Arturo Vanegas Cabrera
Expediente 520/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 31 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Arturo Vanegas Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. Sin embargo, de autos se desprende que en promoción con número de registro 13518, la Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, remitió dos tomos de pruebas, mismos que a la data en que se actúa, se considera innecesaria su retención, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, resultando procedente devolver los mismos a la autoridad en cita, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación de cuenta remitida por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 8783; información de la cual se toma la nota respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación de cuenta remitida por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 5641; información de la cual se toma la nota respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil veintidós, pronunciado dentro de los autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se sobreseyó en el asunto en que se actúa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación, el que no se encuentre agregado el acuse de recibo del oficio por el que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la resolución constitucional pronunciada en autos, toda vez que se estima que con ello no se causa ningún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número XX.J/74, visible en la página 84, del Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima al promovente, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de esa resolución ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por las razones que la informan, cabe mencionar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, del Tomo II, Diciembre 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, al haber actuado sólo como un órgano jurisdiccional que resolvió la controversia suscitada entre el particular quejoso y la administración pública como autoridad demandada, el tribunal emisor de la sentencia reclamada carece de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 83, fracción V, de la ley de la materia, dado que su actuación imparcial por antonomasia, quedó agotada con el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado, de modo que el interés para que tal determinación subsista o no sólo lo tienen las partes contendientes (particular actor y órgano de la administración pública demandado)." Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son destruible y depurable, respectivamente, y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del diez de marzo de dos mil veinticinco. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del nueve de septiembre de dos mil veintidós.
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