Arturo Torres Márquez
Expediente 1183/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Torres Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable.
- Principal
Se publica el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, quien resuelve procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Antonio Torres Márquez, para que la responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, Zacatecas, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal número 02/2018, de su índice; así como la diligencia de declaración preparatoria del quejoso Arturo Torres Márquez de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la cual deberá ser practicada de nueva cuenta con las formalidades legales necesarias; y, en ese sentido, provea lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, por cuanto hace al inculpado Arturo Torres Márquez; 2) Determine lo conducente para que sea recabada la declaración preparatoria de dicho inculpado, con sujeción a lo establecido en este fallo y con apego a los numerales 19 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 137 y 143 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, haciéndole saber todos los derechos que en su favor se establecen, y en esa guisa la autoridad judicial deberá informarle al encausado Arturo Torres Márquez, aquí quejoso, el nombre de todos los testigos que deponen en su contra, además de que se le tendrá que precisar la imputación que éstos le realizan; la naturaleza y causa de la acusación, esto es, el delito que se le imputa, por su previsión legal, así como la precisión del consecuente hecho materia de la acusación y de cuáles son específicamente las pruebas de cargo que lo incriminan; en el entendido que para tal fin deben acatarse además, las formalidades legales establecidas en los artículos 136 a 142 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad. En caso de que el inculpado, aquí quejoso, solicite la ampliación del plazo constitucional, dentro del mismo, se le otorgue oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, las pruebas que eventualmente ofrezca tanto el inculpado como su defensa; ello, sin perjuicio de que el procesado o su defensor, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal del primero; y 3) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva durante el nuevo plazo constitucional la situación jurídica del inculpado Arturo Torres Márquez. En la inteligencia de que la concesión de la protección constitucional se circunscribe a ordenar dejar sin efectos exclusivamente en lo que toca a las actuaciones expresamente señaladas, esto es, el auto de término constitucional y la declaración preparatoria del inculpado Arturo Torres Márquez, por lo que quedan intocadas las restantes actuaciones habidas en el juicio de origen, en acatamiento al artículo 17 constitucional, tales como las pruebas recabadas con posterioridad a la resolución de término constitucional; como tampoco implica dejar en libertad al procesado, porque -como se ha visto- la reposición del procedimiento en primera instancia únicamente se circunscribe a recabar su declaración preparatoria con sujeción a lo aquí determinado, para otorgarle seguridad jurídica y la oportunidad de una adecuada defensa previo al potencial acto privativo; y, hecho lo anterior, se resuelva su situación jurídica. En el entendido que la concesión del amparo con motivo de las infracciones que quedaron relatadas en la sentencia, de ningún modo llega al grado de decretar la libertad del procesado Arturo Torres Márquez, aquí quejoso, sino sólo para los efectos que de manera puntual han sido acotados con antelación. Consecuentemente, el veintidós de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles. Razón por la cual, el veintisiete de noviembre del año en curso la responsable dictó un auto en el que dejó sin efectos la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y declaración preparatoria y el veintiocho siguiente tomó la declaración del inculpado siguiendo los lineamientos expuestos en la presente resolución. Por otro lado, a través de acuerdo de tres de diciembre del año en curso, la citada responsable informó mediante oficio 2047 de treinta de noviembre de dos mil dieciocho el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual, remitió copia certificada de la situación jurídica del Inculpado Arturo Torres Márquez. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió los lineamientos descritos por este Órgano Jurisdiccional, en el presente juicio de amparo 1183/2018, esto es, dejó insubsistente la resolución reclamada, se llevó acabo de nueva cuenta la declaración preparatoria del inculpado y se resolvió la situación jurídica del quejoso, lo que deja de manifiesto que atendió como ya se dijo los lineamientos establecidos a efecto de restituir al quejoso en el goce de su garantías violadas. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado.
- Principal
Visto; el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, quien resuelve procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Antonio Torres Márquez, para que la responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, Zacatecas, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal número 02/2018, de su índice; así como la diligencia de declaración preparatoria del quejoso Arturo Torres Márquez de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la cual deberá ser practicada de nueva cuenta con las formalidades legales necesarias; y, en ese sentido, provea lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, por cuanto hace al inculpado Arturo Torres Márquez; 2) Determine lo conducente para que sea recabada la declaración preparatoria de dicho inculpado, con sujeción a lo establecido en este fallo y con apego a los numerales 19 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 137 y 143 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, haciéndole saber todos los derechos que en su favor se establecen, y en esa guisa la autoridad judicial deberá informarle al encausado Arturo Torres Márquez, aquí quejoso, el nombre de todos los testigos que deponen en su contra, además de que se le tendrá que precisar la imputación que éstos le realizan; la naturaleza y causa de la acusación, esto es, el delito que se le imputa, por su previsión legal, así como la precisión del consecuente hecho materia de la acusación y de cuáles son específicamente las pruebas de cargo que lo incriminan; en el entendido que para tal fin deben acatarse además, las formalidades legales establecidas en los artículos 136 a 142 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad. En caso de que el inculpado, aquí quejoso, solicite la ampliación del plazo constitucional, dentro del mismo, se le otorgue oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, las pruebas que eventualmente ofrezca tanto el inculpado como su defensa; ello, sin perjuicio de que el procesado o su defensor, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal del primero; y 3) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva durante el nuevo plazo constitucional la situación jurídica del inculpado Arturo Torres Márquez. En la inteligencia de que la concesión de la protección constitucional se circunscribe a ordenar dejar sin efectos exclusivamente en lo que toca a las actuaciones expresamente señaladas, esto es, el auto de término constitucional y la declaración preparatoria del inculpado Arturo Torres Márquez, por lo que quedan intocadas las restantes actuaciones habidas en el juicio de origen, en acatamiento al artículo 17 constitucional, tales como las pruebas recabadas con posterioridad a la resolución de término constitucional; como tampoco implica dejar en libertad al procesado, porque -como se ha visto- la reposición del procedimiento en primera instancia únicamente se circunscribe a recabar su declaración preparatoria con sujeción a lo aquí determinado, para otorgarle seguridad jurídica y la oportunidad de una adecuada defensa previo al potencial acto privativo; y, hecho lo anterior, se resuelva su situación jurídica. En el entendido que la concesión del amparo con motivo de las infracciones que quedaron relatadas en la sentencia, de ningún modo llega al grado de decretar la libertad del procesado Arturo Torres Márquez, aquí quejoso, sino sólo para los efectos que de manera puntual han sido acotados con antelación. Consecuentemente, el veintidós de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles. Razón por la cual, el veintisiete de noviembre del año en curso la responsable dictó un auto en el que dejó sin efectos la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y declaración preparatoria y el veintiocho siguiente tomó la declaración del inculpado siguiendo los lineamientos expuestos en la presente resolución. Por otro lado, a través de acuerdo de tres de diciembre del año en curso, la citada responsable informó mediante oficio 2047 de treinta de noviembre de dos mil dieciocho el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual, remitió copia certificada de la situación jurídica del Inculpado Arturo Torres Márquez. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió los lineamientos descritos por este Órgano Jurisdiccional, en el presente juicio de amparo 1183/2018, esto es, dejó insubsistente la resolución reclamada, se llevó acabo de nueva cuenta la declaración preparatoria del inculpado y se resolvió la situación jurídica del quejoso, lo que deja de manifiesto que atendió como ya se dijo los lineamientos establecidos a efecto de restituir al quejoso en el goce de su garantías violadas. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos el oficio de cuenta y anexo, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por el que informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria protectora emitida en el presente juicio de garantías. Con el oficio de cuenta y anexo, así como con el cumplimiento dado por dicha autoridad responsable, recibido mediante auto de treinta de noviembre de la presente anualidad y, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
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