Arturo Trejo Camarillo

Expediente 659/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
659/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Arturo Trejo Camarillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    agréguense los oficios firmados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete, en el que se autorizó la expedición a su costa de las copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de febrero de dos mil dieciocho. De la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra el auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, en tanto que el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en las fracciones II y III, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se decretó el sobreseimiento del juicio, en tanto que en el incidente de suspensión respectivo se negó la medida cautelar (definitiva) solicitada respecto de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio de este juzgador no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar derivada del presente asunto. Con apoyo en lo establecido en la fracción III del artículo Vigésimo del Acuerdo General invocado, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de la interlocutoria correspondiente.

  3. Principal

    De autos se advierte que mediante oficio 6563/2017, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, informó que realizó la cancelación de la inscripción 103, a folio 106, del libro 6083 de la sección primera, estableciendo como vigentes las diversas 61, a folio 61, del libro 4863 sección primera y 26, a folio 26 del libro 2256 de la sección segunda; con lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha se haya pronunciado sobre ello, como se advierte de la certificación de cuenta. Ahora bien, con apoyo en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable, incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En la sentencia emitida el once de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió la protección constitucional al quejoso Arturo Trejo Camarillo, para el efecto siguiente: "(.) En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación expuestos, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Arturo Trejo Camarillo, para que una vez cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad responsable Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos, en esta ciudad, deberá: a) Cancelar la inscripción 103 a folio 106 del libro 6083 de sección primera, realizada el siete de marzo de dos mil dieciséis, relativa a la adjudicación otorgada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Apartado Judicial Compostela, Nayarit, a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en supuesta rebeldía de los demandados, otorgada en San Blas, Nayarit, el veintiuno de abril de dos mil catorce, en la Notaría Pública Número Tres, sobre el bien inmueble ubicado en calle Hacienda el Cortijo número 1321-8, lote 8 manzana 23, del fraccionamiento Santa Fe Etapa 2, en esta ciudad (.)". Dicha resolución causó ejecutoria el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, requiriéndose a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 6563/2017, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, informó que realizó la cancelación de la inscripción 103, a folio 106, del libro 6083 de la sección primera, estableciendo como vigentes las diversas 61, a folio 61, del libro 4863 sección primera y 26, a folio 26 del libro 2256 de la sección segunda, ambas de diecinueve de agosto de dos mil ocho, con lo que se dio vista al quejoso, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. Precisado lo anterior, este órgano judicial considera que de acuerdo a los efectos de la ejecutoria de amparo y a lo informado por la autoridad responsable, se cumplieron los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; ya que canceló la inscripción 103 a folio 106 del libro 6083 de sección primera, realizada el siete de marzo de dos mil dieciséis, relativa a la adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el juicio 506/2013 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Apartado Judicial Compostela, Nayarit, en supuesta rebeldía del demandado, otorgada en la Notaría Pública Número Tres de San Blas, Nayarit, el veintiuno de abril de dos mil catorce, sobre el bien inmueble ubicado en calle Hacienda el Cortijo número 1321-8, lote 8 manzana 23, del fraccionamiento Santa Fe Etapa 2, en esta ciudad, además estableciendo como vigentes las diversas 61, a folio 61, del libro 4863 sección primera y 26, a folio 26 del libro 2256 de la sección segunda. De ahí que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase del conocimiento de las partes que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad, y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha, transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiesen hecho valer el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el presente asunto, en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y tercero transitorio de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, con sede de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al de la notificación que de este acuerdo se le haga, de cumplimiento al fallo protector, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realice al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Además, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del citado artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador del Estado de Chihuahua, con sede en la capital estatal, como superior de la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a su inferior de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. Lo anterior, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tiene aplicación en lo que interesa, la tesis P. CLXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época, la página 5, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". En la inteligencia que de no demostrar que giró la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Notifíquese.

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