Arturo Serrano Graña

Expediente 1260/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1260/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Arturo Serrano Graña

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo recibida vía electrónica al parecer promovida por ********************, quien se ostenta apoderado del quejoso Arturo Serrano Graña contra actos del 1. Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Regístrese con el número 1260/2023-VI. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, 6° y 15 de la Ley de Amparo. De esos preceptos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del dispositivo 5° de la Ley de Amparo. Pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Ahora, la demanda de amparo (recibida vía electrónica) carece de firma electrónica por parte del directo quejoso Arturo Serrano Graña. Es importante destacar que el precepto 15 del cuerpo legal en mención, indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos. Entre ellos, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda de amparo. Por su parte, el arábigo 6° de la Ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella o electrónica que obre en ella (si decide hacerlo en línea, como en el supuesto que nos ocupa). En el caso, el escrito de demanda no fue suscrito electrónicamente por el directo quejoso Arturo Serrano Graña ni por el promovente ******************** quien se ostenta apoderado legal. No se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 de la Ley reglamentaria para que otra persona la promueva en su nombre. En el contexto del escrito no se advierte esté privado de su libertad. Además que el acto reclamado lo atribuye, entre otra autoridad, a un juzgador, tratándose así de actos dentro de procedimiento. Por lo tanto, se tiene por no formulada la demanda. Como se dijo con antelación, la firma electrónica del directo quejoso (salvo las excepciones de ley) es un requisito indispensable para darle trámite. Sin firma equivale a un simple papel sin voluntad de la parte quejosa que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar actos procesales tendientes a darle curso legal. Tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Así como el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover con grave daño de la seguridad jurídica. Razón por la cual tampoco es procedente solicitar su ratificación. No debe perderse de vista, que acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que, en caso de que el quejoso y/o quien legalmente lo represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente ingresada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Así como el criterio jurisprudencial P./J. 11/2022 (11a.), con registro digital 2025488, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Undécima Época, Materia: Común, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 5, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal. Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia." Ésta decisión se toma sin mayor análisis de presupuestos procesales ni requisitos de la demanda. Ante la falta de voluntad, el escrito en su totalidad carece de eficacia en su contenido. Sin que sea ocioso mencionar se tiene como hecho notorio la demanda radicada bajo el número 1261/2023-I de este índice, es exactamente igual a la que aquí se provee. Misma que cumple con el requisito de la firma electrónicamente del promovente, motivo por el cual se admite en esta misma data. DOMICILIO. No obstante la ausencia del signo gráfico referido (firma), para mayor seguridad jurídica, notifíquese electrónicamente el presente proveído a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" en la página http://www.servicioenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ mediante el usuario "********************", señalado en el escrito de demanda. Para tal efecto: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona referida para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. Lo anterior, sin que obste señaló domicilio físico en Veracruz, Veracruz, donde oír y recibir notificaciones. Al haber precisado los datos para utilizar aquella vía de comunicación tecnológica, debe privilegiarse la misma en aras de la justicia pronta apoyada en el impulso actual para el uso de esta herramienta a fin de dar celeridad a los procesos, con todos los beneficios para la salud, medio ambiente, uso del tiempo, económicos y otros que ello conlleva. Sin dejar de mencionar que si quien pide el amparo no estuviera de acuerdo con esta decisión, basta que lo precise de esa manera para modificar el señalamiento de domicilio que aquí se hace, a fin de atender su petición, aún en detrimento de las ventajas ya mencionadas. AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación de cuenta se autoriza a ********************, en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa (por única ocasión) y personalmente al personal encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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