Arturo Sandoval Salgado
Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Arturo Sandoval Salgado
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 271/2021, promovido por ***, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, del Hospital General de Acapulco, residente en Acapulco de Juárez, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 271/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en lo que aquí interesa, que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica, entre otras cosas, en aquel juzgado en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Como se aprecia, del precepto aludido, para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos; y, en caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución, debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. En el caso, el acto reclamado para efectos de este juicio de amparo es: "(.) LA VIOLACIÓN A MIS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE HOSPITAL GENERAL DEL QUEMADO Y SUS DIRECTIVOS ENCARGADOS YA QUE ME PIDEN QUE REGRESE A LABORAL (SIC) AL HOSPITAL, LA CUAL ES UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS YA QUE EL QUEJOSO ESTÁ EN EL GRUPO DE VULNERABILIDAD EN LA TABLA DEL COVID-19 Y QUE NOS AMPARA EL DECRETO PRESIDENCIAL, DONDE POR SER ADULTOS MAYORES Y TENER ENFERMEDADES CRÓNICAS DEBEMOS ESTAR EN CUARENTENA HASTA QUE SE ACTIVE EL SEMAFORO VERDE YA QUE EL HOSPITAL ES UN HOSPITAL COVID-19. (.)" Ahora bien, de los hechos que narra el aquí quejoso en su escrito de demanda, se aprecia que el Departamento de Recursos Humanos lo está obligando a regresar a trabajar a su centro de trabajo en el Hospital General de Acapulco, Guerrero, el Quemado; así también, hace mención que el precitado departamento le hizo saber que si no se presentaba a trabajar se le iba a levantar un acta administrativa y suspender todas sus prerrogativas. Atento a lo anterior, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, de conformidad con lo previsto por el artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Así, el solicitante de la protección constitucional, como ya se dijo, reclama de las autoridades responsables la obligación de regresar a laborar a su centro de trabajo "Hospital General de Acapulco, Guerrero, el Quemado", pese a tratarse de una persona considerada como vulnerable para contraer el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De ahí que, al tener el acto reclamado un efecto positivo que debe tener ejecución en Acapulco, Guerrero, toda vez que ahí se ubica el centro de trabajo del promovente, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Resulta ilustrativa la tesis I.1º.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 189167, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa, I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 162635, titulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, que en lo que interesa dice: "Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. [...] ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIII al numeral TERCERO y la fracción XXXIV al numeral CUARTO del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] "Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que la turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, a consideración de quien resuelve no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano solicitada, atendiendo a que en el presente asunto no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ello se justifica, si se toma en consideración que los actos que señala el quejoso su naturaleza devienen de una relación laboral, tan es así que a su demanda inserta el comunicado de regreso de labores acorde a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, cuenta habida que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se le ha requerido desde el cinco de abril de dos mil veintiuno, para que se presentara el doce de ese mes y año en curso, de ahí que no se ubique en los supuestos para proveer la suspensión de plano. Por las razones que la sustentan se cita la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596, cuyo rubro establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo al promovente, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Miguel Arcos Vélez, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Alberto Mastache Bustamante y Monserrat Mastache Cristerna, por no contar con registro anterior. Asimismo, proporciona el número telefónico 74-44-49-36-80, así como el correo electrónico adolfimasx@gmail.com, a efecto de establecer el contacto respectivo para agilizar el procedimiento dada la contingencia sanitaria provocada por el virus COVID_19, de lo anterior este Juzgado de Distrito toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este asunto, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del citado Acuerdo General 21/2020. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista electrónica.
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