiencia de prórroga de investigación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno en la que: 1.- se negó la prórroga de investigación y; 2.- se determinó que el recurso de revocación en contra de la determinación del punto anterior era improcedente y por eso quedaba firme esta última. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con competencia dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Al rendir el informe justificado la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral de la Región Morelia aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el contenido del disco óptico que la juez responsable presentó como prueba, el cual contiene audiencia de solicitud de prórroga de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal 1001/2020 y sus acumulados; así como archivo electrónico donde consta por escrito dicha determinación. Que merece valor probatorio de documental pública conforme a los artículos 210-A, en relación con el diverso 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra los actos cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que las mismas son una cuestión de orden público, su estudio es preferente y oficioso, las invoquen o no las partes, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgador considera que debe sobreseerse en el presente asunto respecto de las determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez responsable, a través del cual le negó la prórroga de dos meses que le solicitó para recabar datos de prueba y designar un defensor particular para su defensa. Respecto de tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Es de precisar que la cesación a que se refiere el artículo y fracción transcrito, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En razón de ello, resulta improcedente el juicio de amparo de que se trata, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, a que se ha hecho referencia, pues el mismo ya fue sustituido procesalmente por la diversa determinación de la misma fecha mediante el cual con motivo del recurso de revocación interpuesto, la responsable determinó firme el auto recurrido, dictado en el proceso penal 1001/2020 y sus acumulados. En ese sentido, han cesado los efectos del acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, por sustitución procesal, al hacerse confirmado en revocación y, al ser así, es ésta nueva resolución, la cual, en todo caso, le irroga al peticionario del amparo un agravio personal y directo para los efectos del juicio de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2012, de la que derivó la jurisprudencia número 1a./J. 77/2012 (10a.), visible en la página 841, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." (Lo destacado es propio). Asimismo, es ilustrativo el criterio que se comparte, sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.769 C, visible en la página 1492, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." (Lo destacado es propio). Por otra parte, por cuanto ve al acto reclamado por Arturo Villaseñor Espinosa consistente en el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que la Juez de Control, admitió el recurso de revocación contra la determinación que negó la prórroga por dos meses de la investigación complementaria pero lo determinó improcedente, bajo el argumento de que el recurso de revocación debió de sustentarse en el agravio que causó la determinación y dicho agravio debía estar sustentado en la información que se emitió al inicio de la audiencia y que generó la resolución, por lo que en el caso, los argumentos que la defensa dio a conocer en el recurso de revocación, no fueron dados a conocer en la resolución impugnada, por lo que no podía resolver sobre circunstancias novedosas que no formaron parte de la determinación reclamada y en consecuencia, determinó firme negar la prórroga de dos meses solicitada, también debe sobreseerse, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. De tales artículos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las prerrogativas fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo indirecto es improcedente. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado por el aquí quejoso no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, de ser así, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva en el juicio oral, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha sentencia, impugnando la determinación de que se duele, como violaciones procesales, en términos de los artículos 173, y por el artículo 171, de la Ley de Amparo. Se sostiene ello, ya que de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, la determinación que declaró improcedente la revocación contra la negativa a otorgar prorroga de plazo de investigación complementaria, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que por su naturaleza no afecta directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, aunado a que las violaciones cometidas en el mismo, relativo a las pruebas que a decir del quejoso no pudo desahogar, constituyen violaciones procesales que pueden ser combatidas mediante el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio oral, de conformidad con los artículos artículos 173 y por el artículo 171 de la Ley de Amparo. Máxime que existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar la teoría del caso, y que no fue posible su desahogo, por ser dicha etapa la que tiene por objeto su ofrecimiento y admisión. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXVII.3o.84P (10a), visible en la página 2196, libro 62, enero de 2019, tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados." Congruente con lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracciones XXI y XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados consistente en las determinaciones de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictadas en la audiencia de solicitud de prórroga de investigación por la Juez del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán, dentro de la causa 1001/2020 y sus acumulados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se Sobresee el amparo solicitado por Arturo Villaseñor Espinosa, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que los terceros interesados de iniciales S.G.L., I.B.G.L., A.P.T., L.S.R., O.R.V., M.B.R.G., J.J.R.P. y A.R.C., se impongan del informe justificado rendido en autos, ello en atención a que fueron emplazados los tres primeros, por correo enviado el catorce de septiembre, confirmado en la misma fecha; mientras que los restantes por llamada telefónica realizada en esa propia fecha y el quince siguiente, ambas fechas del año en curso. 2. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveídos de veintiocho de junio y doce de julio, ambos de dos mil veintiuno se tuvieron como terceros interesados: Agente del Ministerio Público de Litigación Licenciado Vicente Aguilar Calderón y Atziri Morelia Lagunas Ruiz, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y, Víctimas S.G.L., I.B.G.L., L.S.R., O.R.V., M.B.R.G., J.J.R.P. y A.R.C. 1.2 Se ordena emplazar a los terceros interesados. Dado que no obra constancia de notificación de Agente del Ministerio Público de Litigación Licenciado Vicente Aguilar Calderón, adscrito a la Unidad de Antisecuestros y. Atziri Morelia Lagunas Ruiz, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado. Se comisiona al actuario de la adscripción para que a la brevedad, realice los llamamientos a juicio de las autoridades en cita, mediante oficio de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b); corriéndoles traslado con copia simple de la demanda, auto admisorio y el presente acuerdo. 1.3 Requerimiento a la autoridad responsable. Respecto de los diversos terceros interesados víctimas S.G.L., I.B.G.L., L.S.R., O.R.V., M.B.R.G., J.J.R.P. y A.R.C., se requiere de la manera más atenta al juez responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado de este auto, informe si los aludidos terceros comparecieron a juicio a señalar algún domicilio para oír y recibir notificaciones así como autorizado o proporcionaron algún número telefónico o correo electrónico en el que puedan ser contactado, a fin de emplazarlos al juicio de amparo en que se actúa. Apercibido que de no cumplir con lo requerido, con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental aplicable se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. 1.4 Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. 1.5 Se informa nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mili veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional tuvo cambio de titular.
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