Arturo Tonatiuh Uribe Chávez
Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2021
Partes del expediente
- Arturo Tonatiuh Uribe Chávez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada del presente asunto. En otro contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo que se deberá realizar en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Sin que pase inadvertido que en el ocurso que se provee no se haya señalado el número de juicio de amparo al que se encontraba dirigido; sin embargo, de los demás datos que ahí se contienen y de las constancias que integran los presentes autos, se desprende que corresponde al expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 264 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, cuyo rubro es el siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la Secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho; contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo Familiar en la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 746/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia, toda vez que corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Antecedentes relevantes. En ese sentido, importa señalar como antecedentes los que indicó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el apartado correspondiente: 1. El quejoso interpuso juicio de controversia del orden familiar de guarda y custodia respecto de su hijo menor, el cual está radicado en el Juzgado Cuadragésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, identificado con el expediente número *****. 2. Que se señaló el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de una plática de su menor hijo con el Juez familiar, y que en caso, de que no asistiera el quejoso con dicho menor, se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto de seis horas. 3. Que la plática referida no se llevó a cabo por motivos de salud de su menor hijo y su inasistencia fue debidamente justificada al juez familiar por lo que se señaló nueva fecha para tal diligencia. 4. Posteriormente, esa nueva audiencia fecha suspendida por temas de la contingencia sanitaria, fue señalada otra fecha para su celebración, esto es el treinta de noviembre de dos mil veinte, pero tampoco asistió, por lo que el treinta de noviembre siguiente, el juez familiar de mérito hizo efectivo la medida de apremio consistente en el arresto por seis horas en contra del quejoso, girando oficio al Secretario de Seguridad Ciudadana para dar cumplimiento a dicha medida. 5. Dicha determinación fue apelada por la parte quejosa, y la Sala civil revocó dicho proveído. 6. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno aproximadamente a las diez horas acudieron a su domicilio dos policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, manifestándole al papá del quejoso que traían una orden de arresto, y que toda vez que el quejoso no estaba en su domicilio, dichos elementos esperaron fuera de su casa por un lapso de tres horas. 7. El lunes veintiuno de junio siguiente, nuevamente fueron al domicilio del quejoso policías de seguridad pública, afirmando y mostrando la orden de arresto dirigida al justiciable, y como el quejoso no se encontraba le dejaron un número telefónico para que se comunicara con ellos y se entregara personalmente. 8. Por lo expuesto, la parte quejosa tiene el temor fundado de ser privado de su libertad, sin que existan elementos para causarle tal acto de molestia, pues considera que es inminente el arresto, pues ya traen consigo la orden respectiva y lo esperan en su domicilio. Precisiones de los actos reclamados. Ahora bien, la parte quejosa busca que a través del juicio de amparo se ejerza control de la constitucionalidad sobre los actos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA reclamo LA ILEGAL ORDEN DE ARRESTO dictada en mi contra. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA reclamo el cumplimiento y la eminente ejecución que se le prende dar a LA ORDEN DE ARRESTO en contra de mi libertad personal." Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Razones de la incompetencia. Este Juzgado concluye que el problema jurídico que se origina a partir de los actos reclamados es un problema de materia civil, y por ende carece de competencia legal por razón de materia para conocer y resolver del asunto que nos ocupa, por las consideraciones siguientes: En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, importante indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos que este Juzgador debe observar a fin de establecer la competencia por materia, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Asimismo, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la competencia por materia se establece en atención a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, sin considerar los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, ya que, de lo contrario, la competencia por materia se fijaría en razón de lo que aleguen las partes sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". En lo que concierne a la competencia de los Jueces Federales en Materia Administrativa y en Materia Civil, los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, establecen lo siguiente: Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 58. Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. De lo transcrito se destaca que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los actos dictados por autoridad judicial administrativa, por lo tanto, en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. De modo que, por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad de origen del acto reclamado. Por su parte, a los jueces de distrito de amparo en materia civil les compete conocer de los actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. En este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado lo que define la competencia. Ahora bien, expuesto lo anterior, cabe destacar que la parte quejosa reclama, en esencia, la orden de arresto por seis horas, acto que le atribuye, entre otras autoridades, al Juez Cuadragésimo Segundo Familiar en la Ciudad de México, en virtud de que dentro del juicio civil ***** de su índice, ordenó al Secretario de Seguridad Ciudadana ejecutara dicha medida cautelar. En ese contexto, debe decirse que los actos reclamados devienen de un juicio en materia civil en donde se decretó la medida de apremio en estudio, de lo que se colige que las leyes que sustentan dicho procedimiento pertenecen a la materia civil. Circunstancias por las que este órgano jurisdiccional no podría analizar el acto reclamado desde la óptica de un asunto meramente administrativo, sino que, para analizar su constitucionalidad se requiere verificar el cumplimiento de esas normas de carácter civil. Razonamientos por los que este Juzgador concluye que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 58, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, antes referido. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Debe precisarse que no ha lugar a proveer sobre la suspensión, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se les autoriza el uso de medios electrónicos, a las partes, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.
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