Arturo Silva Duran
Expediente 454/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/07/2016
Partes del expediente
- Arturo Silva Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Arturo Silva Durán, a través del cual interpone recurso de revocación en contra de la determinación de nueve de junio de dos mil dieciséis y realiza diversas manifestaciones. Al respecto, infórmese atentamente al promovente que no se provee de conformidad su solicitud, pues la Ley de Amparo no prevé la revocación como medio de impugnación para las resoluciones emitidas en audiencia constitucional. Finalmente, tocante a las restantes manifestaciones que realiza, también se hace saber al ocursante que no son de tomarse en consideración, ya que por auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, este órgano de control constitucional declaró ejecutoria la sentencia emitida el nueve de junio de dos mil dieciséis; de ahí que no se está en condiciones de atender sus pretensiones.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia de nueve de junio de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto las medidas decretadas emitidas con motivo de la suspensión de plano decretada el siete de abril de dos mil dieciséis, por este juzgado federal, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Así, devuélvanse al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México los anexos que exhibió en presente juicio, de los cuales deberá acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. Conforme a lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) En términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado, aunado a que se concedió la medida cautelar de plano respecto a los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. f) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 454/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil dieciséis (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional, Arturo Silva Durán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III.- AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO RESPONSABLES A.- AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. B.-AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. C.-AL DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. D.- AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE SANTIAGUITO ALMOLOYA DE JUÁREZ. E.- AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. lV.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME, violan en mi perjuicio mis derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 133, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y la violación a lo establecido en el artículo 15 de la ley de AMPARO. SEGUNDO. Por auto de siete de abril de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional radicó el asunto con el número 454/2016, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, previno al impetrante y cumplida la obligación procesal en cuanto a la demanda de amparo, por auto de veinte de abril de dos mil dieciséis la admitió a trámite; solicitó los informes justificados, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, sin tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados debido a la suspensión decretada inicialmente; señaló hora y día para la audiencia constitucional. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y no señaló tercero interesado; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y, precisó que los actos reclamados son violatorios del artículo 1º, 14, 16, 17, 19, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso no cumplió con los requerimientos decretados por determinaciones de veintiocho de abril y nueve de mayo, de dos mil dieciséis, es decir, no manifestó su voluntad para ampliar la demanda de amparo respecto a las autoridades a que hizo referencia en sus escritos con folios internos 8654 -ocho mil seiscientos cincuenta y uno- y 9181 -nueve mil ciento ochenta y uno- (fojas 82 y 89). Luego, sustanciado en sus trámites el presente cuaderno, la audiencia constitucional, tras diferirse, tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos que afectan la libertad personal, cuya ejecución se llevará a cabo donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo contenido es ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son: -La incomunicación y privación ilegal de la libertad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Actos inexistentes. -El Director General Jurídico y Consultivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de México (folios 54 a 56). -El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (fojas 80 y 81). -El Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México (folio 86). -El Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México (fojas 95 y 96). -El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México (foja 59). -El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (folio 78). Dichas autoridades, al rendir su informe justificado, respectivamente, negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso. Aunado a lo anterior, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitió tres legajos de copias certificadas del expediente criminológico del quejoso, para acreditar la negativa de los actos que se le reclamaron. CUARTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. A partir de la consideración precedente, y en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene destacar que, concerniente a la negativa que hace la autoridad responsable, en relación a los actos reclamados, la mismas no quedó desvirtuadas por el quejoso ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó el informe rendido por la responsable, por lo tanto, es de establecerse que ésta surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante del amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por las autoridades responsables reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar la solicitante del amparo el informe correspondiente, entonces producen el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Aunado a ello, la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado, estuvo a cargo de la parte quejosa, es decir, existió la obligación por parte de ésta de aportar elementos de convicción fehacientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. Más aún, y dada la naturaleza del acto reclamado, su obligación no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior; lo cual, ninguna de esas hipótesis, en la especie no aconteció. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio, ya que del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados. La anterior determinación impide a este órgano jurisdiccional analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en el juicio se decretó. No pasa desapercibido que de las constancias remitidas por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México se advierte que el quejoso Arturo Silva Durán es la misma persona que Marcos Leal Barrera, información que se colige del Registro de Identificación administrativa de Arturo Silva Durán y Marcos Leal Barrera (anexo 2), y que dicha persona haya promovido diverso juicio de amparo, pues en aquél proceso constitucional (1053/2015, del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México), se dilucidó la privación de libertad de Marcos Leal Barrera, reclamada al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México (anexo 2). Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 454/2016, promovido por Arturo Silva Durán, por propio derecho, contra los actos consistentes en la incomunicación y privación ilegal de la libertad.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos se advierte que por auto de veintiocho de abril del año en curso (folio 29), este juzgado federal tuvo por rendido el informe justificado del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; por tanto, a esta fecha transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin que las partes tengan conocimiento del informe justificado en cita y constancias adjuntas; así, para no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, se fijan las diez horas con veinticinco minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis, para su verificativo.
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