Arturo Uriel Villanueva Sánchez
Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Arturo Uriel Villanueva Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de cinco de abril de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda, de conformidad con el numeral 21, inciso d) del citado acuerdo general conjunto, se determina que el presente expediente, es susceptible de ser destruido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III de la Ley de amparo, se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa el auto de ciento de abril de dos mil veintidós, mismo que refiere: " I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Uriel Villanueva Sánchez, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 333/2022-IV. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, y al ser cuestión de orden público y preferente, resulta procedente el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar la demanda que nos ocupa. Para justificar esta afirmación es menester citar el contenido de los aludidos numerales, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, la cual debe exteriorizar su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable para su procedencia, pues a través de aquélla, la parte quejosa expresa su voluntad de acudir ante el órgano de control constitucional en defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados; por tanto, si la demanda no se firma, o si ésta es objetada por alguna de las partes, y la autoridad judicial determina su falsedad, es evidente que no existe voluntad de la parte agraviada de instar este proceso constitucional y por ende el juicio de amparo es improcedente. Ahora, tratándose de demandas promovidas vía electrónica, los artículos 3° y 109, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 109. Cuando se promueva una demanda de amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: [.] En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." El primer numeral transcrito con antelación dispone que las promociones que se presenten en los juicios de amparo se deberán hacer por escrito, las cuales la parte promovente decidirá si las presenta de forma impresa o vía electrónica, por lo que en caso de optar por la forma electrónica, ésta se presentará mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que los de la firma autógrafa. La excepción que prevé la ley de la materia consiste en que cuando se presente una demanda de amparo en términos del artículo 15 de la propia norma, no se requerirá de la firma electrónica para su promoción. Asimismo, es oportuno precisar que la regulación emitida por el Pleno del Consejo de la de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus artículos 6, del 10 al 17 y 19 establece lo siguiente: "Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General. Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 11. A través del Sistema Electrónico del PJF, el CJF implementará la tramitación electrónica del juicio de amparo y, en general, de todos los asuntos competencia del PJF, así como de las comunicaciones oficiales. Artículo 12. Las Áreas Técnicas del CJF serán las unidades administrativas encargadas de velar por el adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del PJF, Sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las OCC, Sistemas de gestión, operación e información que acompañen el trámite de los asuntos en órganos jurisdiccionales y SISE. Al respecto, DGTI supervisará lo referente al funcionamiento técnico, mientras que la DGGJ se encargará de los procesos y las propuestas para mejorar a su operatividad. Además, serán responsables de coordinarse para enviar un reporte a los órganos jurisdiccionales y a las áreas administrativas del CJF cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el servicio. En éste se señalará el tiempo y las causas de la interrupción. Artículo 13. Cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, o bien, las servidoras o servidores públicos de los órganos jurisdiccionales adviertan una falla en los sistemas del CJF, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un Expediente electrónico o carpeta digital, deberán informar a la DGTI a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en el que se presente un aviso de falla, la persona titular de la DGTI deberá rendir un informe por vía electrónica, en el que precisará la existencia o no de la falla reportada y, en su caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó. El informe se hará del conocimiento del órgano jurisdiccional ante el cual se encuentre radicado el asunto que suscitó el "aviso de fallas técnicas". En el supuesto de que en el referido informe se haga constar la inexistencia de alguna falla, así lo acordará la o el titular del órgano jurisdiccional que corresponda en los asuntos respectivos y ordenará su notificación a las partes a través de la lista de acuerdos correspondiente. Por el contrario, si del análisis que se lleve a cabo por la DGTI se advierte que efectivamente existe una falla técnica que afecte el funcionamiento de los sistemas, bien sea para el envío y recepción de documentos, o para la consulta de los expedientes electrónicos o carpetas digitales, se acordará la suspensión de los plazos correspondientes durante el tiempo que ésta haya durado. Para estos efectos, el informe de la DGTI tendrá efectos plenos salvo prueba en contrario. Una vez que se restablezca el servicio electrónico, la persona asignada por la DGTI enviará, mediante el uso de su Firma Electrónica, un reporte al o a los órganos jurisdiccionales correspondientes con el objeto de que éstos notifiquen a las partes el restablecimiento del servicio, precisando la duración de la interrupción y la reanudación del cómputo de los plazos correspondientes, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho proveído. La notificación se realizará en la forma en que corresponda. Sección Segunda Del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 15. El Portal de Servicios en Línea funcionará las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 19. Una vez realizado el registro en el Portal, la persona usuaria podrá entrar al sistema a través de su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien, a través de su Firma Electrónica vigente." Ahora, de los numerales transcritos se desprende que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web que funciona las veinticuatro horas del día todo el año, a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos, promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse las resoluciones judiciales emitidas en dichos asuntos. Dicho portal cuenta con los módulos de presentación de Demandas, de Recursos, de Promociones, de Expediente Electrónico y de Notificaciones. Para que los usuarios puedan acceder a los servicios en línea de impartición de justicia constitucional, deben registrarse en el Portal indicando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario", una "Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica. Una vez registrado, el usuario puede acceder a los módulos a través de su "Nombre de Usuario" y "Contraseña", o haciendo uso de su firma electrónica. En ese orden, se destaca que la firma electrónica a la que hace referencia el artículo 3° de la Ley de Amparo, es el Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual es emitida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y consiste en el archivo electrónico que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, cuando la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas celebre un convenio de coordinación para reconocimiento de certificados digitales homologados con otro órgano del Estado, podrá reconocerse la validez de tales certificados, en el entendido que la lista correspondiente de tales firmas electrónicas se publicará en el Portal de Servicios. De igual forma, conviene señalar que al firmarse electrónicamente un documento, se genera una evidencia criptográfica consistente en caracteres alfanuméricos que permite individualizar el autor del documento y a que certifica la identidad del firmante. Ahora, el hecho de que un usuario registrado acceda al Portal, no implica que los documentos electrónicos que envíe a través de los módulos "Demandas", "Recursos" y "Promociones" sean suscritos por él, pues de conformidad con la regulación de la tramitación del juicio de amparo en línea, los archivos electrónicos deben ser firmados electrónicamente para que se considere que la persona que aparece como suscriptor en la evidencia criptográfica de la llave pública del certificado digital sea efectivamente su autor y surta los mismos efectos que la firma autógrafa. En efecto, el que se envíe y reciba mediante el uso del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación un archivo electrónico, no implica presunción legal alguna de que fue firmado por el usuario que lo haya remitido, en caso de que tal archivo carezca de su firma electrónica. Lo anterior encuentra su excepción en aquellos casos en los que se trate de demandas de amparo en los que se señalen como actos reclamados los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues únicamente en dicho supuesto, dada la trascendencia y urgencia de tales actos, no se requiere el cercioramiento de la identidad del promovente, sino únicamente la noticia de que ocurran dichos actos en contra del directo quejoso (no en perjuicio del promovente), para que se dé trámite al juicio, por lo que no se requerirá ni que el usuario se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ni que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Esa regulación se complementa en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en sus artículos 3, 5 y 6 prevé lo siguiente: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados." "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable." "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." De los numerales transcritos con antelación, se advierte que se estableció la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico entre otras cosas, para presentar medios de impugnación como son las demandas, y dicha firma produce los mismos efectos que la firma autógrafa; asimismo el segundo de los numerales prevé que las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en los juicios de amparo deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL o en su caso el certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en relación al último de los artículos establece que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto y en el caso de personas morales públicas o privadas, el certificado digital de la firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Luego, si una demanda de amparo presentada vía electrónica carece de la evidencia criptográfica correspondiente al certificado digital que demuestre que el archivo relativo fue firmado electrónicamente por la parte quejosa, tal documento electrónico no trae incorporada la voluntad de su autor; por tanto, en tal supuesto, el juzgador estaría impedido de admitir a trámite el libelo constitucional por no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, en el archivo electrónico del escrito inicial de demanda, así como de su impresión, que aparece como suscriptor Arturo Uriel Villanueva Sánchez, no existe evidencia criptográfica de la firma electrónica (FIREL) o de alguna de las firmas electrónicas respecto de las cuales exista convenio con el Poder Judicial de la Federación para su reconocimiento de quien promueve en favor de la parte quejosa o del propio solicitante del amparo. Así pues, es evidente la ausencia de la manifestación de la voluntad de la parte quejosa para ocurrir a esta instancia constitucional mediante el juicio en línea, pues la demanda carece del requisito esencial que constituye su firma electrónica, en razón de haber sido presentada por esa vía, lo que revela la falta de expresión de voluntad de la parte accionante, sin la cual no puede afirmarse válidamente, que se satisfaga el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, toda vez que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional constituyen los siguientes: ? La orden de traslado del quejoso del Centro Penitenciario y de Reinserción Social con sede en Chalco, Estado de México a diverso Centro Federal y de Readaptación Social a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México y su ejecución. Sin embargo, de dichos actos no se actualiza la excepción prevista en el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo, que permite la promoción del juicio vía electrónica sin hacer uso de la firma electrónica, dado que no se tratan de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, y si bien la demanda de amparo la promueve Arturo Uriel Villanueva Sánchez, lo cierto es que de un análisis integral a la demanda de amparo no se advierte que el promovente manifestara que se encontraba imposibilitado para promoverla, para estimar que se actualiza el supuesto del citado artículo 15 de la ley de la materia. De igual forma, debe decirse que la ausencia de firma electrónica en la demanda de amparo, no constituye una irregularidad susceptible de aclaración en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado vía electrónica en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado de forma electrónica, constituiría sólo un documento que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En efecto, la falta de firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Por tanto, se concluye que la falta de firma electrónica en la demanda inicial que nos ocupa, provoca que sea improcedente la promoción del presente juicio de amparo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 63, fracción XXIII, en relación los diversos 3°, 6º y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: Época: Décima Época Registro: 2019715 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 26 de abril de 2019 10:30 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Sin que pase inadvertido que el escrito de cuenta, al parecer, fue firmado autógrafamente por el quejoso; sin embargo, la presentación de ese escrito se realizó vía electrónica. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa. Arturo Uriel Villanueva Sánchez, por propio derecho. Domicilio. Dado que la demanda de amparo carece de firma y voluntad del promovente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no fue señalado domicilio procesal para tal efecto. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VI. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha mantenido la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de los casos urgentes, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, se exhorta a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, la rendición de los informes de ley o de cualquier comunicación dirigida a este Juzgado se realice a través de medios que permitan privilegiar dicho esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx)- o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea). Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el último de los casos y de no ser posible emplear alguno de esos medios, se informa que los Secretarios que están de guardia para la recepción física de cualquier oficio o promoción urgente dirigida al Juzgado, son los señalados en el aviso de guardia respectivo, que obra en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. VII. Aviso de privacidad y transparencia. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes
- Arturo Rivera Bonilla978/2018
- Arturo Rodríguez Ic555/2016
- Arturo Sergio Uribarren Aguerrebere1039/2015
- Arturo Solórzano Díaz69/2023
- Arturo Tinoco Soto529/2014
- Arturo Tomas Zamora997/2019
- Arturo Valenzuela Plata854/2015
- Arturo Valles Amaya617/2015
- Arturo Vazquez Cinco91/2013
- Arturo Zárate de la Cruz223/2023
- Arturo Zurizaday Villaseñor Méndez1183/2023
- Arturto Torres Alpuche1377/2018