Arturo Solís Muñoz

Expediente 1072/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1072/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Arturo Solís Muñoz
  • Arturo Solís Muñoz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 1072/2019-III-B, promovido por ********, *****, *******, *******, *******y ********; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron ********, *********, ********, ******, *******y *********, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclaman de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de la Dirección General del Registro y Control Documental, del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de la nombrada autoridad: La omisión de la Delegación del Registro Agrario Nacional en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado el doce de marzo del año en curso, con folio 003773, en el que se promueve recurso de revisión en contra de la calificación registral negativa que le recayó a la solicitud de trámite 31170010066 y que debe resolver la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, pues así lo reconoció expresamente el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, residente en la Ciudad de México, al rendir el informe en representación de dicha dependencia. Y no obstante que en su correspondiente informe de ley la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta capital, negó la existencia de los actos reclamados, posteriormente realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Luego, la omisión de las autoridades responsables de tramitar y resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la calificación registral denegatoria de ocho de enero de dos mil dieciocho, vulnera su derecho a recibir justicia pronta tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se dan a continuación. Los artículos 83, 85, 86, y 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden interponer recurso de revisión, cuyo plazo para su interposición, será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. También establecen los requisitos que debe contener el escrito de interposición de recurso, y que la autoridad encargada de resolverlo, podrá desecharlo por improcedente o sobreseerlo, confirmar el acto impugnado, o bien declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Por otra parte, el artículo 2 de la referida Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que para lo no previsto en la propia ley, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. A su vez, el artículo 347 del citado código aplicado de manera supletoria, en virtud de que la indicada Ley Federal de Procedimiento Administrativo no contempla un término para el dictado de la sentencia relativa al recurso de revisión, dispone que ésta debe pronunciarse en un término de diez días. De ese modo, resulta palmaria la violación a los derechos contenidos en el artículo 17 de la Carta Magna, toda vez que de lo informado por las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados, se advierte que la parte quejosa desde el doce de marzo de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión en términos del artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional (fojas 12 a 22 de autos). Sin embargo, fue hasta el tres de septiembre de dos mil diecinueve, que la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, por conducto de su Encargada, remitió al Director General de Registro y Control Documental, el aludido recurso, el cual fue devuelto por la última autoridad señalada, en virtud de las inconsistencias advertidas (faltaba el acuse de recibo de la notificación de la calificación registral negativa que se impugnaba y el escrito relativo al recurso carecía de sello de recibido por dicha Delegación). Por tanto, es claro que ha sido rebasado en exceso el término de diez días a que se refiere el artículo 347 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para el dictado de la sentencia correspondiente. En ese tenor, al no encontrarse acreditado en autos que se haya dictado la resolución correlativa al recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, se concluye que el acto reclamado es violatorio del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional. Por lo que procede conceder a Arturo Solís Muñoz, Jorge Iván Espadas Espinosa, Roger Enrique Guevara González, Enrique Baranda Castilla, Gerardo Abraham Goff y Mauricio Montalvo Vales, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, de inmediato subsane las inconsistencias establecidas en el oficio número DNR/4687/2019, de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por la Directora de Normatividad Registral, y la remita al Director General de Registro y Control Documental. Asimismo, para que el Director General de Registro y Control Documental, una vez subsanada la inconsistencia de referencia, con plenitud de jurisdicción, proceda a resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la calificación registral negativa, dentro del término a que se refiere el artículo 347 del Código Federal de Procedimientos Civiles. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********, J**********, *******, **********, *******y **********, en contra del acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y Dirección General del Registro y Control Documental, del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese para que obre como corresponda, el informe justificado signado por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, compareciendo por la Dirección General de Registro y Control Documental de ese registro, con sede en Ciudad de México, mismo que se tuvo por rendido vía telegráfica mediante proveído de siete de octubre último. Ahora bien, por cuanto hace a las constancias remitidas por dicha autoridad en justificación al informe de mérito, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido y relaciónense en la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a los autos el diverso oficio 8549/2019, signado por el citado Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, mediante el cual solicita prórroga para rendir su informe justificado. Sin que al caso haya necesidad de emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el similar al que se hace referencia y se acordó lo conducente; asimismo, se tuvo por rendido el informe de mérito en el diverso proveído de siete de octubre último. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que del estado de autos se desprende que la autoridad responsable Dirección de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado vía telegráfica por conducto del Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, se manifestó en sentido afirmativo respecto al acto reclamado, sin embargo dada la vía de su remisión, aún no obran en estos autos las constancias a las que hace referencia como justificación a sus manifestaciones, ya que se encuentran en tránsito postal. En consecuencia, toda vez que dichas actuaciones se consideran necesarias para resolver adecuadamente en el presente asunto, por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS. Sin que al caso haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de la nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, esto de conformidad con lo proveído en auto de doce de agosto de dos mil diecinueve (foja 23). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido vía telegráfica por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, compareciendo por la Dirección General de Registro y Control Documental de ese registro, con sede en Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicita la autoridad en cita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los mencionados para tal fin en el informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.

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