Arturo Sandoval Castro

Expediente 368/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
368/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Arturo Sandoval Castro
  • Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en siete de diciembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008 y 65/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/835/2018 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo administrativo número 368/2018, en la que concedió a Arturo Sandoval Castro, la protección constitucional para los siguientes efectos: ". procede conceder el amparo solicitado, "para el efecto de que el tribunal responsable deje "insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, dicte otro "en el que deberá: a) Subsanar la incongruencia y falta "de exhaustividad referidas, dando contestación frontal e "integral al referido concepto de impugnación vertido en "la demanda inicial de nulidad (tercero), de forma "fundada y motivada, en los términos en que le fueron "presentados. b) Hecho lo anterior, con libertad de "jurisdicción, resuelva la controversia que le fue "planteada, conforme a lo que en derecho proceda.". (foja 102). Para mayor claridad, enseguida se transcribe la parte del fallo constitucional en donde se alude a la falta de congruencia y exhaustividad que motivó la concesión del amparo: "En la especie, como lo destaca el quejoso, la "parte conducente de la sentencia reclamada, en la cual "se abordó el análisis de los conceptos de impugnación "identificados como tercero del escrito inicial, no fue "dictada de manera conforme con todo lo argumentado, "como enseguida se demostrará.- En efecto, en la "demanda de nulidad, la parte actora -aquí quejoso- "señaló como tercer concepto de nulidad lo siguiente: "El "procedimiento del que deriva la resolución que se "combate fue iniciado y culminado en contravención a lo "estipulado en el artículo 3, fracción III, de la Ley Federal "Procedimiento Administrativo, pues no cumplía con la "finalidad de interés público regulado por las normas en "que se concreta, persiguiendo fines distintos, porque la "autoridad de la Delegación de Tlaxcala de la "PROFECO, pretendía obligar al suscrito al cumplimiento "del convenio celebrado del 24 de mayo de 2017, y el "procedimiento por infracciones a la ley no es el "adecuado para hacer cumplir un convenio, lo idóneo era "promover la ejecución ante los tribunales competentes "en atención a lo establecido en el artículo 110 de la Ley "Federal de Protección al Consumidor.- Luego entonces, "como los empleados de la delegación pretendieron el "cumplimiento del convenio, estaban facultados para "requerir su cumplimiento y aplicar las medidas de "apremio hasta lograrlo, pero no estaban facultados para "iniciar, tramitar y culminar el procedimiento por "infracciones a la ley, para pretender el cumplimiento del "convenio, por tanto debía declararse la nulidad del "procedimiento y la resolución que se combate, al no "cumplir con la finalidad de interés público regulado por "las normas en que se concreta, persiguiendo fines "distintos (foja 6 del expediente de nulidad).". No "obstante lo anterior, la Sala responsable no se "pronunció respecto de dichos argumentos al momento "de resolver, pues en la sentencia reclamada únicamente "señaló -en lo conducente- lo siguiente: (.).- La anterior "reseña pone de manifiesto lo fundado de los conceptos "de violación hechos valer.- Se afirma lo anterior, toda "vez que de ello se aprecia que, la autoridad responsable "no emitió una respuesta directa, fundada y motivada "respecto de la totalidad de los planteamientos "contenidos en el tercer concepto de nulidad (foja 6 del "expediente de nulidad), concretándose a sintetizar y "contestar diversa parte de los razonamientos que le "fueron sometidos a su potestad; como lo fue la cuantía "de la multa impuesta, fundamentación y motivación de "la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil "diecisiete y la inconstitucionalidad planteada por la parte "actora en el juicio de nulidad por lo que evidentemente "se traduce en una manifiesta violación a lo señalado por "los aludidos principios, en tanto se dejó de atender a la "litis en su integridad.- Por consiguiente, ante las "deficiencias antes apuntadas, resulta incuestionable que "aconteció una clara infracción a los principios de "congruencia y exhaustividad que deben caracterizar a "toda resolución jurisdiccional, transgrediendo así lo "dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de "Procedimiento Contencioso Administrativo, y en "consecuencia, las prerrogativas fundamentales "consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución "Federal.". (fojas 99 y 101). Este órgano colegiado, por auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el oficio 42/2019, de cuatro anterior, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 368/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 420/17-28-01-4; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento al fallo constitucional e informara del mismo (foja 146). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 194); siendo que a la primera de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 198). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la sentencia reclamada de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 152). El seis de febrero siguiente, pronunció otro fallo en el que: 1. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, de manera fundada y motivada, dio contestación al tercer concepto de impugnación que planteó la actora en la demanda de nulidad (foja 168 y vuelta), para lo cual consideró lo siguiente: a) Contra lo que sostiene el enjuiciante, el Jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Tlaxcala, de la Procuraduría Federal del Consumidor, está facultado para substanciar y resolver los procedimientos por transgresiones a la ley de la materia, así como a imponer medidas de apremio y aplicar las sanciones que correspondan (foja 169). b) Deviene infundado el argumento relativo a que la sanción controvertida tuvo por objeto constreñir al actor al cumplimiento de un contrato, sin que en el procedimiento sancionador se acreditara una finalidad de interés público. Lo anterior, ya que la multa impuesta al accionante, deviene como resultado de una infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual conforme a su artículo 1° tiene como objetivo promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores (foja 169 vuelta). c) Si bien la demandada podía iniciar el procedimiento relativo e imponer a la parte actora la sanción económica correspondiente; sin embargo al decretar la multa impugnada aquélla incurrió en una indebida fundamentación y motivación (foja 169 vuelta y 189 vuelta). Ello, toda vez que para imponer dicha punición, la autoridad del ramo se sustentó en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual no resulta aplicable, pues el mismo regula únicamente las obligaciones que el proveedor debe cumplir con los consumidores, derivadas de las condiciones en que se conviene la entrega de un bien o servicio, esto es, convenios celebrados sin la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (foja 181). De ahí que, al pretenderse imponer al proveedor una multa por incumplimiento de un acto jurídico que las partes realizaron ante la citada procuraduría, es inconcuso que la enjuiciada debió fundamentar su actuación en términos del numeral 110 del citado ordenamiento legal, el cual dispone que ese tipo de convenios tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución, lo que podrá promoverse ente los tribunales competentes en la vía de apremio o como juicio ejecutivo (fojas 169 vuelta, 181 y 190 vuelta). 2. En virtud de lo anterior, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y estimó innecesario el estudio de los restantes conceptos de impugnación, pues estimó que su análisis no generaría mayor beneficio al actor. II. En otro orden de ideas, aun cuando la parte quejosa Arturo Sandoval Castro, por conducto de su autorizado Salvador Cortés Carcaño, por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero de dos mil diecinueve (foja 197), realizó manifestaciones; lo cierto es que de la lectura de éstas se advierte que el impetrante adujo estar conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo constitucional, por lo que resulta innecesario realizar pronunciamiento alguno al respecto. Para mejor claridad de lo expuesto, se inserta la imagen respectiva: De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese para los efectos legales procedentes, el acuse de recibo correspondiente al oficio 1330/2019 dirigido al Jefe de Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, Resolutor del Departamento de Servicios de la Delegación Tlaxcala, por conducto de la Unidad Jurídica encargada de su defensa, mediante el cual se notificó el auto de trece de febrero anterior. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante el citado proveído de trece de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre anterior, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que a la fecha en que se actúa, la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano del Estado de Tlaxcala, no ha remitido el acuse de recibo correspondiente al oficio 1330/2019 dirigido al Jefe de Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, Resolutor del Departamento de Servicios de la Delegación Tlaxcala, por conducto de la Unidad Jurídica encargada de su defensa, mediante el cual se notifica el proveído trece de febrero anterior, que fue depositados ante aquélla mediante factura de la misma fecha, recibida el catorce posterior, tal como se desprende del sello respectivo, correspondiéndole el número de pieza postal MA098796728MX. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la citada administración, para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal el acuse de recibo relativo a dicho oficio, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, debiendo enviársele copia simple de la factura de referencia, apercibida que de no ser así, se hará uso de los medios de apremio que establece la ley.

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