Arturo Sánchez López
Expediente 476/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Arturo Sánchez López
- Juez Segundo de lo Familiar, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 476/2017, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 15 a 17), se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, y mediante interlocutoria de once de enero de dos mil dieciocho (fojas 67 a 69), por una parte se negó y por otra concedió la suspensión definitiva, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en este expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservarán el auto y la resolución de dieciocho y veintiocho de abril de dos mil dieciséis, que concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que las partes no se inconformaron en contra del proveído dictado el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 213 a 215), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración. En el entendido, que deberán conservarse la demanda y sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo.
- Principal
Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 20), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el quejoso Arturo Sánchez López, mediante diligencia secretarial de diez de diciembre del año en curso (foja 17), ratificó el escrito presentado ante este Juzgado el tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 11) mediante el cual externó su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda que dio origen a la tramitación de este juicio de amparo; en consecuencia, se tiene al aludido quejoso ratificando el escrito antes citado, y por consiguiente, por desistido en su perjuicio de este juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J/119/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV (Agosto de 2006), consultable en la página 295, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada:. Ahora, los artículos 6 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen:. De la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se concluye que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia que el particular, a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la misma Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, o en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la(s) persona(s) que encabeza(n) el escrito. Así las cosas, si de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede seguirse por la parte agraviada, por su representante legal o su apoderado; y en el presente caso, por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, ratificado en diligencia de diez del citado mes, ante esta Secretaría el quejoso Arturo Sánchez López, manifestó que ratificaba su escrito de desistimiento de tres de diciembre de dos mil dieciocho; por lo anterior, es lógico que así conviene a sus intereses, pues expresamente manifestó su voluntad de no continuar con la substanciación de este juicio de amparo, de ahí que ya no exista instancia de parte agraviada, ante la falta de voluntad de la persona que aparece como quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. En ese tenor, al existir ratificación expresa de la voluntad de la parte quejosa, de la no prosecución de la tramitación de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 6º y 107 fracción I de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización del tenor literal siguiente:. Asimismo, en lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI (Abril 2000), visible a fojas 147, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:. Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
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