Arturo Uriel Villanueva Sánchez

Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
382/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Arturo Uriel Villanueva Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 9894/2022, enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto número 186/2022-IX (226/2022), del índice de este tribunal, en virtud de que el quejoso Arturo Uriel Villanueva Sánchez, ha sido notificado del proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por tanto, dése de baja en la estadística y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 8161, enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través del cual comunica que aceptó la competencia planteada por este tribunal para conocer del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cuatro de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por Arturo Uriel Villanueva Sánchez, a través del cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí menciona; regístrese la demanda bajo el número 382/2022-IX. Ahora bien, una vez analizada la demanda con que se da cuenta, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Ahora, en el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en una orden de traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro, en cuya hipótesis, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo y en ese sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de las personas en otro centro penitenciario. De lo que se puede apreciar, la situación anterior encuadraría en la segunda hipótesis de las que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; sin embargo, de la lectura de la demanda, no se advierte que el acto reclamado pudiera tener ejecución en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Además, todas las restantes autoridades que señala como responsables tienen su residencia fuera de jurisdicción que corresponde a este Juzgado, lo que presupone el traslado del quejoso a un Centro Federal de Readaptación Social, diverso a esta ciudad; por tanto, ante el único dato objetivo que se tiene hasta el momento, es que el peticionario de amparo está privado de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, sin algún dato que permita concluir a qué centro de reclusión será trasladado, implica que el acto reclamado podría ejecutarse en un distrito judicial diverso al de esta ciudad, debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, que en el particular es en el Estado de México, que en todo caso será donde empezará a ejecutarse el acto reclamado. En ese contexto, conforme a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo 37 en cita, se advierte que en el caso concreto es la ejecución material del acto reprochado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, ya que si se trata de un acto que requiere ejecución material, entonces, se atenderá a la primera parte de dicho artículo dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable ejecutora. Es aplicable en lo substancial el criterio 1.60.P.55 P (10a.), sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2382, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Además, es de resaltarse que si bien en este municipio se encontraba el Centro Federal de Readaptación Social Número Tres "Noreste", también es cierto que de conformidad con el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Subsecretario de Seguridad Pública, en suplencia por ausencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre del año en comento, dicho centro penitenciario fue desincorporado del Sistema Penitenciario Federal, realizando dicha dependencia las acciones tendientes a su cierre definitivo. Por otra parte, con el criterio aquí sostenido no se controvierte la jurisprudencia 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO."; pues de su contenido se desprende que refiere a una hipótesis diversa al presente en el asunto, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, -hipótesis prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo-; por ende, si se ha determinado que en el caso en concreto no se ha ejecutado el mismo y sus consecuencias, irrefutablemente, es inaplicable la jurisprudencia en cita. Por lo expuesto, al ser evidente que este juzgado no tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta, con apoyo en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, que por razón de turno corresponda, por lo que de inmediato remítasele el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa localidad, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que pase desapercibido que, como se advierte de la certificación de cuenta, la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica de su promovente no obstante que se presentó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin embargo, este tribunal al no resultar competente para conocer de la demanda no se encuentra en aptitud de proveer lo conducente; por lo que será el juez con jurisdicción territorial en el lugar de reclusión del quejoso quien, en su caso, una vez analizado ese aspecto proveerá lo conducente en derecho. En otro aspecto, tocante a la medida cautelar solicitada, cabe destacar que el numeral 48 de la Ley de Amparo, establece que, cuando se presente una demanda ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la orden de traslado no encuadra en alguna de las hipótesis en mención, y tampoco se considera que deba atenderse por excepción la suspensión de plano, ya que mediante Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se excluyó a las órdenes de traslado de los casos urgentes de turno. Por tanto, como en el presente asunto se reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, que el quejoso Arturo Uriel Villanueva Sánchez aduce se ejecutará sobre su persona, este Juzgado de Distrito no se pronunciará sobre la suspensión de plano, pues como ya quedó plasmado en párrafos precedentes, las órdenes de traslado se eliminaron por Acuerdo General de los supuestos de asuntos urgentes para turno y no encuadran en alguna hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, para ello. No se soslaya que en términos de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ANTES DE INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO", la demanda de cuenta resulta notoriamente improcedente; sin embargo, este Juzgado carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda, y sobre la suspensión del acto reclamado. Toda vez que el quejoso Arturo Uriel Villanueva Sánchez, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, es decir fuera de la jurisdicción de este tribunal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione al actuario de su adscripción para que de inmediato se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar al quejoso de mérito y notificarle personalmente este proveído. Finalmente, se faculta al titular del juzgado que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

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