Arturo Valencia Esquivel

Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
823/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Arturo Valencia Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    VI.- Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de mayo del año en curso, en el que SE DESECHÓ LA DEMANDA AMPARO, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción.

  2. Principal

    VI.- Vista la razón de cuenta, a través de la cual, la Fedatario de la adscripción manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, la determinación de veintinueve de mayo del presente año, por los motivos que expone; con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo intégrese al expediente físico. En este sentido, con fundamento en los preceptos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal del referido quejoso la lista que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito, acorde a lo previsto en los artículos 27, fracción II y 29, de la Ley de Amparo. De igual manera, se comisiona al Actuario adscrito a efecto de que practique a Arturo Valencia Esquivel la notificación de que se trata y, las subsecuentes notificaciones que deban ser personales a través del medio de comunicación referido en el párrafo que precede (lista), hasta en tanto dicho quejoso señale nuevo domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    VI.EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIRÉS, SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE MAÑO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 823/2023-VI. +++. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. +++, señala como actos reclamados - La omisión de la responsable de no corregir los nombres de los testigos para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida en el juicio laboral ***, contenida en auto de nueve de mayo de este año. - La omisión de considerar el pliego en el desahogo de la audiencia confesional llevada a cabo el veintisiete de enero de este año. Toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la que se actualiza, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)-------------------XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.----------------------------------------------------------- Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) ----------------------------V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. --------------------------------------------------------------------Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. --------------------------------Las normas invocadas son las siguientes: ------------------------------------- "Artículo 107. El amparo indirecto procede:-------------------------------- (...)III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ------------------------------------------------------------------------------(...) ----------------------------------------------------------------------------------------b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; -------------------------------------------------------- [...]-----------------------------------------------------------------------------------------V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." --------------------------------------------------Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.--- Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. ----------------Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, con la omisión de la responsable para corregir el nombre de los testigos del quejoso y de considerar el pliego en el desahogo de la audiencia confesional llevada a cabo el ****, no se impide al solicitante del amparo, en forma actual, el ejercicio de algún derecho sustantivo; sino que únicamente constituye una posible violación a derechos adjetivos o procesales, cuya fuente proviene exclusivamente de una ley adjetiva. Ello es así, ya que el acto reclamado, no impide ni limita el derecho sustantivo de la parte quejosa, dado que al resolverse el juicio laboral de origen se podrían subsanar las posibles violaciones procesales que aquí se reclaman, en caso de obtener laudo favorable a sus intereses; de ahí que el acto reclamado no tiene una consecuencia de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho. En efecto, con ese pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del promovente; lo anterior, considerando que las omisiones combatidas, por más que causen, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa, por sí mismas no justifican la procedencia del amparo indirecto en su contra, dado que sus efectos y consecuencias se traducen únicamente en un aspecto procesal, relativo a que no se corrijan los nombre de sus testigos, esto es, aspectos meramente procesales; máxime que no se advierte que con motivo de las omisiones reclamadas, se decretara, en su caso, la suspensión del procedimiento en el juicio de origen. Así, el acto reclamado, por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen. CONCLUSIÓN Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Sirve apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." DOMICILIO Con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado por el ocursante. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Respecto del correo electrónico y número telefónico proporcionados se tienen como una forma especial de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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