Arturo Velásquez Sánchez
Expediente 105/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Arturo Velásquez Sánchez
- Fredy Zavalegui Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el once de abril de dos mil dieciséis (fojas 217 a 221), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra se concedió dicha medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a once de abril de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el informe justificado rendido por los Magistrados y Juez integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Ahora bien, advirtiéndose de las copias certificadas que como justificación de su informe remite dicha autoridad responsable, deducidas del Toca Penal Oral número J.O.T.P. 03/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado, aquí quejoso, ARTURO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ y otros, en contra de la resolución de fecha dos de noviembre de dos mil quince, en la que se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en agravio de Fredy Zabalegui Saavedra, en la causa penal 417/2015 del índice del Juzgado de Garantía en materia penal, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos 17, 18, 19, 22 y 61, fracción XVII, inciso b), de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. - - - Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: (.) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (.)". De la interpretación armónica de tales dispositivos se desprende que cuando se señale como acto reclamado un auto de vinculación a proceso, la parte quejosa se encuentra exenta de mediar recurso ordinario, para el caso que así este regulado, previo a la promoción del juicio de amparo; empero, no se encuentra exento de instar ante el órgano constitucional su demanda fuera de los términos establecido en el párrafo primero del numeral 17 en cita, debido a que no se encuentra este supuesto en los casos de excepción que marca expresamente tal dispositivo; por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la materia los quince días para la promoción de la demanda respectiva, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, virtud a que si la ley no distingue este juzgador no tiene por qué hacerlo. En tales condiciones, tomando en cuenta que la resolución reclamada de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal Oral número 03/2016, en la que se confirmó la resolución de fecha dos de noviembre de dos mil quince, en la que se dictó en contra del quejoso ARTURO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, auto de vinculación a proceso, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en agravio de Fredy Zabalegui Saavedra, en la causa penal 417/2015 del índice del Juzgado de Garantía en materia penal, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, se notificó al quejoso por conducto de su defensor particular a través de correo electrónico desde el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo previsto en los artículos 52, 53, 54 y 55 del Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, según se advierte de la razón asentada por la Ejecutora adscrita a la Sala Penal responsable (foja 206 vuelta). Notificación que surtió efectos a partir de la fecha del envío de la notificación correspondiente por correo electrónico (4 de febrero de 2016), de conformidad con lo previsto en el artículo 55 del Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, que prevé que cuando se notifique alguna resolución por cualquier medio electrónico, el plazo correrá a partir del envío de la comunicación, según lo acredite la oficina a través de la cual se hizo la comunicación o el medio de transmisión. Por tal motivo el plazo legal de quince días que establece el párrafo primero del artículo 17 de la Ley Amparo, para la presentación oportuna de la demanda de garantías, comprendió del día ocho al veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, descontándose los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero del actual, por haber sido el día cinco de febrero inhábil de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de amparo, y los restantes por corresponder a sábados y domingos; y, siendo que la demanda de garantías la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el uno de marzo de dos mil dieciséis, esto es, fuera del plazo legal de quince días para la presentación oportuna de la demanda, en virtud de que ya habían transcurrido dieciséis días hábiles cuando se presentó la misma. Por tal razón, es inconcuso que el juicio de amparo resulta extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal de quince días hábiles que prevé el artículo en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece como motivo de improcedencia del juicio de amparo, cuando se endereza "contra actos consentidos tácitamente", entendiéndose por tales, precisamente, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan, entre otros, en el numeral 17, párrafo primero, invocado, como aconteció en el presente caso. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de la literalidad siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Máxime que la resolución reclamada, no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos por alguna de las fracciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de acuerdo con la cual tratándose del reclamo: de normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, el plazo será de treinta días; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión, el plazo será de ocho años; de actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, el plazo será de siete años; o del acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al ser evidente que la resolución reclamada en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y menos en específico a la contenida en la fracción IV, del numeral 17 invocado, pues se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y por ende no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rija por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Por lo que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista al quejoso en cumplimiento a lo ordenado por auto de admisión. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a cinco de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos; advirtiéndose que el informe de la autoridad responsable, Juez de Garantía en Materia Penal, residente en Matías Romero, Oaxaca, no fue rendido por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las nueve horas con quince minutos del dos de mayo de dos mil dieciséis, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a treinta de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Juez de Garantía en Materia Penal, residente en Matías Romero, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Por lo que respecta al material de audio y video que el Juez responsable remite como parte de su informe justificado, por tratarse de una prueba documental pública, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca el contenido de dicho DVD, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por identidad de razones jurídicas, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Guárdense en la Secretaría de este Juzgado, tres discos que la autoridad judicial anexó a su informe justificado. Notifíquese. IIIB
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