Arturo Torres Berber

Expediente 1586/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1586/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Arturo Torres Berber

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio SGA-VIII TER-21699/2019, remitido por el Actuario Judicial adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del expediente varios *** de su índice, el cual contiene la literalidad del acuerdo de veintinueve de agosto de la presente anualidad, por el cual se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y remite el escrito signado por ***, que una vez analizado íntegramente, el Alto Tribunal concluyó que se trata de una demanda de amparo. Atento a lo anterior, por los motivos que se exponen en el proveído inserto en la misiva de cuenta, este Juzgado Federal, se avoca al conocimiento del presente asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ***. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como autoridad responsable al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y como acto reclamado los descuentos que dicho organismo le viene realizando a su salario por concepto de crédito para la vivienda, que a decir del quejoso resulta excesivo por los intereses aplicados. Para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta necesario precisar el contenido de los artículos 1°, 2, 3 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los cuales establecen: "Artículo 1o.- Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República." "Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la Ciudad de México." "Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto: I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece." De los normativos transcritos, se advierte que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo de servicio social, con personalidad y patrimonio propios, que administra "recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores". Asimismo, además de fungir como administrador de fondos de vivienda, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, en términos de las fracciones I a XLV, del artículo 3, del Reglamento Interior del Instituto de del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En esa tesitura, en su relación jurídica con los trabajadores o acreditados, cuando actúa como ente administrador, se encuentra en un plano de coordinación, pues no actúa con su potestad de autoridad, situación distinta a cuando su papel es de organismo fiscal autónomo, frente a los patrones y sujetos obligados. Hechas las anteriores precisiones, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejosa se duele esencialmente, del cobro que ordenó realizar el Instituto, con motivo del otorgamiento de un crédito para la vivienda; crédito que es autorizado a quienes tienen la calidad de trabajadores. De lo anterior, claramente se advierte que el acto reclamado tiene como causa generadora el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria presuntamente celebrado por la aquí parte quejosa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de modo que los descuentos reclamados derivan del crédito que le fue otorgado, es decir, de lo pactado en el acuerdo de voluntades, en el que se estableció la forma en que se llevaría a cabo el pago del monto financiado. Luego, resulta evidente que la forma de cuantificar el monto de la mensualidad correspondiente al crédito de vivienda que le fue otorgado, así como el ordenar el descuento derivado del crédito, no constituyen actos de autoridad revestidos de imperio y unilateralidad, sino que tienen sustento en un contrato, por lo que las consecuencias de su cumplimiento, a través del pago que debe realizar el trabajador, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque tuvo su origen en una relación de coordinación entablada entre el trabajador y el organismo que administra los recursos del fondo para la vivienda. Estimar lo contrario equivaldría a considerar que, cuando ese mismo tipo de contratos se pactan con una institución de crédito, y ésta última decida ordenar la ejecución de su pago que corresponde enterar al acreditado por dicho crédito, tal proceder fuere considerado acto de autoridad por ser contrario a lo pretendido por el deudor, lo que es inadmisible jurídicamente. De ahí que los actos que realizan las partes que intervinieron en dichos actos jurídicos son emitidos en un plano de igualdad, y como tal, el actuar del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe ser analizado partiendo de lo convenido en las cláusulas del contrato, es decir, si dicho descuento se encuentra permitido, y en su caso, si expresamente fue pactado por las partes, por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de derechos fundamentales; sino que debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes. Consideraciones que se apoyan en lo dispuesto en el artículo 53 de la propia Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que establece que las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado en su caso el recurso establecido en el artículo 52, se tramitarán ante los tribunales competentes, ya que se tratan de facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos. Es aplicable, la tesis XX.2o.7 A, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro 186933, página 1230, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, Octava Época, registro 228533, página 394, de rubro y texto: "INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio en la ciudad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, comisiónese al Actuario Judicial de la adscripción para que notifique el presente proveído al quejoso ***, en la dirección ubicada en ***. De igual forma, le requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente con el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio ***, remitido por el Actuario Judicial adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del expediente varios *** de su índice, el cual contiene la literalidad del acuerdo de veintinueve de agosto de la presente anualidad, por el cual se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y remite el escrito signado por ****, que una vez analizado íntegramente, el Alto Tribunal concluyó que se trata de una demanda de amparo. Atento a lo anterior, por los motivos que se exponen en el proveído inserto en la misiva de cuenta, este Juzgado Federal, se avoca al conocimiento del presente asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo **** DESECHAMIENTO

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