Arturo Valencia García
Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Valencia García
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Jefa del Departamento de Cobranza de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 949/2021 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley; ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. Cabe destacar que los artículos 192 y 244 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Artículo 192. Las autoridades fiscales competentes exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, conforme al procedimiento que señala este capítulo. Los vencimientos que ocurran durante el procedimiento administrativo de ejecución, incluso recargos, gastos de ejecución y otros accesorios, se harán efectivos con el crédito inicial, sin necesidad de ninguna formalidad especial. Artículo 244. Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación del recurso de revocación o del juicio contencioso, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal y los posibles recargos, en alguna de las formas señaladas por la ley de la materia. La suspensión podrá ser solicitada ante la oficina ejecutora, acompañando copia del escrito de interposición del recurso o de la demanda del juicio contencioso, así como la garantía del interés fiscal. La oficina ejecutora suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución una vez satisfechos estos requisitos. No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se hubieren embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. De la interpretación del artículo 244 citado, se advierte que el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo proceden contra actos que se dicten durante el procedimiento administrativo de ejecución. Por otra parte, los artículos 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley. Asimismo, es preciso destacar lo establecido en el artículo 296 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, el cual establece: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ ARTÍCULO 296 Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán, desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda . De lo expuesto y citado se observa que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, no son mayores que los previstos en la Ley de Amparo. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: El mandamiento de ejecución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, efectuado por la Jefa del Departamento de Cobranza de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, con residencia en esta ciudad. Cabe destacar que en el mandamiento de ejecución reclamado se requirió a la parte quejosa para que pagara o garantizara el crédito fiscal por concepto de derechos por Servicio de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, que le fue determinado el catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio ***. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa exhibió, entre otras documentales, copia de la diligencia de ejecución reclamada, de la cual se observa que en el punto octavo se hizo del conocimiento de la parte quejosa que dicha diligencia podía ser impugnada mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra del acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación o bien el juicio contencioso administrativo, previstos en los artículos 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, los cuales resultan idóneos para combatir el acto reclamado en este juicio de amparo. En consecuencia, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que la parte quejosa haya manifestado que promovió juicio de nulidad en contra del crédito fiscal que le fue determinado por la autoridad responsable; sin embargo, en el caso, el acto que combate a través de la demanda de amparo que se provee consiste en un acto posterior a la determinación del crédito fiscal, esto es, el procedimiento de ejecución previsto por el artículo 192 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, en contra del cual procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del código referido. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2020596 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Página: 326 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a *** para efectos de que intervenga en nombre de la parte quejosa en este juicio, en los términos que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos al profesionista restante por no contar con el registro referido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se exhorta a las partes a que hagan uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico . LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
... anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 949/2021... se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra del acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación o bien el juicio contencioso administrativo, previstos en los artículos 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, los cuales resultan idóneos para combatir el acto reclamado en este juicio de amparo... procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO... No es óbice a lo anterior, que la parte quejosa haya manifestado que promovió juicio de nulidad en contra del crédito fiscal que le fue determinado por la autoridad responsable; sin embargo, en el caso, el acto que combate a través de la demanda de amparo que se provee consiste en un acto posterior a la determinación del crédito fiscal, esto es, el procedimiento de ejecución previsto por el artículo 192 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, en contra del cual procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del código referido... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza a... para efectos de que intervenga en nombre de la parte quejosa en este juicio, en los términos que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo... asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos al profesionista restante por no contar con el registro referido... Se exhorta a las partes a que hagan uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
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