Arturo Tovar García
Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Arturo Tovar García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, apoderada del quejoso ********************; en su atención, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de quince de noviembre de la presente anualidad. Separación de juicios. Así tenemos que la parte quejosa señala como actos reclamados: El acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral ********************del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. La falta de emplazamiento al procedimiento paraprocesal ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Con lo anterior, resulta oportuno establecer la procedencia de la separación de autos, en tanto que se reclaman actos derivados de diversos juicios; es decir, se trata de actos autónomos e independientes, por lo que este órgano de control constitucional se ve impedido jurídicamente para proceder a su análisis en un mismo juicio de amparo. En ese sentido, resulta pertinente precisar que la figura jurídica de la separación de autos tiene como objetivo principal que se logre una tramitación más práctica y eficaz respecto de los diversos actos que se reclamen dentro de un juicio de amparo biinstancial, que se encuentren desvinculados entre sí, para evitar que al momento de resolver el mismo se llegara a pronunciar un fallo complicado o confuso en su comprensión, no sólo para los efectos del entendimiento de la sentencia, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse, o en su caso, en el cumplimiento de la ejecutoria, o en ambos, todo lo cual complicaría innecesariamente la resolución de cada uno de los actos que se reclaman a cada una de las autoridades señaladas en la especie como responsables, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal. Los aspectos en mención, fueron observados por el Constituyente al emitir la nueva Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe de ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: "En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución". Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al Juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17 de la Carta Magna. En esas condiciones, y dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo procede pronunciarse en torno a la separación de autos que se actualiza en este juicio. En vinculación con lo anterior, el numeral 66, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Por consiguiente, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, se estima que en este caso particular es procedente la separación de autos, en razón que los actos reclamados están totalmente desvinculados, en tanto que se trata de actuaciones dictadas en diversos juicios laborales, por lo que no son susceptibles de un análisis conjunto. Por tanto, deben estudiarse por separado a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía a la resolución que en su caso se dicte. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 76/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". En consecuencia, por los motivos apuntados, y a fin de integrar los expedientes respectivos, se decreta que en el juicio en que se actúa se analizaran los actos reclamados derivados del juicio laboral ********************promovido por ******************** en contra de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, radicado en el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Y, por lo que hace al diverso acto reclamado derivado del procedimiento paraprocesal ******************** del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, se ordena la separación de los juicios en el presente asunto. Por lo tanto, remítase de inmediato copia certificada del presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, promovida por ********************, ostentándose como apoderada del quejoso ********************, respecto del acto reclamado derivado del juicio laboral ******************** del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con la finalidad de que la referida Oficina de Correspondencia lo registre y lo turne de forma aleatoria al órgano jurisdiccional que corresponda. Sirve de apoyo a la anterior la Jurisprudencia P./J.78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. Causales de improcedencia respecto a los actos reclamados derivados del juicio laboral ********************. Ahora bien, el juez constitucional tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preponderante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el imperativo del artículo 113 de referencia, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Así tenemos que respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral ********************del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a consideración de este encargado del despacho, el juicio de amparo es improcedente, en tanto que el quejoso no se acredita su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional; lo que motiva la actualización de la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 del cuerpo de leyes invocado, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Conforme a la porción normativa transcrita y, con motivo de la reforma al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otras cosas, a la existencia de un interés jurídico, legítimo o colectivo. El interés jurídico implica un derecho reconocido por la ley; no es sino lo que la doctrina jurídica conoce como derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Es decir, el derecho subjetivo supone la conjunción, en su esencia, de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia y, cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Sin embargo, debido a la evolución del concepto de interés, generada por la necesidad de que el juicio de amparo sea un verdadero instrumento de amplia protección, no sólo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino también de los derechos humanos que han sido reconocidos internacionalmente a través de la suscripción de tratados, pactos y convenios entre naciones, el interés de los gobernados, inmerso en el principio de instancia de parte agraviada, que rige en el juicio de amparo, también debe entenderse desde un punto de vista más general y colectivo. Esto último ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la necesidad de tutelar no un derecho subjetivo, sino un derecho realmente establecido en beneficio de una colectividad identificada e identificable, que coloca a sus miembros en una especial situación frente al orden jurídico, lo que no debe confundirse con el interés simple o la mera facultad. Lo anterior deriva de la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De manera que, cuando pretenda tutelarse a través del juicio de amparo un derecho fundamental o humano establecido a favor de una colectividad, bastará la existencia de ese derecho, reconocido en el orden jurídico nacional o internacional, y que se demuestre que el agraviado pertenece al grupo que es destinatario de aquél canon. Sin embargo, cuando se trate de un derecho subjetivo cuya titularidad corresponda a una persona en sí, por estar comprendido dentro de su esfera jurídica personal y que por tanto es exigible ante la autoridad jurisdiccional, se estará en presencia del interés jurídico, el cual exige que se acredite fehacientemente la titularidad de dicho derecho, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión recl|amados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En ese sentido, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado a favor del quejoso, cuya transgresión lo faculta para acudir a la tutela constitucional, a fin de que la violación cese. Así lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.3o.J/26, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 581, registro 852, Octava Época, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Asimismo, es de invocarse la jurisprudencia VI.2o.J/87 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 582, registro 854, Octava Época, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por ende, para la procedencia del juicio de amparo no basta únicamente la acreditación de la titularidad de un derecho y la existencia de un acto de autoridad que sea capaz de producir una lesión a un derecho subjetivo público, sino también que esa lesión es real y efectiva y que, por tanto, puede causar una afectación a la esfera jurídica del quejoso, a través de una obligación de dar, hacer o no hacer. Ahora bien, en la especie, el quejoso promueve la acción constitucional en su calidad de persona extraña al juicio génesis del acto reclamado, porque básicamente aduce que, sin haber sido oído y vencido, se le pretende privar de los derechos laborales de la trabajadora fallecida ********************, a pesar de que debe ser designado como su beneficiario, al tener el carácter de cónyuge supérstite. Por ende, afirma el inconforme, que la tercera interesada ******************** no puede ser reconocida como única beneficiaria de la trabajadora, porque no fue su dependiente económica; habida cuenta que se encuentra casada. El quejoso afirma que fue cónyuge de ********************, por haber contraído matrimonio civil el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, lo anterior es insuficiente para acreditar el interés jurídico que se requiere para instar la acción de amparo, por las siguientes razones: El artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, supletoria de la Ley burocrática estatal, aplicable al caso de nuestra atención, prevé el derecho de la viuda o el viudo del trabajador o trabajadora, de recibir las indemnizaciones a que tengan derecho estos. No obstante, en términos de lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, para que el beneficiario de un trabajador o trabajadora fallecidos puedan recibir las indemnizaciones o cantidades a que tenían derecho éstos, es necesario la declaratoria de reconocimiento por parte de la autoridad laboral competente, en tanto que se requiere la acreditación de alguno de los supuestos contenidos en el artículo 501 de la invocada legislación. Esto, dentro del procedimiento ex profeso a que se refieren los artículos 892 y 893 de la Ley Federal del Trabajo, en el que el o los promoventes tendrán oportunidad de demostrar su legitimación. Con fines meramente ilustrativos, se invoca la tesis aislada III.3o.T.28 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2922, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. SE TRAMITA COMO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO PARAPROCESAL. De conformidad con el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones que regulan el procedimiento especial laboral, contenidas en el título catorce, capítulo XVIII, de dicha legislación, rigen en la tramitación de los conflictos que se suscitan con motivo de la aplicación, entre otros, del artículo 503 de dicha ley, el cual se relaciona con la declaratoria de los beneficiarios de un trabajador fallecido y, por ende, no es dable sostener que se tramite y se decida fuera del juicio laboral, como un procedimiento paraprocesal o de jurisdicción voluntaria (previsto por el propio ordenamiento en el capítulo III de su título quince), pues en atención a las peculiaridades de la sustanciación del procedimiento, éste consta de todas las etapas de un juicio, aunque su desarrollo sea más compacto que un procedimiento laboral ordinario, dada su tramitación "especial", como propiamente lo denomina la ley obrera. Sin que pueda practicarse de una manera diferente, toda vez que el propio legislador estableció este trámite especial para investigar y convocar a todos los posibles beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y, con su comparecencia o sin ella, resolver sobre las personas a las que les revista ese carácter." Lo anterior, porque la declaración de beneficiarios no puede realizarse dentro de otro tipo de procedimientos, como pudiera ser un juicio ordinario sobre despido o separación injustificada, en tanto que la litis en estos procedimientos es cerrada, lo que significa que no pueden discutirse otros aspectos que no sean los relativos a los derechos e indemnizaciones que derivan de un despido. Además, como se señaló, la legislación laboral prevé los mecanismos especiales para que los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida obtengan la declaración y reconocimiento de sus derechos y estos les sean satisfechos. En consecuencia, para demostrar su interés jurídico, el quejoso debió acreditar que previamente obtuvo en el procedimiento especial condigno, el reconocimiento y declaración de su derecho como beneficiario de la trabajadora fallecida, por ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, supletoria de la legislación burocrática estatal; lo que en la especie no aconteció, en tanto que, como se dijo, únicamente compareció ante la responsable, manifestando tener el carácter de cónyuge supérstite de la actora, sin demostrar que previamente obtuvo el reconocimiento y declaración de su derecho por parte de la autoridad competente. Lo que además se corrobora con el hecho de que la parte quejosa señaló también como acto reclamado la falta de emplazamiento al procedimiento paraprocesal ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, que versa sobre el reconocimiento de beneficiarios con relación a la trabajadora finada. De ahí que deba concluirse que el quejoso no acredita su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, en tanto que no demostró ser beneficiario de la trabajadora fallecida, legalmente reconocido. Es importante destacar que dicha circunstancia no es subsanable ni susceptible de acreditarse durante la tramitación del juicio de amparo ya que como el propio quejoso lo reconoce, no le asiste esa calidad de beneficiario pues no fue llamado al procedimiento paraprocesal instado para tal efecto, siendo tal omisión el diverso acto que reclama y respecto al cual se decretó la separación de juicios. Aunado a ello, tal declaración no puede hacerla este órgano de control constitucional, pues para tal efecto la Ley Federal del Trabajo prevé el procedimiento idóneo en el que un aspirante a los derechos de una persona trabajadora fallecida puede demostrar que se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 501 de la citada legislación. Lo razonado conduce a desechar la demanda, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del diverso 61, del cuerpo de leyes en mención, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6
- Principal
Resolución de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 172/2023-6-A, y un anexo, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del expediente auxiliar 906/2023 relativo al recurso de revisión laboral 185/2023, de su índice, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en la presente ejecutoria." Confírmese su recibo y háganse las anotaciones conducentes en el libro de control electrónico. Prevención. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, visto el escrito de demanda y a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en el término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente: 1. Deberá manifestar si es su deseo señalar como acto reclamado la falta de emplazamiento al procedimiento de declaración de beneficiario de derechos laborales de su fallecida esposa, dentro del expediente ***, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, o en su caso, señale de manera precisa los actos que reclama mediante su demanda de amparo. En efecto, el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" Prevención. Resulta necesario prevenir a la promovente, para que aclare los actos que reclama en el juicio, toda vez que, en el apartado de acto reclamado, señala que se duele de lo siguiente: El acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral *** del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Sin embargo, en los antecedentes de la demanda de amparo y de una parte de los conceptos de violación se desprende lo siguiente: Antecedentes. "[.] Con fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio citado en el párrafo anterior, se dictó acuerdo, diciendo al respecto: III.- Se tiene por hechas las manifestaciones que hace valer la C. **, no ha lugar a lo solicitado por la promovente en el sentido de reconocer la personalidad para los efectos del pago de indemnización por la muerte de la finada trabajadora *** lo anterior toda vez que se ha declarado como única y legitima beneficiaria a la C. **, lo anterior conforme a la resolución e declaración de beneficiario de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, emitida por este H. Tribunal bajo el expediente paraprocesal *** [.] 2. (sic) Haciendo notar, que mi representado hoy quejoso ***, en ningún momento fue notificado, en los autos del expediente para procesal número 104/2022, por lo que no compareció el mismo; [.] Concepto de violación. "[.] Cuando debió reconocer el carácter de cónyuge supérstite del quejoso, con el acta de matrimonio exhibida, al haber comparecido con fecha doce de abril de dos mil veintidós, es decir, antes, de emitirse la resolución de declaración de beneficiario de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, expediente en el cual el quejoso no fue llamado para hacer valer sus derechos como cónyuge supérstite. [.[ Entonces, es necesario que el quejoso precise cuál es el acto que reclama, a efecto de que este juzgador federal pueda determinar la procedencia del juicio de amparo; máxime que los actos impugnados fueron emitidos dentro del procedimiento, circunstancia que exige que éstos sean de aquellos que se consideran de imposible reparación. De manera que, es obligación de la parte quejosa referirse con exactitud respecto de los actos que reclama, lo que debe hacerse con claridad y precisión, toda vez que resulta indispensable para este Juzgado Federal identificar correctamente los actos reclamados, para que, de ser procedente su libelo constitucional, la autoridad que señala como responsable, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, esté en aptitud de rendir el informe justificado previsto por el numeral 117 del citado ordenamiento legal. Cuestiones las anteriores que resultan de vital importancia conocer, a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses. En el entendido que su aclaración deberá presentarla en original y copias simples suficientes, para ser distribuidas entre las partes, en caso de que la demanda de amparo sea admitida, en términos del artículo 110 de la ley de la materia. En ese tenor, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE". Apercibimiento. Apercibida que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por no presentada en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 6
- Principal
En veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta con un oficio. Conste. Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. AVISO DE SUSTITUCIÓN. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de catorce de junio de dos mil veintitrés aprobó la designación de Álvaro Licona Martínez, secretario en funciones de Juez, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en sustitución de la Jueza Bertha Patricia Orozco Hernández, con efectos a partir del dieciséis al treinta de junio de dos mil veintitrés; en atención a lo informado mediante oficio SEADS/1505/2023, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. ACUSE DE RECURSO DE REVISIÓN. Glósese a los autos el oficio referido en la cuenta secretarial; en atención a su contenido, se tiene a la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por *** por conducto de su apoderado contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo 172/2023-VI-A, el cual quedó radicado bajo el número 185/2023, del índice de dicho tribunal...VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de junio de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial de cinco de junio de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad del actuario para notificar en forma personal a la parte quejosa ***, la resolución de veintinueve de mayo de este año, en el domicilio ubicado en calle ***, pues al recorrer dicha calle de inicio a fin, no localizó el número ***, apreciándose que el número ***, corresponde a una vecindad que tiene en su interior diez viviendas y, que sobre la calle continúa el **, y de ahí la remuneración es descendente hasta el ***. Derivado de lo anterior, se constituyó en las oficinas de correos México en esta ciudad, siendo atendida por el jefe de carteros, ***, quien al preguntarle si en la calle ****, se ubicaba el número ***, manifestó, previo cuestionamiento al cartero que reparte en esa colonia, que el **, corresponde a una vecindad con diez viviendas y el ****, se encuentra sobre dicha calle, pero el buscado no lo tiene ubicado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el citado proveído, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista.VI Se notifican los resolutivos de la sentencia engrosada el veintinueve de mayo del año en curso, en la cual se determino: Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por conducto de su apoderada, en contra de la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero y consideración segunda, respectivamente, por los razonamientos expuestos en el último apartado considerativo de esta determinación.VI
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Arturo Salazar Hernandez827/2017
- Arturo Sánchez Juárez783/2020
- Arturo Sánchez Solis1539/2017
- Arturo Tagle Ortega1521/2021
- Arturo Tagle Osorno305/2016
- Arturo Torres Cruz190/2019
- Arturo Vega Barrios1238/2017
- Arturo Vega Barrios343/2017
- Arturo Vega Barrios612/2017
- Arturo Vega Barrios441/2017
- Arturo Vergara Sánchez1312/2018
- Arturo Zamora Olivas1586/2015